La existencia de eventuales falsos exonerados debe investigarse a fondo en beneficio de los verdaderos exonerados, los que la sufrieron. No olvidemos que la ley que los favorecía apunta a reparar, aunque en mínima parte el daño infligido por quienes fueron los responsables de los daños causados.
El caso de las pensiones a falsos exonerados políticos le ha venido como anillo al dedo al gobierno y a la derecha en tiempos de elecciones. La Contraloría emitió un informe en el que se concluye que casi 3 mil personas no reúnen los requisitos establecidos por la ley para calificarlos como exonerados políticos, esto es, personas que perdieron sus trabajos por razones políticas.
Como resultado de todo esto, han salido varios trapitos al sol que nos dejan con la boca abierta. Como es el caso de conspicuos personajes que reciben pensiones como exonerados políticos. Es una vergüenza. Se eximen de esta vergüenza quienes han renunciado a estos beneficios que por ley les pudiera corresponder, pero que por ética, por decencia, han resuelto no recibirlos.
Este es uno de los dramas que vive nuestro país. La decencia está por los suelos. Se asume que estas pensiones estaban destinadas a quienes la han pasado mal por razones políticas, perdiendo sus trabajos, siendo forzados a exiliarse, afectados por torturas y/o detenciones. El origen de la ley es impecable, apunta a reparar un daño manifiesto, pero su mal diseño e implementación habrían posibilitado su aprovechamiento por algunos.
Curiosamente, quienes hacen gárgaras con este escándalo, no son sino desde las sombras avivaron la cueca a los altos mandos de las FFAA para que tuvieran lugar las repudiables acciones que dieron origen a la ley que apuntaba a reparar en mínima parte el daño causado.
Lo que corresponde es separar la paja del trigo, esto es, investigar y que la justicia actúe sin contemplaciones, verificando que quienes reciban las pensiones sean efectivamente acreedoras de ellas; en caso contrario, deben detenerse los pagos y exigirse la devoluciones pertinentes, aunque esto último difícilmente pueda tener lugar. También debe tenerse presente que no siempre es posible verificar fehacientemente la condición de exonerado político a casi 40 años de los hechos. Sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos de manifiesta mala fe en la aplicación de la ley, por una suerte de mínima decencia, debe ponerse atajo.
Junto con ello sería bueno que el gobierno y la derecha deje de seguir disparando al voleo y dejar que la justicia cumpla con sus obligaciones. Y sobretodo que, a través de dos de sus diputados, no se aproveche del pánico, presentando un proyecto destinado a amnistiar a los responsables de los delitos que motivan las pensiones a los exonerados políticos. El ladrón detrás del juez.
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