Este 13 de junio con la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores/as regionales en trece de las regiones de Chile, se avanza en una nueva etapa de mayor descentralización política y autonomía a escala regional, proceso que tuvo como primer detonante el ciclo de protestas de los años 2011, 2012 y 2013, hecho que entre otros, permitió un programa de Gobierno de la coalición política Nueva Mayoría que contempló sin complejos la temática, concretando en sus primeros 100 días de instalación, la formalización de la “Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y la Regionalización”, la que emitió recomendaciones diversas, que dieron soporte a los proyectos de ley que se discutieron en los diferentes trámites legislativos, permitiendo las leyes que posibilitaron este avance descentralizador (leyes 21.073 y 21.074).
El 17 de noviembre del año 2013 fue la primera elección directa de los/as consejeros/as regionales, paso sustantivo en la siempre centralista administración interior del Estado chileno, y que la elección directa de las nuevas autoridades regionales de este 2021, cierra la primera batalla de este largo camino de más democracia, centrada en el valor de los territorios y de sus comunidades.Los/as gobernadores/as, no son subordinados del nivel central en ninguno de los temas que la ley asigna como materias propias del Gobierno Regional
Si bien este avance es trascendental en el logro de más democracia genuinamente territorial, aún quedan varias dimensiones pendientes, entre ellas, las referidas al financiamiento, donde el instrumento denominado “rentas regionales” se erige en uno fundamental, dado que estaría sincerando territorialmente las bases impositivas, evitando que estas sean succionadas totalmente por el centralismo estructural. Sobra decir que quedan pendientes otras dimensiones significativas respecto al logro de la mejor gobernanza regional y que las disputas por las instalaciones (oficinas), que hemos conocido en estos días, adelantan la insoslayable disputa de poder y coordinación con el/la legítimo/a gobernador/a regional.
La elección del nuevo Consejo Regional de cada una las dieciséis regiones del País (que, recordemos, tendrá lugar en noviembre próximo), abre la opción para que las mismas puedan solicitar nuevas competencias y los recursos respectivos y de esa forma, avanzar hacia una nueva fase en materia de descentralización a escala regional. No será una tarea fácil, ya que la sesión de poder es compleja de lograr. Serán estas gobernaciones regionales las fundacionales y punta de lanza, de este avance de mayor democratización del régimen político nacional, en un contexto de dificultades políticas previsibles.
En esa línea es importante, aunque solo parezca simbólico, que los/as futuros/as representantes del Presidente/a de la República en la región (delegado/a presidencial regional), asuman su rol en materia de gobierno interior y seguridad y dejen el máximo espacio posible a las nuevas autoridades en las materias relacionadas con el desarrollo regional. Aquí se abre una oportunidad real de pensar cómo mejor administrar la dotación regional de recursos naturales, donde el agua, sí o sí se transformará en agenda de trabajo, lo que ciertamente presionará la agenda no sólo del ejecutivo nacional, sino que también la legislativa con sus congresistas. Lo mismo ocurrirá con otros recursos como el cobre, litio, suelos, áridos, entre otros. Y con los proyectos de inversión que deben concurrir no sólo al escrutinio de un sistema de evaluación ambiental, sino que también ahora más, a la deliberación de un consejo y de una autoridad regional, enteramente elegida por la ciudadanía donde será muy difícil que no se pronuncien sobre los impactos negativos que los mismos puedan generar, más aún, cuando los conflictos territoriales y socioambientales deriven a ese foro regional.
Lo anterior, conmina al nivel central del Estado de Chile a que entienda qué es lo que se pondrá en marcha en esta nueva etapa. Que asuma que la instalación del nuevo régimen político subnacional, en su expresión regional, debe ser apoyada y despejada de las prácticas burocráticas-centralistas, anquilosadas en las rutinarias gestiones entre el nivel central y el subnacional representado en la escala regional prioritariamente, pero también local.
Los/as gobernadores/as, no son subordinados del nivel central en ninguno de los temas que la ley asigna como materias propias del Gobierno Regional (GORE), más allá de los temas pendientes, especialmente desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, canónica expresión centralista del Estado chileno, la que estableció una forma de relación asimétrica positiva para ella institucionalmente, en desmedro de las expresiones regionales y locales cuando de financiamiento se trata, a propósito de las denominadas “provisiones” del Fondo Nacional de Desarrollo Regional o de algunos aspectos del Fondo Común Municipal, que hoy día necesitan de una nueva mirada.
Este proceso no culmina con la elección directa de las autoridades regionales, sino que se inicia con ello y requiere también de una nueva SUBDERE, cuyo redimensionamiento en este nuevo escenario debe estar anclado al nuevo contexto nacional-institucional que se desencadena. El Estado central, también debe ponerse al día, primero, completando la tríada de políticas nacionales que juegan un rol importante para las tareas de los GORE, esto es, las políticas nacionales de desarrollo urbano y rural (PNDU y PNDR respectivamente), y la aún pendiente política de ordenamiento territorial (PNOT, retirada de la Contraloría General de la República por la actual administración), y activando completamente a la Comisión Interministerial de Ciudad Vivienda y Territorio (COMICIVYT), responsable de la formulación y articulación de dichas políticas y del reglamento de los planes regionales de ordenamiento territorial (PROT), herramienta fundamental para las tareas que deben emprender las regiones en esta nueva etapa. Pero, el mayor desafío de dicha comisión será, a mediano plazo, contribuir a la adecuación de los instrumentos sectoriales a esta nueva realidad, de manera de garantizar para el conjunto de la sociedad chilena, el mejoramiento de la calidad de vida, la inclusión social y la protección ambiental, en un marco de equilibrio entre la creciente autonomía regional y necesaria coherencia nacional.
Comentarios
30 de junio
Concuerdo y añado que es un trabajo importante por hacer la involucración por canales políticos e institucionales de la población. Una mayor participación social en el proceso es necesaria ya que la regionalización no nace, sino que se hace (entre todas y todos).
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30 de junio
Reflexiones importantes, urgentes y necesarias. Los temas sobre las competencias de Gobernadores y Delegados Presidenciales, presupuesto regional, legislaciones y políticas pendientes (representadas en las diferentes siglas que se leen en el artículo), inauguran un camino nuevo, pero con temas y problemas que se vienen discutiendo por décadas en Chile. ¡Más vale tarde que nunca! De todos modos no hay que olvidar que el principal objetivo del proceso de descentralización es (o debiera ser) mejorar las condiciones de vida en los espacios próximos de las personas, en sus comunidades, sus territorios.
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