Amigos y amigas, la semana que pasó quedó marcada por el anuncio del presidente Gabriel Boric, de la próxima presentación del proyecto de reforma de pensiones. Un tema capital para el mejoramiento de la calidad de vida en Chile. De acuerdo a datos del último censo, la población de Chile es de 19.619.018 personas, según el INE, nuestro país está en una etapa avanzada de envejecimiento poblacional. Esto, se explica, por una parte, porque nuestra tasa de fecundidad, ha sido menor a 2,1, en los últimos veinte años, esto es, inferior a la tasa de reemplazo (que es el número de descendientes que ocuparán la posición de sus progenitores al momento de su muerte). Y, por otra parte, se explica, por la baja tasa de mortalidad y el aumento de la esperanza de vida al nacer.
Con estos datos, se proyecta que, en 2035, Chile tendría: 13.733.523 personas (65,0%), estarán en el rango de 15-64 años; 3.993.821 de personas (18,9%) estarán en el rango de 65 años y más, y sólo 3.410.425 de personas (16,1%) en el rango de 0-14 años. Según el INE, estos fenómenos se irán acentuando, y así para 2050, en Chile se proyecta que habrá 176 personas mayores de 64 años, por cada 100 personas menores de 15 años de edad. En palabras simples, como país nos vamos poniendo viejos a ritmo acelerado.Es urgente y apremiante, para el bien de Chile, que las fuerzas políticas miren más allá de sus anteojeras ideológicas, y examinen la propuesta de reforma integral
Ese es un elemento del complejo tema de las pensiones, que se toma la agenda, y que promete ya, desenterrar las mismas discusiones que hemos tenido desde el año 1990 en adelante. Otro elemento, son los datos de empleo. ¿Cuántas, de estas, 19 millones seiscientas mil personas, forma parte de la fuerza de trabajo?, según el último boletín de empleo del INE, sólo 9.616.732 personas integran la fuerza de trabajo, es decir, son mayores de 15 años que están interesados en trabajar. En esta fuerza de trabajo, se considera a 8.843.544 de personas que están trabajando, ósea están “ocupados”, y a 773.188 personas que no están trabajando, pero buscan trabajo, ósea son “desocupados”. Estos a su vez, pueden ser personas que “buscan trabajo por primera vez”, o que están “cesantes”.
Como si estas cifras no fueran alarmantes, hay que incorporar otro elemento a la discusión. La existencia de altos niveles de ocupación informal, es decir, personas que trabajan de forma dependiente, pero sin acceso a seguridad social (salud y AFP) por su vínculo laboral. También son ocupados informales quienes trabajan de manera independiente en una empresa, negocio o actividad que pertenece al sector informal, y, asimismo, los familiares no remunerados del hogar. Para el trimestre julio-septiembre de 2022, la tasa de ocupación informal fue de 27,1%. Siendo las mujeres, y las personas de tramos etarios extremos (los de mayor edad y los más jóvenes), los más afectados por esta situación.
Esta es la realidad que debe considerarse al discutir la reforma del sistema de pensiones. A lo que hay que agregar, el archi estudiado esquema de ingresos y cotizaciones. Desde 2006, se han formado variadas comisiones de expertos que concluyen, que la tasa de reemplazo del sistema de capitalización individual, paga pensiones que no llegan ni a un tercio de la última remuneración percibida. Los únicos grandes avances que se dieron en este tiempo, fueron la creación de la pensión básica solidaria, de la presidenta Michelle Bachelet, y la creación en 2022 de la pensión garantizada universal. El sistema no se ha tocado, y sigue siendo en su esencia el mismo creado por José Piñera, ministro del trabajo del dictador Pinochet. Desde 1990 a la fecha, todas las propuestas para modificar el rol de las AFP, y de la capitalización individual fue rechazada por la derecha. Hoy, ante un escenario incierto, post estallido social, y post rechazo de propuesta de la convención, es urgente y apremiante, para el bien de Chile, que las fuerzas políticas miren más allá de sus anteojeras ideológicas, y examinen la propuesta de reforma integral, del gobierno del presidente Boric.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, economista respetado transversalmente, por su responsabilidad y solidez técnica, ha señalado que la reforma consolida un sistema mixto con contribución del Estado, los empleadores y los trabajadores, y beneficiará a todos los pensionados, a los actuales y futuros. La propuesta que el gobierno introducirá a la discusión parlamentaria, contiene tres ejes, según detalla la página del ministerio del trabajo:
1.-Fortalecimiento de la PGU: Aumento en el Pilar no Contributivo a través del aumento gradual de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil, desde los $194 mil actuales.
2.-Fondo integrado de pensiones y seguro social: Se construirá con una nueva cotización de los empleadores de un 6%. El que se implementará de forma gradual hasta completar un 6% de la renta imponible: un punto porcentual por año. Con esta cotización se construirá el Fondo Integrado de Pensiones que creará el Seguro Social, el cual entregará los siguientes beneficios:
-Pensión del Seguro Social: La cotización del 6% que aportará el empleador generará para el trabajador el derecho a una pensión. Esta se calculará según el saldo acumulado en la cuenta personal del Seguro Social, reconociendo el esfuerzo individual sin diferenciación por sexo.
-Solidaridad intergeneracional: Esta pensión contempla una garantía de 0,1 UF por año cotizado que rige tanto para actuales como futuros pensionados, con un máximo de 30 años.
-Compensación por tablas de mortalidad a actuales y futuras mujeres jubiladas, en el componente de capitalización individual. Se asume que la mujer vivirá lo mismo que el hombre (tope de pensión autofinanciada UF 15: $519 mil a valor actual), compensando la diferencia respecto a la pensión obtenida.
-Lagunas: Cada vez que se usa el Seguro de Cesantía, individual o colectivo, paga las cotizaciones del 10% y el 6% con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
-Tareas del Cuidado: Otorga cotizaciones para cuidados de dependencia, severa o moderada, para personas inscritas en el Módulo de Cuidadores del Registro Social de Hogares (RSH), con un tope de 2 años.
-Maternidad: Se registran 24 cotizaciones por 6%, que se agregan al bono por hijo del 10%.
-Pensión de sobrevivencia: En caso de fallecimiento de la persona pensionada, la reciben sus beneficiarios: cónyuge e hijos menores de 25 años que estudian.
3.Fin al modelo de las AFP: Reorganización de la industria en el Pilar Contributivo
Con el objetivo de mejorar la eficiencia del Pilar Contributivo y elevar las pensiones, la propuesta, considera el término del modelo de AFP, contempla la creación de un Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA) y permitirá la creación de Inversores de Pensiones Privados (IPP). La nueva entidad pública, el IPPA, gestionará de forma exclusiva el Seguro Social, al que se destinarán los aportes del 6% que haga el empleador, y competirá con los inversores privados, los IPP, por la administración de la cotización del 10,5% del trabajador.
La propuesta introduce otros cambios, se reemplaza el cobro de comisión sobre el salario por una comisión sobre el saldo gestionado, lo que significa un mayor ahorro para la pensión, y se traduce en un aumento del salario líquido. Por otra parte, se eleva el tope imponible, hoy en UF 81,6 ($2,8 millones aprox.), hasta igualarlo al del Seguro de Cesantía, hoy UF 122,6 ($4,2 millones aprox.), lo que permitirá elevar los montos de ahorro. Asimismo, se propone reemplazar los actuales Multifondos, por Fondos Generacionales. Modalidad, recomendada por la OCDE, donde los afiliados serán asignados a un fondo según su edad. En ellos se sigue un régimen de inversión de largo plazo, que va volviéndose más conservador, a medida que el afiliado se acerca a la edad de retiro. La propuesta también reemplaza el Retiro Programado por Renta Vitalicia. Esta última es una modalidad que garantiza una pensión mensual hasta el fallecimiento del afiliado, que es fija en UF, de modo que protege a las personas de los riesgos de longevidad, rentabilidad e inflación. Asimismo, genera el derecho a pensiones de sobrevivencia para los beneficiarios legales.
La tramitación de esta reforma de pensiones, es una prueba de fuego para el gobierno, pero sobre todo para la oposición, que cuenta con mayoría en el parlamento. Las conversaciones efectuadas hasta ahora por la ministra Jeannette Jara, para impulsar el proyecto de las cuarenta horas de trabajo, han sido reconocidas como muy profesionales y técnicas incluso por los líderes empresariales. Un debate técnico, pero también político. Hablamos de la oportunidad histórica, para el sector conservador, de dejar atrás el pacto de intereses con el mercado de capitales. Cuando hoy se alzan voces pidiendo que se deje de lado lo ideológico en este debate, no debemos olvidar que la génesis del sistema de AFP, fue para inyectar oxígeno al capitalismo financiero chileno, agonizante el año 1980. El sistema que se quiere reemplazar, surgió de ese pacto espurio, que sólo pudo concretarse, en dictadura, sin discusión, sin parlamento, sin prensa libre. Estoy convencido de que Chile no se puede perder esta oportunidad. Es la única demanda social verdaderamente urgente y transversal. Y un diálogo abierto, y disposición a acuerdos, es lo único que nos aleja de las presiones entrópicas de otro estallido.
Comentarios
07 de noviembre
Antes fue un 3% de cotización adicional, después otro «chiquitito» de 3% de cotización adicional y ahora se nos viene un 6% de cotización adicional. A mi parecer esto hará que se contrate a menos gente y que aumente el empleo informal. Es decir, en algún momento será otro dolor de cabeza que crea este macabro Gobierno que llegó a destruir el país. Cabe preguntarse ¿por qué los empleadores tienen que hacerse cargo de los problemas de los políticos? Hace casi dos décadas tuvieron la oportunidad de crear una AFP de los trabajadores y un banco de dinero de ellos mismos, sin embargo desecharon la idea y aquí tenemos algunas consecuencias. Cuatro a cinco millones de personas sobreendeudadas por la usura. AFPs que rentabilizaron de forma insuficiente, pero que siempre tuvieron utilidades sobre el 20% anual para sus propietarios, razón por la que delincuentes con plata como el tatán nunca dudaron en invertir en ellas y siempre mantuvieron cerrado este acceso a la población, para no democratizar el acceso a los mercados financieros, como típico buitre irresponsable. Bachelet tampoco lo arregló a pesar que desde siempre lo supo.
Entonces, ante lo que sucede, ¿por qué no son los políticos los primeros en pagar algún porcentaje de descuento adicional a sus planillas de pago, si la culpa es de ellos por su incapacidad para entender la realidad y crear soluciones? La respuesta a esta interrogante está en los pasillos de corrupción del Congreso.
Insisto, se necesita un Poder Civil…
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08 de noviembre
Le di un par de vueltas a la frase «se reemplaza el cobro de comisión sobre el salario por una comisión sobre el saldo gestionado, lo que significa un mayor ahorro para la pensión, y se traduce en un aumento del salario líquido»….y no logro entender porque hay un aumento del salario liquido. Asimismo, obviamente la comisión por administración va a significar un cobro constante versus uno a la partida…¿eso significa mas ahorro?….. Entonces, darse cuenta que hay algunos están convencidos que basta rebarajar el naipe para que le salgan los ases.
¿sabe que la OCDE recomienda aumentar, en casi todos los lugares, el ahorro individual (es decir, Capitalización Individual)?
Los sistemas de pensiones en los paises desarrollados se basan enormemente en que el Estado le pone plata a raudales al sistema. Entonces ¿son magicos que dan buenas pensiones?..No, simplemente transfieren plata de unos a otros. Solo aquellos donde un ente inversor se preocupa de los ahorros y los invierte a largo plazo (es decir NO reparto), logran salir adelante (Canadá, Noruega, etc).
Y, lo ultimo…..todo es música cuando la plata se desvaloriza. Los aumentos de pensiones son nada contra la inflación. Uno de los grandes aportes que hacían las AFP al sistema era mantener baja la inflación, dando liquidez inmediata a empresas, bancos, etc…al tener una gran masa monetaria dando vueltas, las tasas eran muy bajas y eso permitía mantener el poder adquisitivo del dinero.
¿Seguimos creyendo en el rey Midas?
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08 de noviembre
La cotización del 6% que aportará el empleador podría ser subsidiada con el indecente gasto militar. La ley de Presupuestos 2022 asigna 2.433 millones de dólares a las FFAA de Chile, de ahí puede salir el 6% adicional o parte.
Siendo los militares gente que no trabaja, en el sentido que lo hace una persona que produce un bien, y además no cotizan en AFP, sus pensiones son integramente costeadas por el Estado con nuestros impuestos. Pensiones muy por encima de la media pagada por AFP. Por tanto reducir el presupuesto en tiempos de paz, en racional. Más aún, el sistema de salud de los militares, que no es FONASA también es financiado por el Estado. Ejercito uS$ 90 , Sanidad de la Armada uS$ 86, Fach 86 millones de dólares.
Creo que los sufridos empleadores serían los primeros en saludar una medida tal, que reduciría su carga fiscal.
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16 de noviembre
Señora Vicuña, los únicos que aquí no trabajan ni producen nada de nada, son esas fundaciones brujas tipo INDH, Fundación Salvador Allende, Museo de la Mala Memoria (o memoria para lo que me conviene) y un largo etcétera. Y sin embargo no solo debemos mantenerlos vía impuestos, sino que los perlas han tenido la patudez de aumentarse el presupuesto en $16.000 millones y cacarear como gallinas pisadas cuando se les reclama que ese dinero debería ir para educación y a la seguridad en contra de la delincuencia. Obviamente personas como usted y ellos, amparadores de delincuentes y cafiches eternos del Fisco desde hace más de 30 años, no solo no están de acuerdo, sino que insisten en ser financiados por el resto del país a pesar de haber otras urgencias. Me imagino que el día que dejen esos cargos políticos privilegiados y aprendan a ganarse el pan aunque sea con el sudor del culo, aprenderán a valorar lo que ese ahorro significa.