La política de los consensos o política de los acuerdos, es el sello con el que ha quedado en la historia, el período de la Concertación de partidos por la democracia. Según coinciden, unos con más apasionamiento que otros, el período de gobierno más estable y exitoso de nuestra historia. El crecimiento económico récord, a tasas nunca más vistas, la reducción de la pobreza de un 40% a un 12%. Como suele suceder con los procesos de transformación social y política, a medida que nos alejamos de los hechos, el juicio histórico va cambiando. Y lo que ayer era considerado un proceso de transición a la democracia, modelo en el mundo, ahora deviene en algo no tan puro ni transparente.
La información con la que se cuenta hoy, es similar a la que se sabía de antes, pero ahora documentada, e incluso con numerosos procesos judiciales en marcha. Sucede que durante ese mismo periodo, de los 20 años de la concertación, se inició el financiamiento irregular de la política, la relación incestuosa del dinero y la política, y el poder desmedido y sin control de quienes tienen el monopolio de las armas. Los escándalos de corrupción que golpearon empresas y partidos políticos, detonaron después, así como el de la corruptela conocida como “Milicogate” y “Pacogate”. En la práctica los hechos se produjeron durante décadas, sin sanción ni reproche alguno de las instancias fiscalizadoras y de control.Cuando nos enfrentamos hoy, a 30 años del retorno a la democracia, a una nueva instancia decisiva. Enfrentamos las mismos dudas, de esos primeros años de gobiernos democráticos.
Cuando hablamos del consenso de los años 90´, recordamos esas eternas reuniones en La Moneda o en grandes hoteles, donde un joven Enrique Correa, hacía gala de su habilidad para crear redes, y negociar, tanto con la derecha como con los militares. De él, llegó a decir el propio dictador, que si lo hubiese tenido en su gabinete no hubiera perdido el poder. Una aplaudida política de acuerdos que a la luz de los hechos posteriores, permite dudar acerca de su existencia.
Gran parte del contenido de la constitución política de Guzmán y Pinochet, tuvo por propósito impedir el ejercicio de las grandes mayorías. La idea era constreñir de tal modo a los adversarios del dictador, si llegaban al gobierno, que en la práctica, se vieran obligados a actuar muy parecido a como ellos mismos lo harían. Se diseñó un entramado legal con senadores designados por el propio dictador. Con un sistema electoral binominal que empataba artificialmente a las fuerzas de oposición y de gobierno. Los quórum supramayoritarios que impiden hacer modificaciones estructurales, sin contar con el apoyo de los adversarios políticos. Leyes de “amarre” dictadas en los últimos días de la dictadura el año 1989, y las llamadas “leyes secretas”, que ni siquiera se publicaron en el diario oficial.
Decíamos que la propia existencia del consenso y la política de los acuerdos, con el devenir de tiempo, es controvertida. En el fondo a las autoridades de gobierno de la concertación, no les quedó otra alternativa que someter su acción política, a lo que estuvieran dispuestos a conceder los partidos que defendían el legado de Pinochet.
La política de los consensos, más bien fue la política “En la medida de lo posible”, la famosa frase del presidente Aylwin, refiriéndose al objetivo de su gobierno, en cuanto a justicia en casos de DDHH.
Nunca se contó con mayorías parlamentarias suficientes para sortear las barreras instaladas por Guzmán y asociados. La Concertación hizo lo que pudo, con el beneplácito y la aprobación de los grandes grupos económicos, a quienes garantizó estabilidad. No hubo ni grandes cambios laborales ni tributarios, y se mantuvo contenida a la Central de trabajadores y grandes sindicatos.
Cuando nos enfrentamos hoy, a 30 años del retorno a la democracia, a una nueva instancia decisiva. Enfrentamos las mismos dudas, de esos primeros años de gobiernos democráticos. La amenaza de que cosas horribles pasarían si el dictador no ganaba el plebiscito. Se actualiza por sus herederos, llamando a conservar lo que queda de la constitución de Pinochet.
Sin el miedo de hace 30 años, el denominado “estallido social”, nos muestra la necesidad de construir verdaderos consensos en nuestra patria. El sueño de que en 2020 Chile sería desarrollado, no se cumplió. Tampoco que a esta fecha los jubilados sacarían el 100% de su remuneración como pensión. Hay muchas razones para el descontento. La confianza en las instituciones está por los suelos, y hoy en día no existen figuras públicas que conciten una adhesión y respeto, que les permita liderar.
En este escenario, con más incertezas que certidumbres, es imprescindible que todos y cada uno de nosotros, ciudadanos comunes y silvestres, tomemos el control de nuestras vidas. Tenemos una oportunidad histórica de ser dueños de nuestro propio destino. Pero debemos hacerlo en paz. Debemos construir puentes allí donde se alzan barricadas y cercos policiales. Debemos llevar tranquilidad y apoyo allí donde se teme abrir el pequeño comercio o la oficina. Debemos conocernos más, con nuestros vecinos, nuestros caseros de la feria o el almacén. Con la cara descubierta y las manos limpias. Es el único camino posible para retomar la senda del progreso, y que esta vez, llegue a todos.
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