El reciente informe del Banco Mundial sobre Recursos Hídricos, presentado por el Ministerio de Obras Públicas con bombos y platillos, hace un diagnóstico completo de la situación del recurso hídrico en Chile. Tema relevante ya que, solo en términos económicos, entre 2005 y 2008 se produjeron más de 20 mil transacciones de derechos de agua -sin involucrar ventas de tierras- por un monto de unos US$ 4.800 millones.
Personalmente, me siento en el Día de la Marmota. He revisado antecedentes de larga data que dan cuenta de buena parte de lo indicado por el informe del Banco Mundial. Sin embargo, aquí estamos, recibiendo otro informe más que termina por condensar lo que la autoridad y los especialistas en la materia ya conocen.
Tomemos por ejemplo el informe de la OECD, del año 2005, y veamos lo que dicen sobre el tema “Agua”: Primero, algunos problemas:
1. No existen objetivos de calidad de agua orientados a la conservación de los ecosistemas. Su supervisión e inspección está dispersa entre varios organismos.
2. Los subsidios al riego han contribuido a acrecentar los problemas de escasez de agua en la zona centro-norte.
3. La planificación urbana no se ha dado mucha atención al manejo de inundaciones, hay falta de colectores de aguas lluvias y recién se está tratando el concepto de manejo de cuencas hidrográficas.
Y ahora algunas recomendaciones:
1. Desarrollar un enfoque integrado de gestión de cuencas para mejorar el manejo de los recursos hídricos y forestales y para proporcionar servicios ambientales con más eficiencia.
2. Mejorar la integración de las consideraciones ambientales en el manejo del agua y mejorar la base de información y conocimientos sobre el manejo del agua (control de la calidad del agua del medio ambiente, registro de derechos de agua, datos sobre gasto y financiamiento, entre otros).
Vamos un poco más atrás, hasta el Taller Nacional Chile Hacia un Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, del año 2003. Algunos problemas:
1. Las competencias institucionales y aspectos de enlaces entre el Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y las Municipalidades, son complejos en el ámbito de los recursos hídricos, dada la diversidad y número de instituciones sectoriales que necesariamente intervienen en estos asuntos y los diferentes campos de intervención que atañen a cada institución.
2. La tarea de fiscalización y vigilancia de la calidad de las aguas se encuentra entregada a diversas instituciones, haciendo que esta función sea muy dispersa y carente de la intensidad necesaria. Asimismo, los recursos destinados a este objetivo no son suficientes para lograr una adecuada eficiencia y efectividad en una acción poco convergente y participativa.
Por lo cual se recomienda:
1. Fortalecer y coordinar la acción de los diferentes servicios vinculados al recurso hídrico, para mejorar la eficiencia y eficacia en la aplicación de las funciones otorgadas a cada uno de ellos, y el manejo integrado del recurso hídrico.
2. En lo que respecta a los sistemas de monitoreo, el gran desafío lo constituye la preservación y fortalecimiento de la actual red de monitoreo de la Dirección General de Aguas.
Pero actualicémonos y veamos algunas conclusiones de la Auditoría a la Estrategia Nacional de Gestión Integrada de Cuencas (ENGICH), del año 2009.
1. La gestión integrada de cuencas requiere, en el Chile de hoy, un cambio fundamental de paradigma, donde los usos productivos del agua se compatibilizan con usos ambientales y sociales.
2. Los anteproyectos de normas secundarias de calidad ambiental se han llevado a cabo de manera paralela a la implementación de la ENGICH, cuando esta debería constituir la instancia preeminente de coordinación en la generación de instrumentos de gestión ambiental.
3. Bajo el actual régimen de aguas la Autoridad no puede hacer demasiado para mejorar el uso del recurso, con miras de satisfacer el bien común, debido a que todo o gran parte está en manos del mercado. La Ley Número 20.017, buscó remediar de alguna manera el sistema. Sin embargo las medidas impuestas no alcanzan a resguardar el interés general de la Nación de conservación del recurso y de su uso sustentable. Resulta imperativo otorgarle al Estado atribuciones y potestades necesarias para velar de manera correcta el uso sustentable, compatibilizando el uso individual y el medio ambiente.
Podría seguir añadiendo ejemplos, catastros, análisis varios de nuestra situación en cuanto a la gestión de los recursos hídricos, la contaminación de las aguas, la sobre explotación en muchas cuencas del país, las pocas atribuciones de la autoridad, etcétera. Mi cuestionamiento es, ¿por qué se siguen encargando más y más estudios para diagnosticar a un muerto? Ya sabemos lo que ocurre, la cuestión hace tiempo es cómo lo resolvemos, especialmente si se le cree los pronósticos más negros sobre cambio climático, dado que ya estamos sobre explotando y escasea el recurso en zonas productivas claves.
En mi opinión personal, el marco legal actual muestra la existencia de filosofías contrapuestas que aún no son alineadas, lo cual se refleja en la duplicidad de funciones de los organismos competentes en materia ambiental y de aguas, pues en todos los casos se mezclan, en un mismo organismo de gobierno, la protección del recurso y el fomento productivo en base a la explotación de este. La falta de coherencia en el marco legal ha llevado a que los indicadores sean contradictorios entre sí, por ejemplo, al contraponer el desarrollo económico con el estado de los recursos naturales de una cuenca. El Estado resuelve dando prioridad al indicador de desarrollo económico por sobre al de sustentabilidad de dicho desarrollo, por ejemplo, en el caso HidroAysén.
Hay un estudio (“RULE – Reforming Water Governance” de la IUCN, Iza & Stein, 2009) que me gusta mucho, pues en un párrafo sintetiza el problema de Chile sobre esta falta de coherencia o esta indecisión “pública” que se puede resumir en la frase “queremos crecer, pero queremos hacerlo sustentablemente”. El párrafo dice lo siguiente:
“Crear la capacidad de gestión de los recursos hídricos es un proceso que depende del correcto y balanceado desarrollo que logre cada país en sus políticas, leyes e instituciones. Sin una política clara es difícil desarrollar un sistema de leyes coherente. A su vez, sin esta estructura legal coherente, las instituciones no saben cómo operar. Finalmente, sin una institucionalidad efectiva, la aplicación y cumplimiento de las leyes tenderá a ser laxo“
Nota Final: Digo indecisión “pública” porque en nuestro fuero interno sabemos que el crecimiento económico es lo que da más votos, o los votos más influyentes. O digamos mejor que da los votos mejor financiados. O digamos que, al menos, eso es lo que piensa el político medio. Ese que piensa que el “crecimiento económico” nos hará desarrollados, dará empleos, etc. ¿Huele a naftalina o es idea mía?
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Foto: Idea – Marlenekzio / Licencia CC
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