Expectación ha generado las formalizaciones realizadas por la justicia a altos personeros del grupo PENTA, donde destacan sus controladores Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y en el ámbito político el ex Subsecretario de Minería del gobierno de Piñera, Pablo Wagner. La cobertura mediática como nunca ha sido bastante decidora en relación a la relevancia que tiene este caso para el futuro de Chile, donde se debate la construcción de un país democrático, con igualdad ante la ley y con oportunidades para todos, o seguir con el paradigma impuesto y heredado de la época más oscura de la historia nacional.
Es bien sabido que la mutua relación que ha existido en muchos momentos de nuestra historia republicana entre la política y el poder económico, donde éste último ha incidido de forma decidida en la toma de decisiones en los altos niveles de la vida pública, como lo ocurrido en la Guerra Civil de 1891, donde el imperialismo inglés y la oligarquía nacional se unieron para frenar el proyecto progresista y desarrollista del Presidente Balmaceda, que pretendía disponer del salitre como principal recurso natural con el fin de alcanzar el progreso material e intelectual de Chile. Los mismos poderes luego de décadas de democratización jugaron todas sus cartas para derrocar al gobierno de Salvador Allende y así recuperar los privilegios que habían mantenido por un período de tiempo bastante largo.El grupo PENTA es el caso paradigmático de cómo de forma planificada se fabrica una simbiosis entre política y negocios y aquella relación busca reproducirse por sí misma para asegurar la naturalización de un sistema que pretender ser único y hegemónico en la vida nacional e internacional.
El grupo PENTA es el caso paradigmático de cómo de forma planificada se fabrica una simbiosis entre política y negocios y aquella relación busca reproducirse por sí misma para asegurar la naturalización de un sistema que pretender ser único y hegemónico en la vida nacional e internacional. El proceso de privatizaciones de la dictadura fue el que originó ese holding a partir de la desaparición del Instituto de Seguros del Estado, y gracias a ese oprobioso régimen muchos personeros de la derecha se enriquecieron a costo del sufrimiento de los chilenos, y parte importante de ese dinero se ha destinado a financiar campañas electorales, principalmente de la UDI.
Los aludidos buscaron todas las estrategias posibles para desviar la atención de la opinión pública y se la jugaron por la política del empate. Con la renuncia de Sebastián Dávalos a su cargo y al Partido Socialista, quedó claro que la ciudadanía le cobra su palabra al gobierno y pone a prueba a la Nueva Mayoría y la posición que toma frente a estos escándalos político-empresariales. El proceso de reformas en distintos ámbitos ha logrado a pesar de la incertidumbre calar y lograr un importante apoyo popular, y es menester que el conglomerado oficialista siga con su compromiso de cumplir con el programa de gobierno mientras entrega señales claras de no permitir que se reediten los conflictos de interés y otras malas prácticas provenientes del pasado concertacionista. La derecha al ver que su táctica de dañar la imagen de la Presidenta no dio los resultados esperados para tapar las implicancias del caso PENTA, ha dirigido sus dardos al poder judicial para tratar de mantener la cortina de humo.
Es conocido el permanente asedio que sufrieron los jueces y la institucionalidad judicial durante el gobierno de Piñera. En el debate sobre delincuencia la derecha siempre culpó al poder judicial sobre lo que ellos denominaron “la puerta giratoria”, incluso llegando al extremo de que en algunas declaraciones se atentara contra la independencia del poder judicial en relación a los demás poderes del Estado, lo que es un pilar de la ideología liberal. Luego de perder la batalla contra la delincuencia, blandiendo los mismos argumentos vacíos y la lógica punitiva, cuando la justicia llega a los peces gordos los conceptos cambian a persecución política, sesgos y falta de imparcialidad.
“Si yo me hundo, todos se hunden conmigo”. En esa frase se resume la intencionalidad nefasta con que la UDI pretender arrastrar a todo el mundo con ellos hacia el abismo de la desconfianza, señalando como lo hizo Evelyn Matthei que estos casos de financiamiento ilegal de la política son generalizados y la desconfianza hacia la justicia se manifiesta por ejemplo en las detenciones ciudadanas. Curioso como al mismo tiempo que se manifiestan en contra de lo que ellos llaman “populismo”, entre líneas apoyan el no respeto a las leyes y a la institucionalidad, siendo muchas veces impulsores de lo mismo en otros países apoyando campañas de desestabilización y golpes de Estado encubiertos. Al utilizar como síntoma de que todo el sistema está mal a los linchamientos callejeros abren paso a un clima de desestabilización, violencia, descrédito de la actividad política, el que ya han mancillado constantemente ocupando el término “clase política”.
Mientras la UDI juega a hacerse la víctima, todo un pueblo espera que se terminen los abusos y de una vez por todas haya clara igualdad ante la ley, y quienes se enriquecen a costa del trabajo de todos los chilenos paguen como debe ser y no con dinero como están acostumbrados. La Nueva Mayoría por su parte sigue mandatada a seguir con el proceso de reformas y a democratizar el país, y está por verse si buscará sólo enlodar a su adversario esta derrota o bien se hará cargo del clamor ciudadano que busca que estos sucesos no se vuelvan a repetir, y si se presenta conflictos de intereses y delitos entre sus personeros se actúe como tendría que actuarse si se busca la coherencia entra el pensamiento, el discurso y la práctica. Esta será una muestra de cómo se aborda una arista de la desigualdad, y de si tomamos una dirección opuesta hacia lo levantado por la derecha o bien mantenemos las injusticias. Lo que es claro es que el camino es la profundización de la democracia y el cambio institucional para construir un Chile diferente.
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