En particular el Congreso Nacional y los Parlamentarios (as) concentran buena parte de las quejas y descalificaciones (según encuestas), lo que desde luego justifica un debate público al respecto.
Muchas veces la ciudadanía se manifiesta críticamente respecto al quehacer, los resultados y las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos en general.
En particular el Congreso Nacional y los Parlamentarios (as) concentran buena parte de las quejas y descalificaciones, lo que desde luego justifica un debate público al respecto.
Al menos lo que se refiere a la probidad y transparencia está recogido en el proyecto boletín 10264. Es una moción de los senadores Guillier, Larraín, De Urresti, García Ruminot y Walker que tiene patrocinio del gobierno de Michelle Bachelet.
Entre sus objetivos principales esta crear un sistema que garantice una conducta proba y transparente en los y los honorables y la creación de una Dirección de Ética y Probidad Parlamentaria, recogiendo la legislación existente (básicamente la LOC del Congreso Nacional) más perfeccionamientos normativos necesarios.
Señala el proyecto: “Por eso, será necesario que estas ideas se sometan a un debate amplio y participativo (A) que permita decantar las diferentes medidas específicas que se recomiendan, para instaurar, en definitiva, un sistema que sea comprendido y compartido ampliamente, lo que permitirá robustecer los niveles de confianza de la ciudadanía en sus instituciones y, en particular, en ambas ramas del Congreso Nacional”.
El problema hasta ahora es que no establece en sus bases, el mecanismo de cómo se concretaría esa fase de discusión participativa.
En el caso de ciudadanía organizada en instituciones como “Espacio Público”, una fundación que surge a partir del trabajo de la comisión anticorrupción que asesoró a la Presidenta Bachelet, se ha presentado un conjunto de sugerencias o recomendaciones legislativas que merece la pena revisar, no sólo por la seriedad de la institución, sino porque en las discusiones de comisión hasta la fecha no se observa la participación de otros sectores de opinión como fue expresado en la redacción del proyecto (A’). Sectores de opinión distintos entiéndase de destacados académicos como Marcela Ríos Tobar, Christian Viera Álvarez, Sebastián Soto Velasco y María Jaraquemada Hederra, esta última Directora de Incidencia de Espacio Público, que asistieron a audiencia en la Comisión de Probidad y Trasparencia en el Senado.
De las recomendaciones de Espacio Público varias fueron incluidas en el proyecto de ley. Por razones de “espacio particular” de este artículo, comentaré una de la lista que ellos señalan podría ser incorporada (boletín N°10 de recomendaciones legislativas) al proyecto:
“Normas mínimas de audiencias y participación ciudadana debiesen estar en la ley y detalle en reglamentos, para darle mayor fuerza vinculante.”
En general, se puede decir que la asistencia es significativa de ciudadanos y ciudadanas expertos y/o interesados, de hecho recuerda el informe PNUD “auditoría a la democracia” que la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional (LOC) 18.918 establece la posibilidad de que los mismos parlamentarios en reunión puedan determinar a quiénes invitan a las sesiones de comisión. Señala también que “Si en el 2008 el número de invitados externos a discusiones en trabajo de comisiones de la Cámara de Diputados fue de 913, ya en 2013 la cifra aumentó a 2670” (PNUD, 2013). Es decir, llevándolo a porcentaje, se tiene que la participación de invitados externos se incrementó en un 292% el año quinto, respecto al año inicial del registro citado.
Ahora bien, uniendo ideas en (A-A’), se requiere garantizar más participación ciudadana en temas tan pertinentes como este proyecto. A modo de conclusión se postula una idea adicional a la recomendación de Espacio Público, podría quedar todo integrado así:
Artículo 22 Ley 18918: Las comisiones reunirán los antecedentes que estimen necesarios para informar a la corporación. Podrán solicitar de las autoridades correspondientes la comparecencia de aquéllos funcionarios que estén en situación de ilustrar sus debates, de conformidad con lo señalado en los artículos 9°y 9° A, hacerse asesorar por cualquier especialista en la materia respectiva y solicitar informes u oír a las instituciones y personas que estimen conveniente, de acuerdo a normas mínimas para audiencias y participación ciudadana. Se establecerá por parte de la Dirección de Ética y Transparencia Parlamentaria un Protocolo para estos efectos, que será visible en todos los espacios físicos y virtuales del Congreso Nacional.
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