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El discurso del Estado nación como narrativa de dominación

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La sociedad actual en Chile además se presenta cada vez más como aquello que Habermas define bajo el concepto de sociedad compleja, la cual no puede seguir apelando para su convivencia a un ente común, como una misma historia, origen, valores, sentimientos o creencias -todos los mitos del discurso nacional-, sino debe apelar fundamentalmente a una construcción legitima de los procedimientos legales. Es decir, a la participación social activa en la formación de la ley y el ejercicio del poder.

¿Cómo podemos salir de la dominación en la cual nos encontramos? ¿Por qué el hombre no sabe salir del círculo de opresión y violencia? Esta inquietante y crucial pregunta pertenece al filósofo alemán Theodor Adorno. Se cree que la madre de todos los problemas en Chile es la Constitución Política de 1980, promulgada en dictadura, confirmada en democracia. Una mayoría importante está de acuerdo en esto. Sin embargo, no estamos presos de la Constitución como unos lamentan, ni tampoco somos esclavos del sistema binominal, de lo que verdaderamente estamos encadenados es de la narrativa sobre que la Constitución está mala y hay que cambiarla. La Constitución y el sistema electoral binominal conllevan también la existencia de un discurso político, por ello no es tan fácil reformarlo o derogarla. Allí hay un limbo de slogans, promesas, proyectos, señales, lamentos, justificaciones, etc. Estamos presos del discurso que nos hemos empoderados y que es la sociedad civil quien regula, resguarda y hace valer sus derechos fundamentales. Al final del día, de las marchas, protestas, tomas, cartas, proyectos de reforma, mesas de diálogo, parlamentos, después de toda acción social por entrar en el juego del poder y poder definir, como se ha dicho, las reglas del mismo, solamente nos encontramos nuevamente con el mismo discurso un poco más adornado repitiendo lo que la sociedad quiere. No podemos salir de él, estamos presos de algo que no sabemos, la pregunta de Adorno sigue entonces abierta.

La constitución del 1980 como se nos presenta hoy en día es el ritual de exclusión más grande que posee la clase política para seguir resguardando una institucionalidad moldeada a su favor, la de sus intereses partidistas y la de grupos económicos. Con razón enseñaba Hannah Arendt entonces que la lucha por los derechos fundamentales del hombre es finalmente siempre la lucha de los que no tienen derechos constitucionales.

Pero el problema no se deja reducir a lo estrictamente legal.

Se debe insistir en que el discurso nacional es una gran narrativa, la cual se utiliza deliberadamente para la justificación de determinadas decisiones político-jurídicas que componen la praxis del poder estatal. El problema al cual nos enfrentamos hoy es que la narrativa del Estado nación deja de ser útil para justificar y fundamentar el uso de los medios de violencia del Estado. El gobierno no está respondiendo con más violencia a los conflictos sociales, está respondiendo con Derecho. Legisla la extensión de su violencia para legitimarse en nombre de la nación. La violencia no corre espontánea y descontrolada como muchos piensan, por el contrario ella sigue determinados rituales y reglas, su ejercicio puede ser leído como un complejo sistema de comunicación en el cual o se busca asegurar el significado de ciertas estructuras sociales o destruirlas.

A través de la educación y los medios de comunicación se busca gobernar imponiendo estructuras de pensamiento o formas precisas de interpretación de la realidad, que son a su vez medios de transmisión de estructuras de poder y control social. Las categorías de terrorista, encapuchado, trasgresor del orden público o dañino para la nación son simplemente, en este sentido, imaginarios sobre la violencia o actos de violencia cuya función es la producción de prejuicios. La manera en que son interpretados los conflictos sociales descansa entonces considerablemente en formas masivas de imposición de determinadas percepciones de la realidad, muchas veces dramatizadas mediáticamente a través de la propaganda, evitando el lado racional del hombre y apelando a su ´´subconsciente“, sus emociones y necesidades más profundas o banales. De esta forma se logra ese bien preciado de la política que es el consentimiento. El riesgo de la incuestionable imposición de estos imaginarios es que la gente se sienta tranquila en escenarios donde no deberían estarlo, crea que hay por tanto equidad detrás del sueldo mínimo, que su voto tiene efecto, que las instituciones funcionan, o sea feliz consumiendo. En ese momento, declara Orwell, nos harán amar nuestra esclavitud.

El gran objetivo del gobierno de resguardar o restituir el orden público y hacer valer el Estado de Derecho, significa que el gobierno y los anteriores fracasaron en la realización del discurso del Estado nación. En otras palabras, lo que el gobierno pretende es hacer valer el Estado de Derecho como compensación por el fracaso de las políticas nacionales, ya sean sociales, económicas o de integración. De esta forma los proyectos de ley antiterrorista y “anti capuchas” aparecen como la última salida a enormes problemas socio culturales, porque el Estado ya ha fracasado como proyecto histórico en sus grandes objetivos nacionales.

La producción de seguridad estatal además no necesariamente es la protección de una identidad nacional, detrás de la justificación de la violencia en nombre del orden público no se esconde, por decir así, ninguna verdad más que la de controlar, el poder mismo. Los griegos, relata Rousseau, se sintieron también tranquilos en la caverna de los cíclopes y vivieron allí tranquilos antes de ser devorados. No debemos olvidar además que nuestro concepto de nación nace bajo el lema del concepto civilización, el cual lejos de ser una categoría o bien cultural y moral, es en su significado más puro, simplemente la monopolización del ejercicio de la violencia por parte del Estado.

La sociedad que se busca defender es la sociedad del status quo. Todos sabemos qué significa esta idea, a quienes beneficia, premia y excluye. Esta narrativa indica que la unidad nacional y la suma de fuerzas se dirigen al progreso y desarrollo -ya tiene fecha incluso- y que debemos sumarnos a esta corriente histórica.

El discurso del Estado nacional en Chile está sin embargo trastocado, invertido, por eso no tiene sentido ni efecto en la sociedad actual. Tal narrativa vinculada a la Constitución en vez de homogenizar a la sociedad, lo que hace por el contrario es diferenciarnos. Los derechos que ella garantiza, así como las condiciones de vida que allí se establecen, sólo las disfrutan algunos. Las instituciones y el sistema normativo en general funcionan y dejan de funcionar también cada vez más sólo para un puñado. En muchos sentidos nos empuja a un proceso de diferenciación social y por tal de jerarquización de un orden desigual del poder y reproductor de desigualdad social.

En síntesis, el derecho depende del estándar de vida de la personas y la clase política persiste en el error de entender a la sociedad civil como parte de su poder.

La sociedad actual en Chile además se presenta cada vez más como aquello que Habermas define bajo el concepto de sociedad compleja, la cual no puede seguir apelando para su convivencia a un ente común, como una misma historia, origen, valores, sentimientos o creencias -todos los mitos del discurso nacional-, sino debe apelar fundamentalmente a una construcción legitima de los procedimientos legales. Es decir, a la participación social activa en la formación de la ley y el ejercicio del poder. En otras palabras, la nación ya no debe ser la convención sobre una forma de vida determinada dada por una historia nacional en común, ni el acuerdo cultural y social entre distintas etnias o culturas en una feliz síntesis histórica, sino simplemente debe entenderse como la convención social sobre las leyes bajo las que queremos vivir juntos y sobre todo la convención de cómo y bajo qué condiciones queremos que se ejerzan esas estructuras de poder sobre nuestro diario vivir. Estas condiciones aparecen hoy como irrealizables para el agotado proyecto de Estado nación en Chile y su sistema normativo, de modo que quienes lo defienden, terminan utilizándolo meramente como estrategia argumentativa.

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Foto: Andrea Ugarte / Licencia CC

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Soledad Teixidó

25 de enero

Me gustaría ubicar a Fernando Perez autor de esta excelente columna

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