Elecciones: la carrera de la política y el dinero

La economía chilena se sustenta bajo el alero de un sistema económico oligárquico, con barreras de entrada importantes y con una competencia mermada, que financia en gran medida la actividad política del país; respaldada por una ley de lobby débil e inocente, débil porque por una parte regula el financiamiento, pero no en la misma medida el lobby, e inocente porque volvió los aportes anónimos bajo la premisa de que los candidatos no reconocerían los aportes recibidos.

La desigualdad económica desregulada que no cuente con mecanismos formales e institucionales, menoscaba el principio de igualdad política (un ciudadano, un voto), donde parece haber ciudadanos de primera, segunda y hasta tercera categoría y prioridades distintas, entre el bien común y los intereses particulares. Según datos del Servicio Electoral (SERVEL) el Pacto Nueva Mayoría recibió 6.146 millones de pesos en aportes reservados, mientras que la Alianza, la no despreciable suma de 6.012 millones de pesos, lo que en total suman entre ambos bloques políticos 12.158 millones de pesos en las campañas de 2013, lo que deslumbra el gasto que implica ganar elecciones en Chile y lo importante de los recursos financieros.

Estos costos de campaña han significado una barrera importante para el acceso a la representación de actores subalternos, es así que individuos que cuenten con acceso a recursos privados, redes de contacto que les permitan endeudarse tienen una probabilidad mayor de presentarse como candidatos, y de esta manera luchar para ser electos. Ya reconocía la comisión Engel, que la débil regulación chilena en torno al financiamiento de las campañas políticas y el acceso al dinero significaba un riesgo para la igualdad política al exponer el interés público al secuestro de los intereses privados y su dinero. [texto_destacado]

La precariedad financiera de los partidos políticos los llevó a convertirse en carteras de inversión por parte de los privados, quienes inyectaban una cantidad de recursos importantes –esto antes de la reforma del 2016– y además se aseguraban una ventaja en la discusión de intereses económicos e ideológicos. El financiamiento de las campañas no solamente promete una situación de ventaja, sino también una vía de acceso a altas autoridades de gobierno y actores políticos.

Estos costos elevados de hacer política han provocado un fenómeno de elitización de los partidos políticos y un distanciamiento hacia sus bases. La política se ha convertido casi en un bien de consumo, donde quienes cuentan con la capacidad financiera para sostener pugnas electorales logran participar de la esfera política de la sociedad. La elitización y el distanciamiento han generado movimientos extra institucionales para canalizar demandas (Marchas, Paros y movimientos). La “ruptura apunta al fenómeno de la desconfianza en la política, ya sea por fenómenos de corrupción o en la incapacitada de resolver los problemas de la gente” (Garretón, 2016); Los bajos niveles de respuesta de los partidos con los electores han provocado grietas importantes a nivel de legitimidad a la actividad política y a las instituciones.

La desigualdad política y la elitización de la actividad política ha provocado que la sociedad esté subrepresentada y la visión de futuro no sea compartida por los actores comunitarios. Subrepresentada porque el grado en que los distintos grupos de la sociedad tienen presencia en órganos deliberativos es baja (Duopolio tradicional Concertación-Alianza); y la visión de futuro no es compartida porque los órganos deliberantes toman en menor consideración los intereses, aspiraciones y necesidades de cada grupo social. (esto en relación al punto anterior de subrepresentación).

Otra canal por donde los grupos de mayores recursos de una sociedad pueden influir en política corresponde al mecanismo de la “puerta giratoria”, que alude en este caso en particular a la trayectoria de un sujeto que se desenvuelve en cargos tanto de gobierno, como del sector privado. Esta situación pone, una vez más, en situación de ventaja a los financistas y puede provocar ciertos conflictos de interés por parte de los individuos (redes de contacto e incluso vínculos comerciales con el sector privado). Esta vía de acceso también puede provocar una situación de privilegio y la posibilidad de un secuestro por parte del sector privado al aparato del Estado, lo que pone en cuestión el actuar de la autoridad en nombre del bien común.

Este conflicto público-privado, afecta principalmente y según estudios del PNUD a ministerios y superintendencias. El porcentaje de ministros que provienen de una trayectoria pública es de apenas un 30%, versus un 69% de ministros que provienen del ámbito privado, en tanto, los superintendentes que provienen del sector público alcanza apenas el 22%, frente a un 77% que procede del sector empresarial; en contraparte, los subsecretarios que cuentan con una carrera funcionaria alcanzan el 44%, contra un 56% que se origina en el empresariado. Estas cifras muestran una rotación importante de cargos entre el sector público y el privado que son de exclusiva confianza del presidente de la república y sus principales colaboradores lo que sin duda se transforman en instrumentos de influencia importantes.

La “puerta giratoria” representa un mecanismo extra-institucional de poder importante, donde los holding que cuentan con ex personeros políticos, manejan las negociaciones de acciones políticas que les afectan, ejemplo de esto fue la reforma tributaria y la “cocina” en la que se transformó su discusión, donde el ministro de hacienda actual y el ex ministro de hacienda del gobierno anterior (representando al sector empresarial), forjaron los acuerdos correspondientes para sacar adelante un proyecto muy distinto al que el Banco Mundial calificó de eficiente y progresista.

La desigualdad económica y la concentración realmente impactan en la sociedad chilena, además de generar vulneraciones importantes a la igualdad política y la democracia representativa; deslegitiman procesos, generan brechas de representación, provocan exclusión de la discusión pública y desorientan el bien común que persigue todo Estado democrático.