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Desde México nos enteramos de una masacre ocurrida contra estudiantes, donde al día de hoy 17 de ellos fueron encontrados sepultados en fosas y otros 26 todavía se encuentran desaparecidos, en la ciudad de Iguala. Las investigaciones indican que la policía y el crimen organizado fueron los encargados del secuestro y asesinato de estos jóvenes. También desde Venezuela supimos sobre la muerte del diputado joven Robert Serra, perteneciente al Chavismo y, además, representante con menor edad en la Cámara, elegido a los 23 años de edad.
Quizás en Chile no vemos a carteles de narcotraficantes unidos con la policía, pero sí podemos ver uniones entre grandes empresas y políticos, que en cierta medida resultan ser igual de violentos en sus negociaciones político-empresarias.
En Chile tenemos cinco diputados jóvenes, aunque también muchos participantes dentro del ámbito de las organizaciones juveniles. Afortunadamente no existen matanzas ni individuales ni masivas de participantes políticos. Tenemos una ley antiterrorista que debe ser modificada, una policía de reacción que provoca violencia y genera violencia (avalado por organizaciones de derechos humanos) como puede ser observado por los últimos hechos ocurridos en la Universidad ARCIS, donde alumnos fueron baleados con perdigones al interior de esta.
Quizás la violencia física en nuestro país no resulta de la magnitud que ocurre en los países mencionados (sólo menciono los últimos acontecimientos, pero la realidad violenta también se esparce por otros países del continente), pero aun así resulta preocupante.
Quizás en Chile no vemos a carteles de narcotraficantes unidos con la policía, pero sí podemos ver uniones entre grandes empresas y políticos, que en cierta medida resultan ser igual de violentos en sus negociaciones político-empresarias. Es así como el denominado caso Penta-Gate nos hace dudar sobre la representación real que ejercen estas autoridades en el Congreso. Nos hace dudar respecto a la libre competencia y el manejo de la información clasificada.
En un país donde ya es difícil realizar política debido a la apatía demostrada por la gente, aquellos jóvenes que sí buscamos realizar cambios, tenemos que lidiar con la suciedad esparcida por aquellos que recibieron aportes reservados de grandes empresas, sin tener siquiera cercanía con lo acontecido o nivel de injerencia en estos actos, lo que nos lleva a luchar contra espejismos, muchas veces solamente con mística y vocación, con tal de poder generar un trabajo que realmente mejore y ayude a los distintos grupos de la sociedad.
¿Debemos avanzar en la ley de transparencia y evitar los aportes reservados? ¿El Estado debe financiar las campañas políticas? Lo claro es que todavía quedan dos años antes de cualquier elección, tiempo que pareciera ser suficiente para clarificar las reglas del juego, con el fin de evitar que quienes dirijan la política de nuestro país sean sicarios pagados por «carteles» institucionalizados tras un escritorio y un maletín de cuero con unos cuantos fajos de billetes.
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Imagen: escritosenlacalle
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Alfredo A. Repetto Saieg
Ocurren estas situaciones porque los dirigentes de la derecha duopólica son parte de los grupos privilegiados, de quienes están por encima de la ley de manera que disfutan de toda la impunidad que les da el poder. Lo indignante es que no solo son bufones al servicio de la patronal sino que también forman parte de esa clase social que desde hace poco más de cuatro décadas viene usufructuando de nuestros derechos. Se hicieron con el control del país de manera ilegal, a través de un golpe de Estado que acabó convirtiéndose en el atentado terrorista más atroz e implacable que haya ocurrido contra nuestro pueblo, además robaron, asesinaron, hicieron desaparecer personas y sin embargo no les cayó encima el peso de la justicia.
De hecho, salvo el Mamo Contreras que tiene que volver a nacer varias veces para cumplir con sus condenas, la mayor parte de los genocidas fueron absueltos o castigados con penas irrisorias, a tres o cinco años, con prisión domiciliaria, etc. Sobre los «generales civiles» de la asonada golpista, al gran empresarado que fue instigador y pleno beneficiario de la tiranía me refiero, ni hablar: no solo gozan de la complicidad necesaria que les otroga la derecha para gobernar efectivamente desde las sombras sino que además se transformaron en los dueños de Chile. En esas circunstancias este escándalo (en el que están involucrados los altos directivos del Grupo Penta y dirigentes políticos de la UDI y demás) es el resultado natural de la forma autoritaria de nuestro régimen político.