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Huenchumilla, Burgos y la deuda histórica como política de estado

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En medio de las protestas de dueños de camiones forestales viajando en caravana a Santiago para demandar mayores medidas de seguridad a causa de la quema de algunas de sus máquinas, y de las cuales acusan como autores a comuneros mapuche (a pesar de existir antecedentes judiciales respecto de la comisión de auto atentados y montajes llevados a cabo por agentes infiltrados para perjudicar la causa reivindicatoria), la solicitud de renuncia por parte del gobierno al Intendente de la Araucanía -Francisco Huenchumilla- adquirió en estos días una relevancia distinta a la de otras remociones de primeras autoridades regionales.


Por todo ello, sería muy bueno que como país nos pusiéramos al día con nuestras cuentas pendientes, en vez de seguir apostando a la postergación de aquellos compromisos que no pueden seguir siendo eludidos y que generan luego, como única respuesta, la aplicación facilista de la lógica represiva.

Lo distintivo tiene que ver con que la salida del cargo de la autoridad se produjo luego de haber entregado un documento de 47 páginas al ministro del Interior, Jorge Burgos, titulado “Propuesta al gobierno respecto de la situación de la región de la Araucanía”, en el cual indica diversas medidas tendientes a poder abordar la complejidad del problema más allá de la tradicional lógica represiva con que ha actuado el estado chileno desde que en 1861 el general de Ejército Cornelio Saavedra encabezara lo que la historia oficial denomina la “Pacificación de la Araucanía”, y que no fue sino la ocupación militar para la usurpación a la fuerza de territorio mapuche con fines expansionistas.

Entre las ideas planteadas en el escrito por el ex Intendente Huenchumilla figuran la necesidad de incorporar, dentro de la discusión constituyente a iniciarse en septiembre próximo, el reconocimiento de Chile como un estado plurinacional dentro del cual el pueblo mapuche, como etnia originaria, pueda tener derecho a su autodeterminación. Asimismo, el establecimiento de una Comisión de Verdad Histórica, la promulgación de una Ley de Reparación a las Víctimas y el retiro de las empresas forestales del territorio mapuche, cuyo impacto en términos de empobrecimiento de las comunidades indígenas resulta determinante. Propuestas que dentro de un contexto reformista representan cambios también estructurales en la forma de concebir las soluciones para el problema, apuntando a aspectos más de fondo en lugar de seguir perpetuando las condiciones que han impedido avances reales en dirección a poder superar alguna vez el conflicto.

Sin embargo, la respuesta entregada por el Ejecutivo demuestra una vez más la forma que ha seguido el estado para enfrentarse a este tipo de situaciones, a través de una política permanente hacia el pueblo mapuche que, al igual que sucede respecto de las aspiraciones marítimas bolivianas, permanezca sin variaciones de gobierno en gobierno. En este sentido, lo de Burgos como ministro del Interior no dista mucho en su esencia con lo realizado durante la administración Piñera por Rodrigo Hinzpeter en sus esfuerzos por lograr validar la aplicación de la Ley Antiterrorista contra esta etnia; así como existe similitud también con el enfoque llevado a cabo por Pérez-Yoma como titular de la misma cartera durante el primer gobierno de Bachelet, cuando solicitó al FBI investigar posibles nexos “terroristas” entre la causa mapuche y las Farc colombianas, obteniendo respuesta negativa al respecto por parte de la oficina federal norteamericana. La lógica, la visión, ha sido siempre la misma. Los resultados obtenidos durante años, en consecuencia, también han sido los mismos.

El ministro Burgos ha señalado que ni él ni este gobierno están disponibles para alternativas no convencionales de solución. Así ya lo ha dejado en claro al ser consultado por la opción de una Asamblea Constituyente. No está disponible, en otras palabras, para nada que no tenga que ver con seguir en la misma línea mantenida hasta ahora. No existe disposición ni voluntad política para intentar cambiar los énfasis en pos de evitar la repetición de los fracasos en esta materia. Se prefiere entonces seguir en la misma senda mediante la cual el estado, a través de sucesivos gobiernos, ha evitado hacerse cargo del problema dada su complejidad, haciéndolo así cada vez más difícil de superar. Paradojalmente, y desde las esferas del discurso políticamente correcto, distintas administraciones reconocen una deuda histórica para con la demanda reivindicatoria mapuche; sin embargo, la mantención de respuestas y soluciones insuficientes y que no están dispuestas a ir al fondo del problema hacen de esta deuda algo cada vez más histórico, sumando cada vez más y más años a la situación de estancamiento del mismo. En cambio, sí existe disponibilidad para seguir haciendo las cosas tal y como hasta ahora se han hecho, a pesar de que esa tradicional y gastada receta tenga a la actividad política donde la tiene.

Las propuestas de Huenchumilla generan incomodidad al gobierno, porque son estructurales. Porque emplazan una respuesta a la altura de las circunstancias históricas que vivimos como sociedad. Y Burgos, quien arribó al gabinete precisamente para cumplir, como buen concertacionista de la vieja guardia, un rol más conservador ante estos ímpetus reformistas, se molesta ante este exabrupto respecto de las atribuciones del ex representante regional de la presidenta Bachelet. “Una vez más el estado chileno no entiende el conflicto mapuche”, alega Huenchumilla, y suena razonable. Una vez más, la clase política no es capaz de entender -o prefiere no hacerlo- los conflictos sociales y la forma responsable, inteligente y con sentido de futuro a la hora de abordarlos. En vez de eso, el estado chileno ha llevado a cabo una política de irrespeto y perjuicio evidente para con las poblaciones nativas, no sólo la mapuche. Ejemplos hay varios y en distintos niveles, desde el genocidio que exterminó de la faz de la Tierra a los selk’nam hasta la no consulta a los pueblos originarios de Aysén, tal y como lo establece el Convenio 169 de la OIT, respecto de la concesión para la instalación de centros de cultivo de salmón.

Por todo ello, sería muy bueno que como país nos pusiéramos al día con nuestras cuentas pendientes, en vez de seguir apostando a la postergación de aquellos compromisos que no pueden seguir siendo eludidos y que generan luego, como única respuesta, la aplicación facilista de la lógica represiva. No es así como se deben arreglar las cosas.

TAGS: #PolíticasPúblicas #SociedadChilena Mapuches

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