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Estallido social en Chile: cronología de un diagnóstico errado

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El Presidente y el Gobierno siguen sin entender el problema de fondo y continúan con la política de la represión. ¿Realmente no visibilizan las causas del estallido social o simplemente no tienen la voluntad de cambiar el modelo vigente porque son ellos mismos quienes históricamente se han beneficiado de él?

La denominada “revolución de octubre” está en pleno desarrollo. A casi cinco meses del inicio de las protestas más grandes de Chile desde el retorno a la democracia, las autoridades políticas parecen no entender el trasfondo del descontento social y, como consecuencia, sus esfuerzos están concentrados en recuperar la paz social y restablecer el orden público en vez de comprender las causas de la movilización social.

El día 4 de octubre de 2019 se anunciaba el alza de $30 en el transporte público de Santiago, tras lo cual el costo del pasaje del Metro quedaba estipulado en $830 en el horario punta. La decisión del panel de expertos significó la organización de una gran cantidad de estudiantes secundarios que comenzaron a realizar evasiones masivas, las cuales se enfocaron principalmente en las estaciones del tren subterráneo. Con el pasar de los días comenzaron a sumarse más personas, rompiendo con la naturaleza estudiantil de dicha protesta y escalando a más segmentos de la población.

Como era de esperarse, las autoridades condenaron de inmediato las evasiones en el transporte público y comenzaron a tomarse una serie de medidas para atenuar la efervescencia social, incluidas la presentación de querellas para quienes resulten responsables por destrozos y daños. De esta forma, comenzaba un largo camino de diagnósticos errados: los tomadores de decisiones no eran capaces de visibilizar las causas detrás de las acciones que la población estaba tomando. No era una simple alza de $30. No era simplemente evadir por diversión, por pasatiempo. Existía –y existe- algo más profundo, más arraigado, más estructural, de la cual –sostengo- toda la clase política tiene una cuota de responsabilidad. Toda. Izquierda, centro y derecha.

Las evasiones continuaron a tal punto que –por ejemplo- el día jueves 17 de octubre, la estación de Metro Los Héroes (L2) estaba total y absolutamente repleta de Fuerzas Especiales. Tras una manifestación pacífica en el sector de boletería, un miembro de Fuerzas Especiales bota con su escudo a un adulto que no estaba haciendo nada, lo que desencadenó un enfrentamiento entre policías y manifestantes. Estaba ahí y fui testigo de todo lo que pasó.

Ya el día viernes 18 de octubre, la totalidad de la red del tren subterráneo cerró sus puertas, alrededor de las 17 horas, dejando a miles de santiaguinos sin posibilidades de retornar a sus hogares o movilizarse hacia sus destinos. Lo anterior no significó más que una molestia generalizada, en donde gran cantidad de personas se abocaron a las calles a expresar su descontento.

En la madrugada del día sábado, y con la antesala de protestas en casi todo el país, Piñera declara Estado de Excepción Constitucional y, específicamente, decreta el Estado de Emergencia. El Presidente no hizo una diferencia explícita entre manifestantes pacíficos y legítimos y determinados grupos que se dedicaron, por ejemplo, a saquear supermercados y farmacias. A raíz de lo anterior, Piñera mencionaba una frase de impacto nacional y de controversia internacional:

“Estamos en guerra, contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie”.

La declaración de Piñera es susceptible de análisis, en donde apreciamos que la confrontación entre manifestantes / Estado es de extrema violencia y, finalmente, saldrá victorioso el bando que posea más capacidad de dañar al otro. Advertimos, además, que el diagnóstico se basa en acción y reacción, con fuertes tintes de violencia y organización.

¿No será acaso que la gente está molesta por la pobreza, la desigualdad socioeconómica, las precariedades en salud y educación, las colusiones en supermercados y farmacias y los delitos de cuello y corbata, entre otros?

Es necesario destacar, además, que el origen de la mayoría de estos problemas responden al modelo social y económico implementado durante la dictadura cívico – miliar. Después de todo, Chile fue el laboratorio perfecto para el perverso experimento del neoliberalismo, el cual trajo como consecuencia el incremento de la pobreza y la intensificación de la desigualdad socioeconómica. Considerando lo anterior, no es casualidad que se desarrollara la crisis económica de los años 80’, la cual significó también la apertura a mayores protestas sociales y disidencia política que, después de una cuestionada transición pactada, diera como resultado el régimen político democrático que tenemos desde 1990.

Aquí me gustaría detenerme brevemente y mencionar que la Concertación de Partidos por la Democracia, que gobernó durante 20 años de forma ininterrumpida, se encargó de administrar y perpetuar el modelo impuesto en Dictadura, haciendo cambios menores sobre los pilares del modelo, pero no en los cimientos de éstos. Además, los altos quórums que se necesitan alcanzar para concretar determinadas reformas constitucionales, impedían cualquier reforma estructural. Como guinda de la torta, la derecha se opuso sistemáticamente a la aprobación de proyectos claves que pretendían avanzar en atenuar las desigualdades sociales. Ejemplos hay por montones: educación sexual, aborto, divorcio, gratuidad en la educación; entre muchos otros.

Las consecuencias del diagnóstico: violación de Derechos Humanos, “agenda social” y plebiscito para nueva Constitución

La represión de Fuerzas Especiales vista en octubre del año pasado fue extremadamente brutal. No obstante, sería sólo la antesala de una escalada de violencia desproporcionada. Durante el Estado de Emergencia, diversos videos, difundidos principalmente por redes sociales, mostraron abusos perpetrados por efectivos policiales y militares. Ligado a lo anterior, los canales de televisión fueron duramente criticados por exhibir de forma parcial la información, o simplemente no mostrarla.

Existen diversas querellas presentadas por víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. Los tres casos emblemáticos, a mi juicio, son los de Gustavo Gatica –quien perdió la visión de ambos ojos producto de perdigones-, Fabiola Campillay –quien también perdió la visión de ambos ojos producto del impacto de una bomba lacrimógena- y el caso del joven agredido brutalmente en Puente Alto, captado por la cámara de seguridad de un domicilio particular.

La represión en Chile fue de tal magnitud que cuatro organismos internacionales expresaron su preocupación a través de informes. El más lapidario, a mi juicio, fue el de HRW. El Gobierno, como se esperaba, se desmarcó rápidamente de las acusaciones y desestimó la mayoría de las acusaciones y recomendaciones que exponían dichos informes.

Por otra parte, a los pocos días de la jornada más álgida de las movilizaciones –viernes 18 de octubre-, Piñera daba a conocer las principales propuestas para calmar la agitación de la población. Incremento en el sueldo mínimo y aumento de las pensiones del Pilar Solidario, entre otros, fueron las medidas comunicadas. No obstante, la crítica de la población y de expertos se alzaba nuevamente: las medidas trabajan sobre el modelo socioeconómico, pero no modifican las estructuras que perpetúan las desigualdades sociales.

Finalmente, el 15 de noviembre del año pasado, los presidentes de los partidos políticos llegaron a un acuerdo para impulsar la realización de un plebiscito que, en estricto rigor, entregaría la opción a la ciudadanía si está de acuerdo con impulsar la redacción de una nueva Constitución. A poco más de un mes de la realización de la primera consulta, los sondeos y encuestas dan por hecho el triunfo de la opción #Apruebo, en desmedro de la opción #Rechazo.

Si bien ambas opciones son legítimas y democráticas, lo cierto es que el enfrentamiento entre partidarios de ambas posiciones ha significado un recrudecimiento de la violencia, sobre todo en los adherentes del #Rechazo. En una de las últimas marchas de personas a favor de dicha opción, los participantes asistieron encapuchados, simulando protegerse con escudos –al igual que la ‘primera línea’- y, para más remate, fueron escoltados por Fuerzas Especiales. ¿Diferencia de trato entre manifestantes de ambas opciones? Sí. ¿Asimetría de garantías constitucionales para protestar y manifestarse entre adherentes de ambas opciones? Claramente.

Miércoles 4 de marzo de 2020, las evasiones masivas continúan. La protesta social sigue en las calles, abogando por más derechos sociales. Es evidente que el pacto social y el modelo económico neoliberal presenta falencias y fisuras profundas, por lo que urge una corrección completa, y no sólo cambios superficiales. La transición entre un modelo y otro parte con la redacción de una nueva Constitución Política y, en este momento, tenemos la oportunidad, a través de un lápiz y un papel, de decidir si mantenemos los pilares que originan, reproducen y perpetúan las desigualdades en nuestra sociedad o redactar un  nuevo pacto social, desde cero, de forma democrática y que represente a la mayoría de los chilenos.

Mientras tanto, el Presidente y el Gobierno siguen sin entender el problema de fondo y continúan con la política de la represión. ¿Realmente no visibilizan las causas del estallido social o simplemente no tienen la voluntad de cambiar el modelo vigente porque son ellos mismos quienes históricamente se han beneficiado de él?

La historia de Chile cambiará para siempre el domingo 26 de abril. Hasta entonces, veamos qué pasa.

TAGS: #ChileDespertó #EstallidoSocial #MovimientosDeProtesta Descontento Social

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