La institucionalidad de la cooperación internacional de nuestro país es un ejemplo paradigmático del conflicto generado en los últimos años entre el interés público y el privado, en un marco de escasa visibilidad pública.
Sin duda, uno de los temas recurrentes en el imaginario y en el discurso ciudadano durante los últimos años de gestión gubernamental, ha sido la compleja relación entre el interés público y el interés privado al momento de ejercer funciones públicas. Ello, ha marcado un período donde el límite o frontera entre dichos conceptos ha estado en constante cuestionamiento, no tanto desde una perspectiva teórica si no que, fundamentalmente, práctica, en tanto no es transparente para el ciudadano si la toma de decisiones y el actuar de las autoridades se enmarca completamente dentro del interés público sin violentar o forzar sus límites en beneficio del interés privado. Ejemplos de ello abundan, basta prestar atención a las dudas, críticas y cuestionamientos surgidos en la opinión pública con motivo de las crisis que han afectado a instituciones nacionales hasta hace muy poco incuestionables y de innegable prestigio social, como son el Servicio de Impuestos Internos, el Registro Civil, el Servicio Nacional de Estadísticas, entre otros. Asimismo, aparece como opaco e incomprensible un desmedido aumento del patrimonio personal si se está en el ejercicio cargos públicos, más allá de cualquier duda sobre el recto actuar y la honestidad, resulta del todo difícil comprender para la ciudadanía que ello ocurra.
En el sentido de lo ya señalado y, si bien el cuestionamiento de la relación entre el interés público y el privado no ha sido un tema del todo exclusivo a los años recientes, es en este último período donde ha alcanzado una significación social relevante y masiva (expresión de esto han sido y son los movimientos ciudadanos contra el lucro en la educación, en todos sus niveles). Ello no es casual, si no consecuencia de la explicitación de una gestión de la institucionalidad pública fundada en un modelo o modo de entender el conjunto de la realidad social desde una óptica trasplantada desde el mundo privado. En otras palabras, en el ámbito de lo público y, específicamente en la gestión de éste, se instala un modo de entender y actuar sobre la realidad que se fundamenta en lo privado, más precisamente en el interés privado, diluyendo los límites entre dichos ámbitos para los actores directamente involucrados en la gestión pública pero, al mismo tiempo, evidenciando a la ciudadanía el desvanecimiento de dichos límites en el actuar de tales actores.
Esto último resulta particularmente significativo ya que, si bien, por un lado, permite contextualizar y entender mucho del discurso, del actuar público y del modo de gestión institucional instalado durante los años recientes en Chile, por otro lado, evidencia una suerte de privatización gubernamental donde, al final del día, el accionar de los actores involucrados en la gestión de los órganos públicos no diferencia a éstos últimos de la administración de patrimonios particulares, confundiendo el interés privado con el público en beneficio del primero. Así mismo, de una nueva forma pero con el mismo contenido de fondo, instala en la sociedad chilena conflictos sociales históricos enraizados en la pugna de las grandes masas ciudadanas por la superación de las desigualdades, abusos, injusticias e inequidades contra la élite económica nacional que ejerce su influencia y poder, hoy también político, para resguardar sus intereses privados.
Existen numerosos ejemplos de crisis en la gestión de instituciones públicas donde la ciudadanía ha podido palpar directamente en su vida cotidiana las consecuencias del progresivo desvanecimiento de la línea que existe entre el interés publico y el privado, pero aún no es posible apreciar el impacto y profundidad de tal desvanecimiento en el conjunto del aparato gubernamental, dada la multiplicidad de instituciones que poseen una acotada visibilidad pública por la naturaleza de sus responsabilidades. En tal sentido, la institucionalidad de la cooperación internacional de nuestro país es un ejemplo paradigmático del conflicto generado en los últimos años entre el interés público y el privado, en un marco de escasa visibilidad pública. Dicha institucionalidad, carece de una identificación congruente con un órgano integrante del aparato gubernamental pues utiliza tanto en su actuar público nacional como internacional un logotipo que no corresponde ni se ajusta a la norma que regula la gráfica del sector público chileno, dificultando su identificación como parte integrante del sector gubernamental del Estado de Chile. Así mismo, la gestión de tal institucionalidad se opera sobre la base de directrices acotadas y específicas de corto plazo que, por su naturaleza, abordan sólo algunos aspectos de la responsabilidad legal y competencias de orden público que posee dejando, por ejemplo, abandonado el rol de la cooperación como complemento de las prioridades de desarrollo nacional.
Al no existir una política pública de cooperación internacional que enmarque el accionar de la institucionalidad estatal en el mediano y largo plazo, el interés nacional se ve postergado en beneficio de los intereses coyunturales de las autoridades del momento, que abandonan según su parecer relaciones de alta relevancia para el Chile como son atraer cooperación para apoyar el desarrollo interno del país y la relación de cooperación con los países sudamericanos. Por ejemplo, en los últimos años no se ha desarrollado ninguna cooperación con Brasil, Argentina o Venezuela, muy poca con Uruguay, y ha disminuido sustancialmente la cooperación con Bolivia y Ecuador.
Dimensionar el impacto e identificar la profundidad del desvanecimiento de la línea que separa el interés público del privado en la gestión del sector público chileno, reviste una importancia trascendental a la hora de articular una nueva gestión gubernamental, particularmente, en el escenario de cambios legales e institucionales que se abre tras la reciente elección presidencial. Ello, no tan solo para posibilitar una gestión que retome el camino republicano del compromiso con el servicio público por parte de los funcionarios que administran y gestionan el bien común a través de las instituciones gubernamentales, si no que, también, por un deber ético con la ciudadanía ya demasiado cansada de sufrir desengaños por el actuar de quienes declarando buscar el interés público en la gestión gubernamental terminan privilegiando el interés privado propio o de los suyos.
En el sentido de lo señalado, quizás el rol fundamental de las autoridades gubernamentales de resguardar e impulsar el bien común velando por la exclusiva y permanente preeminencia del interés público en la gestión de las instituciones, no tenga tanto que ver con el tan manoseado y desprestigiado concepto de seleccionar a “los mejores” para dicha gestión. Ya todos hemos comprobado empíricamente en que resultó su implementación durante los últimos años. Por el contrario, tiene que ver con generar mecanismos que permitan avanzar hacia una administración fundada en principios éticos de servicio a la ciudadanía, que le restituyan a ésta la confianza en que las autoridades velarán por el resguardo del interés público en cada uno de los actos gubernamentales.
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Foto: www.fotopresidencia.cl
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