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El cambio que se debe hacer para que nuestros políticos nos representen

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Las reglas del juego político y de acceso al poder -el sistema electoral- deben cumplir criterios universales de transparencia, gobernabilidad, representatividad y competitividad, porque constituyen la base de sustentación de una democracia madura. En efecto, uno de los desafíos primarios que confronta la democracia representativa moderna es contar con un sistema electoral que permita corregir las asimetrías inherentes a las relaciones de distintos grupos de interés,
con la asignación y el acceso al poder de decisión, de dirección y definición de los destinos del país y las arcas fiscales.

En este sentido, la legitimidad del parlamento es fundamental para garantizar el balance entre los poderes del Estado. La relación entre el poder ejecutivo y legislativo está en el corazón de la cuestión republicana, más aún considerando que nuestra democracia es presidencialista y que, por lo tanto, nuestros presidentes gozan de amplios poderes formales.

El sistema electoral chileno conspira contra esta necesaria legitimidad: genera exclusión, desincentiva la competencia y produce desigualdades territoriales importantes desde el punto de vista de la representación. Cuento aparte es la debilidad que tiene en materia de financiamiento, de representatividad de los partidos políticos y las cifras de abstención electoral. En otras palabras, admite críticas no sólo en cuanto a su origen (una dictadura), sino también en cuanto a su desapego de los principios básicos de un sistema electoral democrático. Diagnósticos hay muchos, la mayoría coincide en que existe una crisis de representatividad y legitimidad del sistema. Lo que toca ahora es enfrentar el desafío que implica hacerse cargo de esta situación, y la pregunta inevitable es cómo.

Primero, suscribo que negarse a la discusión política es una forma mediocre de fijar la agenda. La tarea democrática va más allá de la democracia electoral: debe organizar la sociedad para asegurar y expandir los derechos ciudadanos de los individuos. Esta tarea es eminentemente política. Por tanto, debe ponerse sobre la mesa.

Segundo, es imperioso asumir la crisis y discutir el tipo de sistema que el país requiere, el tipo de democracia al que aspiramos los chilenos. En la capacidad que Gobierno y oposición tengan para abrir el debate –de cara y no de espalda a los movimientos sociales-, para cuestionar al modelo, buscar y negociar alternativas de solución, se juega en buena medida la superación o agudización de la crisis de representación que hoy vive nuestra democracia.

Elecciones primarias, financiamiento de la política y de las campañas electorales; inscripción automática y voto voluntario; voto de los chilenos en el extranjero; fortalecimiento efectivo de los organismos de administración y control electoral (SERVEL); modificación del mapa electoral, etc. son buenas intenciones que se ven coartadas por el “no se puede” de siempre. Chile se jacta de estar en los mejores lugares en todo tipo de rankings internacionales (normalmente de tipo económico) en comparación con el vecindario. De forma tal que es interesante ver si en los temas políticos esto se repite. Vamos viendo:

Elecciones primarias: Validan a los candidatos y le dan legitimidad indudable a la actividad política. Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Honduras y Venezuela las reconocen legalmente hace años. En Chile dependen de la voluntad de los involucrados (la experiencia más nefasta es la primaria de la Concertación del año 2009).

Chile debe avanzar en este tema, tiene todas las capacidades y oportunidades para hacerlo, sólo falta la voluntad. Al día de hoy, el ejecutivo tiene presentado un proyecto de Ley, en mi opinión bastante vago y que no recoge la rica experiencia internacional en la materia.

Inscripción automática y voto voluntario: Aquí nos encontramos con la manifestación más vergonzosa de inconsistencia. “Me parece que el registro civil no cuenta con las condiciones técnicas para implementar un sistema de estas características” es la frase comodín que nuestros parlamentarios han repetido casi al unísono el último tiempo.

“La investigación publicada por CIPER destacó que algunos diputados representan un 7 u 8 por ciento del total de mayores de edad que residen en sus distritos. A esto yo agregaría que el proceso de diseño del mapa electoral de Chile, no existió el más mínimo resguardo del principio de representatividad”.

La experiencia internacional indica que para votar en un sistema de estas características, es posible pedir al elector que se registre en un sistema, indicando sus datos básicos y su domicilio. Todo esto antes de la elección por supuesto, de hecho antes de cada elección. Así, el día D, el individuo en cuestión sabrá dónde debe concurrir a votar. Todo el escenario dantesco que argumentan quienes indican que no estamos preparados, no es tal, toda vez que al momento de registrarse, el sistema le asignaría un local de votación al elector y éste será informado (tal como hasta ahora) de cómo debe proceder.

Aunque la mayoría de los países latinoamericanos ha impuesto el derecho al voto como una obligación(1), (Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú, Uruguay).

Tenemos infraestructura y capital para implementar sistemas de registro, para diseñar un modelo de gestión que soporte los flujos de electores de manera adecuada, lo que no he visto es (nuevamente) voluntad para implementarlo, asumir el cambio del electorado potencial e invertir en la implementación del sistema.

Financiamiento de la política: La frase célebre en este ámbito viene de la derecha: “Eso no es lo que le importa a la señora en su casa”.

La calidad de la democracia depende, entre muchos factores, de la limpieza y equidad de la competencia electoral y la transparencia de la acción del gobierno. Financiamiento y crisis de representación están así profundamente vinculados.

Chile cuenta con una ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, que no tiene nada que ver con financiar la “actividad política” y que, por lo demás, muchos administradores de campaña no saben utilizar. El país requiere una ley “madura” que, por ejemplo, en un escenario de primarias legales, defina las normas de financiamiento que debieran regular también esa etapa del proceso. Lo que no tenemos es la voluntad (nuevamente) de invertir recursos en esto.

Redistritaje: La investigación publicada por CIPER destacó que algunos diputados representan un 7 u 8 por ciento del total de mayores de edad que residen en sus distritos. A esto yo agregaría que en el proceso de diseño del mapa electoral de Chile, no existió el más mínimo resguardo del principio de representatividad (2) y que el resultado final no tiene ninguna relación con las características geográficas ni mucho menos demográficas de nuestro país (3). En este sentido, genera una escandalosa diferencia en la relación de habitantes por escaño provocando que, como el peso de cada voto es tan disímil, pueda ocurrir que una fuerza política obtenga la mayoría de los votos nacionales y quede en minoría en la Cámara.

Es evidente la necesidad de intervenir el mapa electoral, pero ¿cómo? Identificando y atacando las causas primero. Buscando después en la experiencia internacional y recogiendo los ejercicios hechos por investigadores nacionales que indican que, sea cual sea el nuevo distritaje, debe ser producto de la aplicación de una fórmula donde criterios tales como contigüidad, compacidad, el incremento en número de representantes a elegir por distrito, la frecuencia con que este mapa debe revisarse y ajustarse, la distribución geográfica y las características demográficas de la población entre otros, deben estar presentes.

Todo esto sin perder de vista que los distritos electorales son piezas de una geografía que cobra sentido sólo en el contexto electoral y que siempre existirá la posibilidad de manipularlas a favor o en contra de uno o más sectores y considerando, al final del día, que la “redistritación” es un problema de representación y, en este sentido, su valor no se relaciona con el grado de sofisticación de las aplicaciones utilizadas o lo complejo e innovador que pueda llegar a ser, sino con el hecho que los distritos resultantes sean adecuados para garantizar la representación de la población y que estos sean válidos y legítimos.

Voto de los chilenos en el exterior: Existe una serie de condiciones propuestas para aceptar este punto, tales como haber estado en el país cierto tiempo, mantener vínculos económicos, familiares y otros. ¿Cuál es el espíritu de estos requerimientos? Evitar que un universo no conocido de electores se sume al padrón, cambiando el comportamiento de éste, agregando incertidumbre a la elección de autoridades. Muchas suposiciones y limitaciones sin mucho fundamento, que se relacionan más bien con mantener el status quo de los parlamentarios actuales y futuros que con la calidad de nuestro sistema.

Países como Perú, Argentina, Brasil, Colombia, Honduras, Venezuela y otros, ya han legislado sobre este tema. ¿Qué nos falta para dar el paso?, una vez más (a riesgo de ser reiterativa) voluntad para debatir en profundidad y presupuesto para ejecutar.

Lo que está claro es que el modelo está agotado. Hay que cambiarlo. La legitimidad debe recuperarse definiendo un nuevo sistema electoral desde sus fundamentos hasta los procedimientos. Lamentablemente, todo indica que por ahora el país no ha sido invitado a la mesa donde se discuten estos asuntos, es más, lamentablemente nos tocará presenciar sólo los debates poco sofisticados que se reeditan cada año electoral: ¿Puede Chile implementar un sistema de voto electrónico?, ¿cuánto sueldo se debe pagar a los vocales de mesa?, ¿feriado irrenunciable el día de la elección?… y que no apuntan al verdadero problema, no están alineados con ningún plan ni proyecto de mejora sustantivo y menos corresponden a una expresión de voluntad política de mejorar efectivamente el problema de representatividad del parlamento.


Nos hace falta invertir en un cambio profundo. Repensar las reglas del juego, definir nuevas y mejores (porque estas sí pueden cambiarse si no son buenas) y, de una vez por todas, actuar en consecuencia. El punto es que los parlamentarios no tienen ningún incentivo para hacerlo, por el contrario, la posibilidad de perder poder es un más bien un desincentivo. Sin embargo, nos queda aún la esperanza de llevar la discusión desde la calle al parlamento, ya que al día de hoy, este poncho a nuestros representantes les sigue quedando grande, y las reformas menores que se han propuesto, sólo intentan vestir a nuestra democracia con un traje que le queda largo de mangas.

Notas

1) El voto obligatorio, para quienes lo consideran una fórmula adecuada, parte del principio que la participación es una responsabilidad, no simplemente un derecho. La idea principal aquí es que la baja concurrencia electoral sí constituye un problema e incluso una amenaza a la estabilidad democrática, por lo que la obligatoriedad ayuda a mantener elevada la participación y dota de mayor legitimidad al gobierno y sobre todo al sistema.

2) Cantillano y Navia (2005) demostraron que los distritos electorales en Chile, diseñados a partir del trabajo realizado por las comisiones Ortúzar y Fernández (Gamboa, 2006) fueron definidos para sobre-representar la votación a favor de la Derecha después del plebiscito de 1988. Estos autores identificaron una correlación positiva entre la votación contra Pinochet y el número de habitantes de los distritos.

3) El caso más dramático es el de la Región del Bío-Bío, en la que los distritos 41 y 42 están divididos a pesar de ser completamente contiguos y pertenecer ambos a la provincia de Ñuble.

 

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03 de octubre

Columna originalmente publicada en Ciper Chile

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