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El escándalo de la ficha social y los pobres que el Estado no conoce

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En Chile ninguna familia ha dejado de ser vulnerable desde principios de 2012, aunque se haya ganado el Kino o aunque tenga más miembros en edad de trabajar. Lo peor, tampoco familia alguna ha pasado a ser vulnerable (por lo tanto no puede optar a beneficios sociales) aunque el sostenedor haya quedado sin ingresos o un integrante haya sido afectado por alguna discapacidad.

Durante la campaña presidencial la candidata Evelyn Matthei motejó a la Ficha de Protección Social (FPS) como un mal instrumento de focalización, asegurando que “perjudica a las personas que se esfuerzan”. Por eso, según ella, el actual gobierno la estaba cambiando.

Pocos días después de la segunda vuelta el gobierno aplazó, nueva e indeterminadamente, la entrada en vigencia de la llamada ahora “Ficha Social”, que reemplazaría a la FPS. Ya no parece tan urgente solucionar la “injusticia” denunciada.

Recién asumido, el primer ministro de Mideplan de la actual administración, Felipe Kast, formó un “comité de expertos” para la formulación de la Ficha Social. Coordinado por el actual presidente del Consejo Nacional de Educación, Ignacio Irarrázaval, este equipo entregó sus propuestas al Presidente Piñera en noviembre de 2010. Kast, que anunciaba los primeros cambios para marzo de 2011, aseguraba que “la Ficha de Protección Social es la llave de paso para que muchas personas ingresen a diversos programas sociales, pero actualmente esta llave está oxidada y debemos arreglarla”.

En julio del 2011 asumió la cartera el ministro Joaquín Lavín, quien en sus primeros días en el cargo tuvo que responder los cuestionamientos de las senadoras Isabel Allende, Soledad Alvear y Ximena Rincón, que presentaron numerosos reclamos de personas que, pese a ser damnificados por el terremoto, según la nueva Ficha eran menos vulnerables que en la medición de la anterior FPS. Pese a ser damnificadas, esas personas veían bloqueado su acceso a beneficios sociales en virtud del nuevo instrumento.

El ministro Lavín mostró la verdadera preocupación del gobierno. Dijo que el principal problema de la FPS es que «efectivamente está mala, no es una buena ficha (ya que) ha permitido que personas que no son pobres hayan obtenido beneficios falseando sus datos». Es decir, el nuevo aparataje, más que a medir la vulnerabilidad, buscaba descubrir la mala fe.

Según declaraciones de funcionarios del MDS, lo que ocurría con la aplicación de la nueva Ficha Social era una suma de errores y situaciones no contempladas que hacían subir el puntaje de las familias aunque su situación de vulnerabilidad se hubiese acrecentado.

Al revisar las bases de datos se repetían casos como el de un chatarrero que según el nuevo sistema había dejado de ser vulnerable porque aparecía en el Registro Civil como dueño de varios vehículos. O de preguntas que, al estar mal formuladas, eran mal capturadas por los encuestadores y hacían subir los puntajes artificialmente.

En algún momento del 2013, si no se aplicaban filtros y correcciones a los datos del nuevo sistema, algunos servicios del área social veían reducidos los postulantes a sus programas en dos tercios. Para la nueva Ficha más del 60% de los usuarios habían dejado de ser vulnerables.

La nueva Ficha Social del actual gobierno, mágicamente convierte a buena parte de la población vulnerable en clase media. Mientras la distribución del ingreso sigue siendo altamente concentrada, para la nueva Ficha Social la vulnerabilidad se distribuye mágicamente en una pendiente constante entre los diferentes quintiles de población. Si ella se aplicase, dejaría fuera del sistema de protección social al menos a un 50 por ciento de la población que hoy se considera vulnerable.

Una posibilidad es que la distribución del ingreso haya cambiado drásticamente desde la última CASEN. La otra, la más creíble, es que la nueva Ficha Social se concentró tanto en descubrir eventuales engaños al sistema, que tiene errores metodológicos graves que hacen no confiable su información.

Aunque el gobierno destacaba que la Ficha Social era más completa y tenía más preguntas, lo cierto, según los funcionarios, es que el modelo de cálculo tuvo que descartar varias preguntas. Simplemente la información capturada no sirve para medir lo que se pretendía.

Ello llevó al ministro Lavín a asumir una verdadera “cascada” decisional que a la larga sirvió, básicamente, para dilatar el problema hasta después de las elecciones, pero que implicó durante 2012 y 2013, negar a miles de ciudadanos de sectores vulnerables beneficios a los cuales tienen derecho por ley.

La primera decisión fue respecto de la necesidad de contar con más nuevas Fichas aplicadas para tener elementos para depurar las bases de datos. Para ello el Ministerio de Hacienda autorizó un gasto de 12 mil millones de pesos al MDS durante 2013. Se transfirieron cuantiosos recursos a los municipios y se tomaron medidas para presionar por la aplicación de fichas. La segunda, dado los problemas de la nueva Ficha, fue aplazar su utilización varias veces (el último plazo era enero de 2014, aunque ahora del actual ministro Baranda dejó la decisión al futuro gobierno). La tercera, dado lo anterior, fue que para toda la operación de los programas sociales se continuaría utilizando el puntaje de la FPS (la ficha antigua que perjudica a los pobres según Matthei). La cuarta, dado que la FPS ya no se estaba aplicando, los puntajes fueron “congelados” al puntaje de fines de 2011.

Para decirlo claro, esto significa que en Chile ninguna familia ha dejado de ser vulnerable desde principios de 2012, aunque se haya ganado el Kino o aunque tenga más miembros en edad de trabajar. Lo peor, tampoco familia alguna ha pasado a ser vulnerable (por lo tanto no puede optar a beneficios sociales) aunque el sostenedor haya quedado sin ingresos o un integrante haya sido afectado por alguna discapacidad. Por ejemplo, una pareja joven recién formando familia, cesante, que tuvo un hijo el 2013, no tiene puntaje de vulnerabilidad para optar a beneficios, pues al ser un grupo familiar nuevo no posee FPS  y se les aplicó la nueva Ficha que no ha entrado en funcionamiento. Son pobres que el Estado no conoce.

Buscando pillar a los frescos, el actual gobierno cayó en el peor de los clientelismos con una falta de seriedad horrorosa. Quienes podían acceder la protección social en 2012 no sólo vieron asegurado su puntaje, sino que se cerró la puerta a otros que necesitaran acceder.

El gobierno ha reconocido que se han aplicado más de 2 millones 100 mil Fichas Sociales. Estimamos que el gasto del proceso podría llegar a unos 20 mil millones de pesos. La cifra no ha sido entregada oficialmente por autoridad alguna. Sólo se reconocen los 12 mil millones oficializados por Hacienda y, de hecho, la asociación de municipalidades ha pedido a la Contraloría que investigue el uso de los recursos gastados.

No sólo se trata de recursos dilapidados. Lo más importante es que a muchos chilenos se les ha conculcado administrativamente el acceso a servicios sociales a los cuales tienen derecho por ley, lo cual podría ser incluso motivo de investigación judicial.

Resulta lamentable que mientras la discusión entre los expertos se centra hoy en avanzar hacia la universalidad de derechos más que perfeccionar la focalización, nuestro país haya dilapidado varios millones de dólares y desperdiciado los últimos cuatro años en intentar perfeccionar un instrumento de medición de la vulnerabilidad con un enfoque absolutamente anticuado.

Con todos sus bemoles, la FPS era confiable, tanto que aún se sigue utilizando. Mientras, la nueva Ficha, ni siquiera sus creadores se atreven a usarla. Por su parte los pobres, especialmente los nuevos pobres, siguen esperando que el Estado se entere que existen.

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23 de enero

ERA EL GOBIERNO DE LOS MEJORES, ERAN QUIENES ,SOLUCIONARÍAN LA VIDA, DE LOS CIUDADANOS DESPROTEGIDOS, ACABARÍAN CON LOS SINVERGUENZAS, DE SIEMPRE QUE USUFRUCTÚAN, DEL ESTADO CUANTO ES REALIDAD, SOLO FUE CON LETRA CHICA, AUNQUE LOS ANTERIORES GOBIERNOS NO SE SALVAN DEL DESCRÉDITO , CON LOS AMIGUISMOS, COMPADRES, CAMARADAS ,FAMILIARES, OPERADORES POLITICOS, COBRANDO PENSIONES INMERECIDAS , OCUPANDO PUESTOS DE TRABAJO CON SUELDOS EN DESMEDRO DE LOS VERDADEROS FUNCIONARIOS , CUANTOS AÑOS TRABAJANDO SIN PREVISION, Y SIGUEN IGUAL SIN DERECHO A ENFERMARSE SIN NINGUN BENEFICIO LEGAL, Y SI ESTA CRUEL REALIDAD NOS GOLPEA SERA MUY DIFICIL, QUE EL NUEVO GOBIERNO , REPARE EL DAÑO CAUSADO A LOS TRABAJADORES PÚBLICOS, ESTO, SE INICIO EN SUS PROPIOS GOBIERNOS , LA NUEVA FICHA CUANTO MAS DEBERÁN ESPERAR LOS CIUDADANOS VULNERABLES ESPERANDO RECONOZCAN SUS DERECHOS , SE DESPERDICIARON MILES DE MILLONES , AYER HOY Y MAÑANA , NADIE RESPONDE TOTAL ES DEL ESTADO PAGA MOYA

23 de enero

Muy buena entrada Luis!

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