En torno a la discusión sobre Punta de Choros, ha quedado manifiesto el desconocimiento de principios democráticos -tanto de gobernantes como gobernados- como el derecho de la sociedad civil a disentir con el poder, y la necesidad de desconfiar siempre de los gobernantes electos y sus promesas.
El que una funcionaria del Estado, del gobierno, se refiera a otros ciudadanos que se oponen a una medida gubernamental, como “hippies de mierda”, denota una clara distorsión en cuanto a qué es la democracia.
Lo que diferencia a la democracia del viejo orden monárquico son tres elementos ideales claves:
1. La ciudadanía elige a sus gobernantes y, por tanto, tiene el derecho a exigirles cumplir lo prometido.
2. La ciudadanía puede mirar con recelo al gobierno, sin importar incluso si es de su preferencia, teniendo presente que los gobernantes no son infalibles ni iluminados por dios, sino simples seres humanos. Esto porque “el Estado hace las leyes y, a menos que haya una opinión pública muy atenta en defensa de las libertades justificables, el Estado hará la ley a su propia conveniencia, la cual puede no corresponderse con el interés público” (Bertrand Russell).
3. La ciudadanía tiene el derecho a disentir de las decisiones del gobierno, y de oponerse de forma legal y pacífica, si así le parece, excepto si el gobierno entra en un plano agresor. Como decía Bertrand Russell, “si se quiere que la ley sea respetada, debe ser considerada digna de respeto”.
No obstante, en torno a la discusión sobre Punta de Choros, ha quedado manifiesto el desconocimiento de dichos principios democráticos claves.
La gente se muestra impactada -e incluso traicionada- ante el eventual no cumplimiento de campaña por parte del Presidente, aunque conocida es la anécdota –que refleja muy bien la lógica electoral de promesas a destajo- donde el político promete un puente para un pueblo, y luego que un campesino le dice que no hay río, el político “honorable” le dice: le hacemos el río también.
No es extraño que los políticos de todos lados prometan muchas cosas para luego no cumplirlas, y que luego los ciudadanos digan impactados: “pero si lo prometió…”.
Lo anterior refleja una de las falencias de la democracia moderna, el problema del agente-principal, donde los electores, una vez electos los candidatos, no cuentan con más herramientas para sancionar a los gobernantes, y deben esperar a la próxima elección para premiarlo o castigarlo con su voto, si es que además tienen buena memoria para hacerlo.
Los ciudadanos no tienen forma de exigir el cumplimiento de esas promesas (sobre todo si el nivel de agregación es mayor), por tanto es clave desconfiar siempre de los candidatos y gobernantes.
Adicionalmente, la mayoría de las personas en nuestra democracia parece seguir el viejo principio monárquico, divinizando a los candidatos y gobernantes que les gustan, sus ídolos políticos del momento, suprimiendo en torno a éstos cualquier juicio crítico o desconfianza. Confían en ellos en una lógica religiosa, como si se tratara de extraterrestres o seres divinos.
En tercer lugar, el apelativo de “hippies de mierda” y la posterior actuación policial frente a las expresiones de descontento por la termoeléctrica muestran la reducción -por parte de los gobernantes- de la democracia al mero acto simbólico electoral cada cierto tiempo; y de los ciudadanos a meros votantes.
Todo lo anterior, trae consigo una clara visión autoritaria y despótica de la democracia y del gobierno en cuanto a los ciudadanos, que no es exclusiva de un sector político sino que es transversal a la clase política en general.
Así, ven a los ciudadanos como un rebaño ignorante al que deben guiar desde arriba y no como individuos racionales capaces de decidir y disentir con ellos.
Bajo ese prisma, no es raro –pero sí profundamente lamentable- que en la eventual decisión en cuanto a Punta de Choros, claramente no se considera a la sociedad civil ni a otros ciudadanos como agentes válidos en discusiones que afectan a una comunidad entera.
Los tres principios antes mencionados son claves si se tiene presente que –tal como decía el sabio de Russell- “la democracia, aun cuando mucho menos susceptible a los abusos que la dictadura, no es en absoluto inmune a los abusos de poder por parte de la autoridad o de intereses corruptos”.
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Foto: Greenpeace_Chile / Licencia CC
Comentarios
26 de agosto
de acuerdo, parece el chiste más cruel eso de que las promesas de campaña quedan en eso, en promesas. sin embargo, junto con discutir este problema con mi familia, creo que más allá del color político responsable, aquí lo que importa es que estas cosas no pasen sin pena ni gloria y sean desplazadas por los «cazabobos» que amablemente nos entregan los medios.
se cometieron muchos errores, se cometen y cometerán: así es la cosa; pero creo que quienes creyeron en un proyecto que llamaba a una nueva forma de gobernar y sigue repitiendo las mismas practicas mañosas del pasado, se tienen que hacer responsables de exigir al candidato que ayudaron a elegir como presidente, que cumpla lo que prometió.
(con esto no estoy diciendo que la otra opción era mejor, ni mucho menos)
responsabilidad que también recae en quienes hoy elevan canticos contra el presidente en marchas y encuentran repudiable su figura. ellos también deberían responsabilizarse por dejar que tercerjos decidan quién dirija nuestro país y hoy tome decisiones que hoy afectan a todos, sean jipis de mierda o no. (y ojo, que con esto tampoco afirmo que la otra opción fuese mejor)
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26 de agosto
Noto algo sesgado el artículo, seguro fruto de la coyuntura actual, lo cual queda sintetizado en la cita final de Bertrand Russell: “la democracia, aun cuando mucho menos susceptible a los abusos que la dictadura, no es en absoluto inmune a los abusos de poder por parte de la autoridad o de intereses corruptos.” Esta podría ser complementada por John S. Mill: «La nación no tendría necesidad de ser protegida contra su propia voluntad. No habría temor de que se tiranizase a sí misma.»
En democracia, no es únicamente el mandatario electo el que es susceptible al abuso de poder, la mayoría también. Un político no será elegido si no satisface las demandas de la mayoría electoral, independientemente de si estas son legítimas o no. Esto establece un mecanismo de incentivos perversos donde el político, para llegar al poder, le ofrece un caramelo envenenado a la ciudadanía al convertir los deseos de ésta en derechos. En función de cómo sean satisfechas esas demandas recibirá su apoyo o no. La democracia moderna es cada vez más una democracia ilimitada, con todos los peligros que ello entraña. Ejemplo de ello fue una reciente votación popular en una comuna de Santiago que evitó la construcción de un centro comercial. ¿Dónde quedan los derechos del dueño legítimo de la propiedad? Lo terrible de ceder a la voluntad de la mayoría es que ésta también se puede volver despótica y/o ser pasto fácil de los intereses de grupos particulares.
El caso puntual de Punta de Choros esta directamente relacionado con que el poder del Estado se sale de lo que debería ser su esfera natural, otorgandose la jurisdicción legítima sobre el medioambiente. Otro ejemplo actual, relacionado con la venta de Chilevisión, es el del espectro radioeléctrico, sobre el cual el Estado también tiene la última palabra. El monopolio estatal sobre esos dos ámbitos de decisión es ilegítimo y se basa en la amenaza del uso de la fuerza. En ambos casos, el medioambiental y el del espectro radioeléctrico, el problema surge de derechos de propiedad mal definidos.
Por último, llama la atención el «timing» político de la polémica, apareciendo justo después de que el gobierno de Piñera se anotara un punto por la gestión en el caso de los mineros atrapados en el norte. Demasiada casualidad para mí.
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26 de agosto
Doble de Murray es claro que acá no están bien definidos los derechos de propiedad. Concuerdo en el riesgo de las mayorías, no obstante acá no es el caso. A no ser que creas que la empresa está en peligro por que en internet es cuestionada.
¿Se protege la propiedad de pequeños agricultores o dueños de restaurants en la zona, por ejemplo?
Lo que me llama la atención de tu defensa es que obvias los nexos entre los burócratas y las empresas relacionadas, lo que refleja la clara lógica de capitalismo de amigotes, de Estado. O sea, un gobierno fuerte, de amplia intervención, con el fin de dar privilegios monopolistas a grandes empresas…
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26 de agosto
Jorge,
El punto central es si se están violando los principios generales del Derecho o no. Es un problemá únicamente de derechos de propiedad mal definidos, lo cual se presta a abusos de lo que llamas capitalismo crony, pero también a la manipulación de la opinión pública por parte de los ecologistas sandía.
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26 de agosto
¿Y quién establece los principios generales del derecho? El Estado
¿Y quiénes tienen la capacidad de cambiar esos principios? Los legisladores o políticos.
¿Y quiénes tienen acceso a reuniones y nexos con los políticos? No el pescador artesanal de la zona, sino la empresa que podría financiar su próxima campaña.
¿Qué principios generales del derecho establece el Estado entonces a través de los legisladores?
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