Gran Acuerdo Nacional: ¿para tapar o destapar?

El caso PENTA, reveló toda una trama urdida para financiar a un partido político, la UDI, heredera del pinochetismo duro por la vía de defraudar sin misericordia alguna al fisco. En medio de este caso estalla, más que en las manos del gobierno, en la cara misma de Michelle, el escándalo CAVAL que tiene como protagonistas a su hijo pródigo y la nuerísima. Después, como si de una telenovela se tratara, se revela que la empresa SQM, hacía lo mismo que PENTA, pero en un espíritu “más democrático”, distribuyendo sus aportes a diestra y siniestra.

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La clase política, la clase empresarial y el aparato estatal se encuentran atrapados en un dilema: alcanzar un acuerdo nacional para tapar todo esto, una suerte de amnistía, como astuta y sibilinamente propone Jovino; o un acuerdo nacional para destaparlo todo, hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Por salud, me inclino por esta última alternativa.

Es importante aclarar que los casos PENTA y SQM no tienen nada que ver con el caso CAVAL. PENTA y SQM constituyen un modelo de financiamiento privado ilegal de la política. Un modelo que deslegitima la democracia al convertirla en letra muerta, porque al final del día terminamos teniendo en el senado y la cámara de diputados a representantes de las empresas financistas antes que a representantes nuestros. Todo esto a pesar de que ya existe todo un sistema de financiamiento público y privado legal, este último por la vía de los gastos reservados. PENTA inclina la balanza, y explica que la UDI se haya podido convertir en el partido más grande de Chile. No es un misterio para nadie el chorro de plata que había tras sus candidatos, como lo prueba la cantidad de “palomas”, gigantografías y otros recursos que desplegaban en sus campañas sin arrugarse siquiera.

Todo este castillo fue construido a lo largo de estas décadas a partir de las oscuras privatizaciones de las empresas del Estado durante la dictadura del innombrable que enriquecieron a los actuales dueños de PENTA y SQM. Recordemos que ambas fueron empresas del Estado, la primera fue el Instituto de Seguros del Estado (ISE), en tanto que la segunda fue la Sociedad Química Minera (SOQUIMICH), compradas ambas a precio de huevo en tiempos del “capitalismo popular” por los fervientes y “desinteresados” partidarios del dictador.

Distinto es el caso CAVAL porque no apunta al financiamiento de la política, sino que a llenarse los bolsillos por parte de sus protagonistas, por la vía de la especulación con la compra-venta de terrenos sobre la base de información privilegiada, uso y abuso de influencias indebidas. Distinto también es porque involucra al hijo prodigo y la nuerísima de una presidenta cuyo mayor capital era la confianza que irradiaba. Confianza que se vino al suelo en un dos por tres a partir de este caso.

No obstante las diferencias en los distintos casos, los tres tienen algo en común: la corrupción. La clase política, la clase empresarial y el aparato estatal se encuentran atrapados en un dilema: alcanzar un acuerdo nacional para tapar todo esto, una suerte de amnistía, como astuta y sibilinamente propone Jovino; o un acuerdo nacional para destaparlo todo, hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Por salud, me inclino por esta última alternativa. Para sanarnos, tenemos que limpiar nuestras heridas, no basta con ocultarlas, haciéndonos los lesos. Quien debiera liderar este esfuerzo de sanación, si es que aspira a “resucitar” en estos tiempos de “resurrección”, es la propia Michelle.