Luego de una semana del cambio de gabinetes, se puede analizar con más tranquilidad y más templaza. Sobre todo, al que el Presidente haya tenido que recurrir por segunda vez a parlamentarios en ejercicio para llenar algunos ministerios. Esto deja dos conclusiones, una coyuntural y otra relacionada con la estructura política.
La primera crítica es que el gobierno y específicamente la derecha, no cuenta con políticos suficientes para llenar los puestos de gobierno y del Estado. No hace falta recordar cuánto se demoró el presidente al inicio de su mandato para llenar los puestos de designación presidencial. Políticos de derecha hay suficientes, pero que cumplan con requisitos para desempeñarse en el aparato público son los menos. Además, la derecha, durante los 20 años en que se constituyó como oposición, se enclaustró en el Congreso y por ello no es de extrañar que la mayoría de sus políticos profesionales (citando a Weber) hayan salido desde el Parlamento. La derecha se ha alimentado del sistema binominal, que le permitía ser una fuerza reactiva al gobierno desde el sitial que le otorgaba el sistema electoral. Durante 20 años no necesitaron ser gobierno porque en definitiva detentaban una cuota de poder que les entregaba el binominal. Pero ahora que se han convertido en gobierno, la estructura misma del sistema que les dejaba en el Parlamento les permite ahora saltar a algún ministerio.
Si sacar a un parlamentario para instalarlo en el gabinete rompe con la lógica de la representación popular que ostenta los representantes electos, el binominal en su resultado distorsiona de raíz dicha representación. No se puede exigir que se cumpla con la representación popular si el sistema electoral mismo no es representativo. Es necesario recordar, además, que el mecanismo incluido en las reformas constitucionales del año 2005 para llenar los escaños del Congreso, deja en las manos de los partidos políticos la exclusiva responsabilidad de designar al reemplazante, sin pasar por el escrutinio popular. Estas designaciones, sumado a quienes ingresaron al parlamento producto del binominal -sin contar con una mayoría significativa de votos-, están distorsionando y rompiendo con la voluntad popular.
La segunda crítica viene enlazada con está distorsión al sistema de representación, pues el que algunos parlamentarios puedan pasar a formar parte del gobierno no se puede catalogar de antidemocrático. En muchos países los parlamentarios pueden ser nombrados ministros y pueden ocupar cargos de gobierno. No obstante, lo que hace poco democrática a esta práctica en el caso chileno es cómo se llenan los cupos dejados en el Parlamento y cuál es el rol que tiene el Parlamento con los ministros y el gabinete.
¿Es reprochable está práctica que se utiliza para reemplazar a quienes dejan el Parlamento? Desde la lógica de la representatividad popular sí, porque no se sustenta en la voluntad de los ciudadanos y ratifica el enorme peso que tienen las cúpulas partidarias que ejercen la democracia a espaldas de las personas. Es necesario que se avance en un mecanismo que dé solución al reemplazo Parlamentario, ya sea si dejan su escaño por muerte, renuncia, impedimento de ejercerlo o porque que pasan al gabinete. Es aquí en donde radica un vacío democrático: en el reemplazo, no en que los parlamentarios puedan pasar al gobierno.
Si el Congreso es el ente que por antonomasia representa la voluntad popular, entonces se requiere una ley que explicite vías de reemplazo que estén en consonancia con la democracia y el principio de representabilidad. En algunos países se ha adoptado el sistema de reemplazo automático al momento de emitir el voto, es decir, cual el elector emite su sufragio por su candidato, este va acompañado de otra persona que ejerce como reemplazante, o es escogido el reemplazante través de la lista al Parlamento. En otros mecanismos se han dispuesto que se realicen nuevas elecciones para llenar el vacío. Pero el principio está puesto en que los electores conocen las alternativas o participan en otra elección. O sea: el reemplazo está en manos de los electores y no en manos de un grupo reducido de personas que no responden a los intereses directos de las personas.
Se podría señalar que los mecanismos de reemplazo pasan por:
No existe un gran problema democrático a que los parlamentarios pasen a formar parte del gobierno, porque en definitiva en ellos también está reflejada la voluntad popular. El problema de esto radica en que el Congreso no tiene las herramientas suficientes para contrarrestar los poderes del Ejecutivo y del gabinete. A pesar de que con la reforma constitucional del 2005 se intentó dar un paso enorme y otorgarle mayores poderes al Congreso, creando la figura de la interpelación a los ministros, en definitiva esta herramienta de control no tiene ningún efecto para la dirección del gobierno. Más aún, se ha transformado en un lugar de recriminaciones y alegatos fuera del sentido auténtico que posee una interpelación. En definitiva el Congreso puede exigirle a los ministros que den cuenta de su gestión ante el parlamento pero no tiene la atribución para removerlos si es que estima que la gestión individual o colectiva del gabinete no ha sido correcta.
Nombrar a un parlamentario en algún ministerio pasa por la exclusiva decisión del Presidente de la República; el Congreso no tiene atribuciones como órgano colegiado a oponerse o dar su favor a esto. Por ende, el sacar parlamentarios del Congreso debilita aún más al poder legislativo y sus atribuciones frente al enorme poder que tiene la figura del Presidente, quien puede nombrar y remover a sus ministros y al gabinete a su entera disposición incluso a quienes provienen del parlamento.
La Concertación ha introducido un término que se pensaba en el olvido, el de los “senadores designados”, para graficar la gravedad de este mecanismo de reemplazo, equiparándola con uno de los enclaves autoritarios que legó la dictadura a la democracia (pero olvidan ellos que durante el gobierno de Bachelet fue que comenzó con esta práctica).
Puesto de esta forma, cualquier cambio que se haga en el sistema de reemplazo parlamentario debe estar en contra de la lógica de las cúpulas políticas y darles el poder de decisión a los ciudadanos.
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Foto: Segegob / Licencia CC
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