Si un campesino quiere hablar con un ministro de Estado, primero debe mandar una carta o entregarla en recepción a alguna secretaria, después de ser registrado con detector de metales. Si tiene suerte –y no la guardan en un cajón- esperar meses alguna respuesta. Si un alto ejecutivo de una gran empresa quiere hablar con un ministro, basta que levante el teléfono y marque el anexo directo…
La anécdota anterior refleja las claras y reales diferencias que establecen -en cuanto a los ciudadanos- quienes tienen o ejercen el poder político, y sobre todo el nepotismo entre las grandes corporaciones y los altos funcionarios de cualquier gobierno de turno, donde imperan los favores y privilegios “pactados entre el poder político y los grupos empresariales influyentes”.
Ratifica la idea que los nexos entre grandes corporaciones y altos funcionarios políticos, que favorecen a los primeros, en desmedro de ciudadanos comunes y corrientes, no es algo nuevo en la historia. Sobre todo, que estos son transversales a todo tipo de gobiernos, de derechas e izquierdas, o como sea que se llamen.
Todo lo anterior se hace más relevante si tomamos en cuenta lo denunciado por CNN Chile –una corporación también- y otros medios como CIPER CHILE en relación al mal manejo de materiales tóxicos mineros por parte de empresas mineras y el silencio indolente de autoridades, empresarios-ministros y políticos desde hace años.
Aunque ante estas denuncias algunos han tratado de mover la balanza de las frágiles percepciones políticas ciudadanas hacia un solo lado del espectro, culpando sólo al actual gobierno, lo cierto es que el nepotismo político y empresarial se ha manifestado desde mucho antes en la minería, durante los gobiernos de la Concertación, con dueños de mineras que dejaron depósitos clandestinos de arsénico sin ningún tipo de seguridad o impermeabilización, convertidos después en ministros de Minería o en altos directores de una empresa estatal como Codelco.
Lo peor, organismos encargados y ligados a esos ministerios, no han hecho nada para evitar afectar la salud de otros ciudadanos, como pequeños agricultores de las zonas contaminadas –aún cuando estudios internacionales desde hace años dan la alerta-.
Y eso es la punta del iceberg en cuanto a nexos entre altos funcionarios políticos y empresas, en desmedro de ciudadanos comunes y corrientes sin contactos ni nexos e influencias, haciendo que –como plantea Merce Rampart- la “responsabilidad corporativa por daños a terceros está limitada automáticamente por decreto, y en segundo lugar, la responsabilidad se desplaza de las personas hacia una entidad ficticia”.
En todos los casos, nunca nadie es culpable de botar contaminantes en las aguas de riego o en las tierras de pequeños agricultores, ni de construir casas sobre arsénico. Ni el Estado, a través de sus funcionarios, ni las empresas involucradas o sus dueños, tan profundamente relacionados.
Como decía Charles Wright Mills en La élite del poder “En la cumbre de la economía, entre los ricos corporativos, es decir, entre los grandes accionistas de las grandes compañías anónimas, están los altos jefes ejecutivos; en la cumbre del orden político, los individuos del directorio político;”.
¿Cuánto aportan las mineras a las campañas electorales?
El nepotismo empresarial-político no sólo implica que desde el poder político se favorezca a ciertas empresas, “a antiguos empleadores desde posiciones de poder”, sino que conlleva un trasfondo más complejo aún, relacionado con el intercambio de recursos económicos para campañas electorales de diversos niveles, a cambio de favores políticos posteriores. Es decir, con la democracia.
A partir de esos nexos no transparentados entre políticos y altos ejecutivos empresariales, no es raro que se estructure lo que Diana Duque llama una Sinarquía, entendida como “el grupo de personas dueñas del capital financiero, de las corporaciones, de los monopolios, de los grandes negocios y del Estado, que deciden en beneficio propio los asuntos políticos y económicos de un país a través de ese Estado”.
En base a lo anterior nos debemos preguntar ¿A quiénes representan nuestros políticos y legisladores realmente? ¿A sus electores que sólo votan, o a quienes les financian sus campañas para alcanzar el poder político? ¿En base a qué legislan los parlamentarios si en muchos casos sus propias empresas están en medio de un asunto?
Y entonces surge la pregunta más importante ¿Pesa lo mismo un campesino dueño de media hectárea que un alto ejecutivo de una minera ante un político o un ministro? ¿Le surge alguna duda para responder?
Si ya respondió, no le parecerá raro entonces que ningún parlamentario haya dicho nada sobre una situación más que grave y que podría estar afectando a varios ciudadanos. ¿Por qué no fiscalizan al Ejecutivo?
Tampoco le parecerá paradójico que el actual gobierno no tuviera impedimento alguno en el poder legislativo para tratar de eliminar del proyecto de ley para regular el cierre de las faenas mineras la obligación de la empresa de difundir el plan de cierre a la comunidad y la clausura como sanción definitiva de faenas e instalaciones.
Tampoco le parecerá raro que el célebre ministro Golborne dijera: "Hay ciertas materias respecto de la garantía que, como estaba originalmente planteada, tenía poco sentido económico poner una carga demasiado grande (a las mineras) en esa materia". ¿Una carga económica?
Un chiste a propósito de las cargas económicas. Las multas que se aplicaron en ese momento –y que probablemente aún se aplican- a “un sector que, en los últimos cinco años, ha percibido utilidades millonarias. Sólo en el primer semestre de 2010, registraron ganancias por US$ 4.656 millones, con un alza del 70% respecto del año anterior. En el mismo período, los bancos locales registraban ganancias por casi US$ 2.300 millones”, sea de 25 UTM, poco más de 900 mil pesos al valor de hoy.
Como plantea Paul A. Moore en American Corporatocracy “Los centinelas de las corporaciones, los miembros de los lobbies, deambulan por los vestíbulos del gobierno haciendo respetar la disciplina entre sus manos asalariadas, permitiendo a los más serviles alimentarse abundantemente a costa del público”. Podríamos llamar a esto The Chilean Way…The Chilean Corporatocray.
Por eso tampoco es raro que el ministro de Energía, Ricardo Raineri, de su apoyo abiertamente sin esperar la respuesta a las observaciones al estudio de impacto ambiental, o que algunos parlamentarios viajen financiados por una gran empresa de refrescos.
Por eso la anécdota mencionada al principio es tan importante. Sobre todo porque nuestra democracia más bien sería una oligarquía isonómica, donde existen derechos civiles iguales, pero no derechos políticos iguales. Rawls decía: una cosa son las libertades políticas iguales y otra el valor equitativo de dichas libertades.
Claramente, para el político, el campesino que sólo vota, no vale lo mismo que el alto ejecutivo que financia su campaña. Como decía Charles Wright Mills en La elite del poder (1956): “Si nuestro interés por los muy ricos va más allá de su consumo pródigo o miserable, debemos examinar sus relaciones con las formas modernas de propiedad corporativa y con el Estado”.
Y esto no implica que uno esté en contra de las fábricas o de las industrias per se.
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Foto: Lumaxart / Licencia CC
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