Una institucionalidad política efectivamente democrática debiera tener, como premisa fundamental, el ser capaz de dar cauce, mediante sus procedimientos e instancias de decisión y poder, a las opiniones y opciones de la ciudadanía, a los cambios y transformaciones sociales, culturales y económicas, a las reformas de ella misma que sean necesarias para que sea valorada y apropiada por el conjunto del pueblo al que rige. Si no hace nada de eso, sino todo lo contrario, esto es, obstaculizar y taponear todo tipo de actualización o reforma de sus normas, cerrar y cercar las posiciones divergentes a las de quienes la instauraron, generar legalidades poco legítimas para perpetuar el sentido político con el que se le dio origen, entonces, tal ordenamiento institucional tiene un carácter democrático bastante discutible, por mucho que haya recambio de autoridades vía elecciones.
Si a eso le agregamos el que esa institucionalidad fue instaurada tras un golpe militar, por una dictadura que tuvo 17 años para generar un sistemático armado de normas e instituciones que funcionan a modo de “jaula de hierro”, que implementaron un modelo social y económico de orden neoliberal y ultracapitalista sin posibilidad alguna de disenso u oposición, entonces un juicio sensato sobre ella pondría a ese orden político como no democrático. Es la convicción que viene creciendo y madurando en nuestro país.
La decisión de aprobar el megaproyecto hidroeléctrico HidroAysén ha puesto nuevamente a nuestros gobernantes en la posición de defender el “que las instituciones funcionen”. Esta vez es la coalición derechista la que, citando la frase que el Presidente “socialista” Ricardo Lagos, insiste en solicitar nuestra adhesión y lealtad hacia un orden político que cuenta con cada vez menos adhesión. Intentan presentar la decisión en una supuesta “neutralidad técnica” que ya nadie cree, y en funcionarios regionales menores que cumplen la doble tarea de ser fusibles descartables y correas de transmisión de las decisiones del Gobierno centralista (Hinzpeter mismo les bajó la línea públicamente a pocas horas de la votación). En su mayor desesperación, apuntan a la campaña del miedo (“represa o apagón”), descargan contra la Concertación (“ellos hicieron lo mismo o más”), e incluso reconocen abiertamente su vocación antidemocrática (“a veces hay decisiones –contramayoritarias- difíciles que tomar”). Y es que no lo tienen fácil.
Debido a la altísima abstención electoral de las nuevas generaciones post-´88, la derecha actualmente gobernante fue electa con el voto de un 30% de los ciudadanos, y en un esquema institucional, político-partidista, y mediático, fuertemente favorable a ella, pero que aún así no logra transformar en adhesión activa y menos aún militante. Su reciente triunfo electoral se debe más la crisis y caída del proyecto concertacionista y su adhesión entre la ciudadanía que a logros propios. He ahí la contradicción central que cruza a su gobierno y la elite que ha desembarcado en La Moneda el último año y tanto: llega para intentar darle una salida histórica al decaimiento progresivo de la legitimidad de un orden político-institucional que ella misma dio origen, y del cual nunca ha dejado de ser parte protagonista, ya sea como actor excluyente durante la dictadura, o como co-gobernante y poder fáctico durante las presidencias de la Concertación. Los más lúcidos avisan con preocupación: el perfil gerencial y empresarial de la elite piñerista, el relato de la “nueva forma de gobernar”, son totalmente incapaces de hacer que el curso histórico que atraviesa hoy Chile se transforme en una estabilidad del modelo (bajo conducción derechista) por mucho tiempo más. Sin embargo, con cierta fatalidad, la actual conducción gubernamental mantiene el curso en todo lo fundamental: profundiza el nepotismo y la corrupción estatal y privada, el enlazamiento de intereses y favores con el alto empresariado nacional y multinacional, y un modelo económico basado en la extracción intensiva de recursos de nuestro territorio, a niveles de saqueo ambiental y bajo condiciones de precariedad y explotación laboral y humana difíciles de sostener en el tiempo.
Es la acumulación día a día de descontentos cotidianos e insatisfacciones ante “los políticos” y las instituciones en general, por una parte, y de formas de organización y politización de nuevo tipo que vienen madurando lenta pero progresivamente, lo que viene empujando un proceso político en curso sin un devenir claro y evidente aún. Es el trasfondo común de la revuelta estudiantil del 2006, de la movilización regionalista de Magallanes de principios de este año, o de fenómenos más procesuales, dispersos y periódicos, como las movilizaciones estudiantiles de todos los años, la emergencia de un nuevo sindicalismo, o los conflictos de localidades contra proyectos contaminantes en sus territorios. Es, también, la crisis de legitimidad y eficacia institucional puesta en evidencia con el terremoto del año pasado y una aproblemada reconstrucción que seguramente seguirá siendo un foco de conflictividad y politización en las regiones más afectadas.
La respuesta pasiva o acomodaticia instalada a comienzos de los 90´s en la mayor parte de la ciudadanía, reflejada en una sorprendente capacidad de abnegación, aguante y resistencia individual ante las dificultades y precariedades de la vida en una sociedad a la neoliberal, y por tanto, un retraimiento hacia la vida privada y un abandono de la política establecida, va poco a poco inclinándose hacia formas más activas y políticamente relevantes de rechazo y descontento. Los conflictos puntuales, por muy localizados que estén (territorial o sectorialmente), derivan cada vez más fácilmente en demandas generales y articulaciones sociales de amplitud creciente. La vocería o visibilización pública de las demandas ya no depende de personajes o referentes políticos de los acostumbrados en la política de la transición pactada, sino que se abren paso nuevas organizaciones, dirigencias y militancias por fuera del esquema binominal y de una vocación y masividad que supera a las que fueron conocidas como “alternativas extraparlamentarias”. La muy mayoritaria desafección por los partidos y las coaliciones constituidas (la mayor de la región según varios estudios) viene teniendo cada vez más expresiones políticas y también electorales, sólo obstaculizadas y retardadas por una férrea y muy bien pensada excluyente legislación político-electoral.
Por otra parte, el escenario político continental ha ido mostrando la caída de los “consensos neoliberales”. En distintas variantes han ido dando paso a nuevas coaliciones políticas y movimientos sociales que llegan a constituirse en mayorías y gobiernos populares, progresistas, de izquierdas. El auge de las redes y formas más movedizas y movimientales de organización social articulan de manera más efectiva y plural a las disidencias al modelo, y la demanda por una real apertura y democratización política apunta en cada vez mayores sectores y movilizaciones a la irreversible necesidad de un proceso constituyente democrático y participativo. Un proyecto que decante en una nueva Constitución construida sobre nuevas bases y principios, por fuera y contra el supuesto “consenso neoliberal” con que se vanaglorian las elites incluso hasta hoy. Así es como en las protestas contra HidroAysén, con presencia mayoritariamente juvenil, y en muchas otras más, uno de los gritos que más resuenan es el “el que no salta es Pinochet”, pero también el ya clásico y de innumerables variantes “Concertación, vergüenza nacional…”. La oposición a las centrales termoeléctricas y otros proyectos contaminantes, o el mismo HidroAysén, lejos ya están del ecologismo light y apolítico al que intenta caricaturizar el Gobierno y tantas veces la prensa oligopólica: apuntan al núcleo del modelo de desarrollo, a las bases de la institucionalidad vigente, a la carencia de democracia y participación. La elite económica y política se toma la cabeza: “se oponen a todo, y eso que sólo con Bachelet se aprobaron 42 termoeléctricas”. Apuntan mal.
El amplio y muy mayoritario rechazo social al proyecto de HidroAysén marcará otro hito en la maduración y avance del proceso aquí esbozado. Tanto por la magnitud de éste, como por que toca todos los puntos claves del entramado de poder político y económico construido en las últimas décadas en nuestro país, como por los aprendizajes que han ido adquiriendo los actores sociales y políticos que genuinamente participan de él. La oposición social a la línea de transmisión de más de 2.400 kilómetros augura un escenario de enorme complejidad para el Gobierno y los grandes grupos económicos que empujan el proyecto, y su próxima elaboración y tramitación ante la totalmente proempresarial institucionalidad ambiental representa una ocasión más de articulación y movilización ciudadana. Los descontentos siguen acumulándose y la represa antidemocrática será superada… mientras tanto, la transición a una democracia plena y apropiada por las mayorías, seguirá siendo tarea pendiente.
* Héctor Testa Ferreira, militante del Partido Progresista, PRO, miembro del Equipo Internacional del PRO, integrante de redes de la SurDA.
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