Escuchar a la gente

No cabe duda alguna de que el conflicto está en un callejón sin salida. Hace ya bastante tiempo que no se escucha argumentación alguna. Ambos lados están atrincherados en sus propias posiciones y apuntan al otro para calificarlo de intransigente. Es lo que ocurre cuando uno de los contrincantes – o ambos – dan por finalizada la etapa de la discusión y el conflicto entra de plano en el enfrentamiento.

Para salir de donde estamos, es necesario que en ambas partes se produzca un proceso de revisión. No se trata de renunciar a lo que se piensa, se trata de escuchar –aunque sea un instante- sin prejuicio, con la mente abierta y dispuesta a buscar un entendimiento que no signifique traicionar sus propios principios.

En ese sentido, la pelota está ahora en campo del gobierno. La mesa fracasó y todo indica que ese fracaso era deseado. Porque una cosa es invitar al diálogo, obtener que los estudiantes lleguen a La Moneda y se sienten a conversar con amplia difusión por los medios. Pero otra cosa muy diferente es que ese gesto produzca una verdadera instancia de intercambio. El gobierno, a través de su principal personero, expresó la noche anterior en términos brutales cuál era su visión de la educación: Mantener todo como está. Con algunas correcciones mínimas, es cierto, pero sin poner en cuestión el modelo. O sea que nunca comprendió –o no quiso hacerlo – que lo que pedían los estudiantes era precisa y prioritariamente eso: Cambiar el modelo. El país fue testigo entonces de que todo el “diálogo” consistía en un espectáculo que diera la impresión de una discusión sincera y abierta y no era en verdad más que una maniobra dilatoria.

Desde luego que tras esta visión un poco simplificada y esquemática del conflicto hay raíces más profundas. El gobierno piensa que fue elegido para defender la educación como un producto de consumo, plenamente absorbido por el mercado. Los estudiantes -y una amplia mayoría de ciudadanos- piensan que la educación es un derecho  de todos los habitantes y que por ello debe ser gratuita.

Lo que conduce al fondo de la cuestión: ¿Quién paga? Ya lo dijo el presidente, nada es gratis. Y ese es el otro aspecto fundamental. El gobierno actual y su base doctrinaria -que hoy se ha visto disminuida a menos del 30%- no está dispuesta a aceptar una revisión de la estructura tributaria. Para ello ha elaborado un argumento que esgrime como esencial y que, increíblemente se ha hecho carne incluso en parte de la oposición. ¿Por qué deberían los pobres pagar la educación de los ricos?

Un sofisma escandaloso. Una educación gratuita se paga con impuestos. La consiguiente redistribución de la carga obviamente debería afectar a los sectores más ricos. Dicho eso, no veo por qué el hijo de un rico no pudiera disfrutar igualmente de una educación que es para todos. El único requisito válido es seriedad, participación, disciplina y rigor, llegado el momento de aprovechar lo que está disponible. Una reforma solo puede lograr que los sectores privilegiados contribuyan a pagar la educación de los que no lo son.

A propósito. Hace unos días, Warren Buffett, quien es el tercer hombre más rico del planeta, denunció que el año anterior había ganado sobre 66 millones de dólares y que sólo había pagado algo más de seis en impuestos. Estamos hablando de un 11%, aproximadamente. Lo consideraba insuficiente y llamaba a sus pares a revelar los propios impuestos declarados.

Yo pregunto: ¿Además de injusta -o justa según la percepción de cada uno- es transparente la tributación de los contribuyentes en nuestro país? ¿Sabe el ciudadano común cuánto han pagado los dueños de industrias, comercio, retail, farmacias, establecimientos educacionales, empresas constructoras, etc, etc? ¿No sería acaso conveniente que sí lo fuera? Para que hablemos con bases reales, para que tengamos a la vista cuál es el esfuerzo de cada uno. Por el momento, sólo sabemos que aquellos que gozan (o sufren) de un sueldo producto de un contrato, declaran automáticamente al SII. En ese caso, hay poquísimo margen de maniobras. En los casos anteriormente citados, las declaraciones se pierden en una maraña de leyes hechas justamente para eso, pagar menos impuestos.

En resumen, creo que es innegable decir que la carga tributaria chilena no es compatible con los progresos sociales que el país exige. Pertenecemos a la OCDE en calidad de infiltrados, que no cumplimos con los estándares exigidos por esa organización. Estamos sentados en una mesa que no nos corresponde. Mientras no ocurran los cambios que el país pide a gritos, no estamos en la ruta del desarrollo.   

De eso se trata la política. Diseñar, en conjunto, un sistema que nos permita repartir las cargas de manera equitativa. Que el precio del desarrollo sea soportado por muchos hombros. Para ello debemos  dejar de ser indiferentes. Hay que elegir, pensar, conversar y tratar de convencer a quienes han preferido la abstención. Hay que hablar, pero ante todo, hay que escuchar.

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Foto: Bruno jifas / Licencia CC