¿Están cómodos los parlamentarios con el binominal?

Desgraciadamente, son demasiadas las señales de que el mayor obstáculo para modificar el sistema electoral binominal, que rige en las elecciones parlamentarias, lo constituyen precisamente los actuales parlamentarios. Y parece no haber grandes diferencias entre quienes pertenecen a las fuerzas gobernantes y quienes pertenecen a las fuerzas opositoras.

Da la impresión de que tanto La Moneda como los partidos representados en el parlamento aceptan como un dato inamovible que los senadores y diputados no están dispuestos a cambiar el sistema binominal por un sistema proporcional, pues ello implicaría modificar  el mapa de distritos y circunscripciones, y además incorporar más aspirantes –y por ende, mayor incertidumbre-, a una competencia que prefieren mantener acotada en el marco de hierro de hoy.

Si esto es así, quiere decir que en Chile ya se configuró una casta que vela en primer lugar por sus propios intereses, a la cual no le inquieta el hecho de que un sistema en el que 61% de los votos vale lo mismo que 32% se mantenga indefinidamente, con el grave costo que ello representa para la legitimidad del régimen político.

Según informó La Tercera el domingo 5 de diciembre, el senador de la UDI Pablo Longueira prepara una propuesta de reforma que consiste en elegir a los actuales 120 diputados mediante el sistema binominal y agregar 30 nuevos que se elegirían mediante un sistema proporcional, con la salvedad de que estos últimos serían los candidatos perdedores del primer sistema que hubieran conseguido las más altas votaciones. En el Senado, propone elegir a los actuales 38 senadores a través del binominal, a los que se agregarían 6 nuevos en las regiones Metropolitana, V y VIII, también con el binominal, más otros 6 que se elegirían proporcionalmente. Propone también que el período de los diputados aumente de 4 a 5 años (con límite de 2 reelecciones en el mismo distrito) y el período de los senadores de 8 a 10 años, sin reelección. Además, aumentar de 4 a 5 años el período presidencial.

Como puede verse, la propuesta es un intento de maquillar el binominalismo, pero sin poner en discusión sus fundamentos. En realidad, no tiene sustento político ni constitucional proponer que los parlamentarios se elijan a través de dos sistemas. ¿Cuál es la lógica de ello? ¿Relativizar el valor del sufragio universal? ¿Temor de que la mayoría conseguida por la derecha en la elección pasada sea transitoria, lo que aconsejaría buscar resguardos?

Está claro que los parlamentarios no quieren correr riesgos y se oponen a que les desarmen “sus” distritos y circunscripciones, donde creen tener clientela segura. Es evidente que encuentran muy confortable el actual sistema.

¿Y la opinión de los ciudadanos no cuenta? ¿De quiénes son representantes los diputados y senadores? ¿Acaso ya se sienten dueños de los cargos que ocupan?

Este debate es un test para todas las fuerzas políticas en materia de adhesión consecuente a los principios de la democracia representativa. Es cierto que ningún sistema electoral es perfecto, pero el binominal es el peor de todos, porque distorsiona la voluntad de los electores y consagra una estafa respecto del valor real de su voto.

La degradación de los hábitos políticos no necesita demostración. Cada semana algunos parlamentarios se encargan de dar pruebas de ello. No son pocos los que hacen política con la calculadora en la mano, viendo qué les conviene hacer o decir para asegurar su reelección, o para pasar de la Cámara al Senado.

Lo que Chile necesita, como requisito para que los nuevos electores consideren que vale la pena votar, es establecer definitivamente un sistema proporcional, que asegure una mejor relación entre los votos obtenidos por una coalición y el número de cargos que elige. Ello crearía condiciones para una mayor competencia, lo que favorecería la renovación del personal. Como se sabe, algunos diputados iniciaron en marzo su sexto período consecutivo en el cargo. El cambio de sistema debería ayudar a oxigenar la política chilena.

Sería lamentable que la Concertación, que encabezó la transición democrática y el restablecimiento del Estado de Derecho, renunciara hoy a seguir batallando por un cambio que es crucial para perfeccionar el régimen democrático y elevar la calidad de la política. Sería penoso que sus diputados y senadores, por razones de conveniencia personal o partidaria, aprobaran un proyecto como el de Longueira, que en rigor constituye una operación cosmética para dejar las cosas más o menos como están. Si la Concertación se presta para ello, estará legitimando un sistema tramposo, que a todas luces erosiona las bases de la democracia que tanto costó recuperar.