El actual contexto nacional ha estimulado un vibrante debate sobre el cambio constitucional. Para algunos, la ilegitimidad de origen del actual texto es razón más que suficiente para establecer un nuevo pacto—uno democrático y donde sea la ciudadanía y no los militares quien defina la arquitectura institucional.
Para otros más funcionalistas, quizás, la creciente brecha entre el sistema político y la ciudadanía debiese impulsar una reflexión profunda sobre las instituciones que tenemos. En esta concepción, cada momento político y social demanda un ajuste, un reacomodo de las instituciones y aquello podría establecerse vía reforma o por medio de un nuevo pacto.
Ambas visiones son sin duda complementarias. Existe una tercera razón que se suma a las dos anteriores y que considero incluso más poderosa. Sostengo que se requiere una nueva Constitución porque el actual texto establece algunos preceptos que contravienen principios esenciales de la democracia. Y me detendré en uno en particular.
La función de una Constitución es distribuir poder. Al establecer instituciones, derechos y deberes, la carta magna no hace otra cosa que delimitar y asignar poder. Pues bien, como república democrática, nuestra Constitución indica que “la soberanía reside esencialmente en la Nación”. Hasta aquí todo bien. Podríamos inferir de esta simple frase que el último agente de la soberanía es el pueblo. Sin embargo, a renglón seguido, el texto indica que el ejercicio de dicha soberanía se realiza “por el pueblo a través del plebiscito y de las elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece” (artículo 5º).
Es aquí donde se encuentra uno de los más serios obstáculos de la Carta Magna, por cuanto, contrariamente a lo que declara el texto, el pueblo rara vez se transforma en la última expresión de soberanía. Por una parte, la propia Constitución en otros apartados establece la consulta a la ciudadanía como un recurso excepcional al verificarse un conflicto entre el poder Ejecutivo y Legislativo. Por otra parte, la Constitución transforma al Congreso y al Ejecutivo en verdaderos poderes constituyentes sin que medie la más mínima ratificación ciudadana.
Puesto de otro modo, el actual arreglo constitucional transforma a los representantes en soberanos otorgándoles el poder supremo de cambiar uno o todos los artículos de la Constitución. No importa la magnitud o el tenor de la reforma, si la mayoría de los representantes decide transformar las reglas del juego aquello sucederá sin que la ciudadanía pueda incidir en tal cambio.
Ello explica que, por ejemplo, tengamos un sistema de reemplazos parlamentarios como el que se aprobó en el año 2005. O que hoy una mayoría especial de representantes puede restablecer la pena de muerte si así lo decide. De este modo, mediante un ejercicio de ingeniería institucional elaborada en 1980 se transfirió la soberanía popular a un cuerpo de representantes que, si bien son electos, en la práctica pueden alterar las normas básicas de convivencia nacional al margen del escrutinio ciudadano.
Como el ejercicio de la soberanía no reside en la nación (en el pueblo, en la ciudadanía) se incrementa cada día la brecha entre un grupo de representantes que actúa “en representación” del pueblo, pero de un pueblo que no cuenta con la posibilidad de ejercer el ideal democrático de la soberanía popular ni siquiera en momentos extraordinarios.
De esta forma, el problema actual es triple: primero, la sociedad no participó ni definió el acuerdo original; segundo, la sociedad tampoco es soberana para alterar dicho pacto constitucional; y tercero, se transfirió el poder constituyente a los representantes, sin establecer ningún mecanismo de ratificación ciudadana sobre decisiones que son trascendentes para el país y que son tomadas por unos pocos.
En definitiva, el establecimiento de un nuevo arreglo constitucional debiese implicar una verdadera democratización del proceso mediante el cual se aprueba un texto constitucional y del contenido propio de la Carga Maga. Ello implica transferir la soberanía popular a donde verdaderamente pertenece, esto es, al pueblo.
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Nota de elquintopoder.cl: Si estás de acuerdo con la idea de una nueva constitución, te invitamos a adherir y firmar esta carta. Si eres parte de una organización social que desea adherir institucionalmente, pueden hacerlo en esta carta.
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