En un sugerente artículo sobre la aprobación del megaproyecto HidroAysén, José Aylwin se refirió a la necesidad de sustituir la actual Constitución por una de carácter democrático, tanto en su generación (Asamblea Constituyente) como en sus contenidos (Estado Social y Plural de Derecho). La propuesta no es casual ni antojadiza. La tensión social y política desatada con la aprobación de HidroAysén refleja en toda su densidad, el carácter antidemocrático de la Constitución chilena. Veamos.
Los principales dardos del progresismo chileno (aunque no los únicos, como evidencia Aylwin en su columna), parecieran apuntar a que el problema es que en general la institucionalidad ambiental no se respeta, porque los políticos presionan a los técnicos en determinada dirección o no acatan sus recomendaciones. Pero analicemos el asunto como si la institucionalidad sí funcionara.
Los técnicos deberían entregarnos un análisis detallado de los posibles impactos ambientales, socioculturales y económicos de determinado proyecto de inversión. Así, por ejemplo, deberían advertirnos que tal proyecto implicará la desaparición de tales o cuales especies, cuya importancia en el ecosistema es tal y que se afectará de tal o cual manera la forma de vida de estos o aquellos grupos humanos. Además, deberían verificar si el proyecto cumple con la norma de emisión X, o con la norma de concentración Z.
Si los técnicos hicieran su trabajo, luego vendría el turno de los políticos, quienes deberían tomar una decisión tomando en cuenta los impactos señalados por aquellos. ¿Debemos autorizar o no este proyecto? ¿Es consecuente con la forma de desarrollo que hemos acordado como país? ¿Es sustentable? ¿Contribuye al buen vivir de los habitantes de la República? Se trata de preguntas políticas, que, como tales, requieren siempre de respuestas políticas y no técnicas. Por ello, el llamado hecho desde el gobierno a no politizar los temas y que, dejando a los técnicos trabajar, se tomará la mejor decisión, no es más que una mera ilusión. Sin entrar en el problema de que las respuestas de los expertos suelen ser muy variadas, y hasta contrapuestas, podemos sostener que despolitizar las decisiones de inversión no es otra cosa que esconder los intereses de los poderes fácticos detrás de la cortina de la tecnocracia.
Si la decisión siempre será política, lo más sano es transparentar quienes ejercerán el poder político. En nuestro caso, el Consejo de Ministros, o sea, el Presidente de la República. Y aquí es donde entra en juego la reflexión constitucional. En Chile, a diferencia que en el resto del continente, la soberanía no radica en el pueblo. La Constitución de Lagos (¿o de Pinochet?) establece que la soberanía reside en la nación, entelequia diseñada para contener la soberanía popular. Y no sólo eso, la Carta Magna nos enseña cómo se ejerce la soberanía: “a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece”. Así las cosas esta Constitución solo invita a que el pueblo participe en la periódica e inocua fiesta (electoral) de la democracia (pues en la práctica, no permite el plebiscito) y, en un giro de audacia antidemocrática, otorga el ejercicio de la soberanía a las autoridades. De aquí arranca el problema: desde un sillón santiaguino, legitimado por la siempre valiosa formalidad electoral, se define en última instancia, la forma de vida de todos y todas los que habitamos el país, sin un verdadero proceso de deliberación democrática. Es eso, lo que en definitiva no calza con las expectativas de democracia, participación y gobernanza de los pueblos de Chile. Expectativas que, desde la irrupción de los adolescentes en 2006, comienzan a tomar cuerpo para ponerle fin a la concepción del poder excluyente y anti popular que nos impusieron como sucedáneo de pacto social.
El desafío constituyente pasa por imaginar mecanismos para congeniar la gobernanza de los territorios con el interés general de los que habitamos la República. Partiendo de la abstracta y fundamental soberanía popular, debemos ser capaces de imaginar una institucionalidad de los pueblos, constituida desde los territorios, abierta al diálogo y diseñada para alcanzar consensos interculturales respetuosos de nuestra diversidad, que es nuestra principal riqueza. En su expresión ambiental, la nueva institucionalidad, contará con técnicos y sus pronósticos, y con variados mecanismos de participación, diálogo y expresión de la voluntad soberana; por su parte, el Consejo de Ministros será sólo un vago recuerdo de una mala época, donde la decisión presidencial sustituía a la soberanía de los pueblos.
(*) Matías Meza-Lopehandía es abogado egresado de la Universidad de Chile
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