A mediados de enero se da a conocer a la opinión pública un documento político que ha sorprendido, agradado y molestado al mundo político y ciudadano. Se trata de un dialogo “secreto” –iniciado en noviembre- entre fuerzas políticas ubicadas en trincheras opuestas y que sienten cierta cercanía y/o parentesco. Cayó bien en sectores de la Concertación y de RN –sobre todo, en a) quiénes unos días antes habían firmado la voluntad de avanzar en cambios electorales desde el Congreso y b) los que se sienten parientes de la Falange-. Ya sabemos quiénes se “molestaron” y sintieron traicionados: la UDI y algunos funcionarios de gobierno.
La UDI golpeó fuertemente la mesa. Y como ha ocurrido, en muchas coyunturas, salieron vencedores y fuertemente unidos y alineados. ¿Qué efectos tendrá este hecho en la carrera presidencial?
El documento llamado “Un Nuevo Régimen Político para Chile” no sólo es un diagnóstico y una respuesta a los problemas políticos que enfrenta el Chile de hoy, sino también un primer acercamiento político RN-DC. Más que el contenido, lo relevante es el encuentro formal -más allá, de un acuerdo legislativo particular- entre ambas directivas. Desde los primeros días de la transición RN ha tratado de seducir a la DC, buscar acuerdos y pactos políticos de largo alcance.
Ambos partidos concuerdan en que el país está en una “coyuntura de crisis” y necesita reformas políticas que terminen con el estado actual de “desafección y crítica ciudadana con el sistema”. Una de las consecuencias de esto es que se debilita a los actores de la sociedad y de la política; principalmente, al Congreso, a los partidos y a los ciudadanos. La expresión de este hecho se manifiesta en una crisis de “gobernabilidad y participación” que debe ser superada en la perspectiva de disminuir la distancia actual que existe entre los ciudadanos y las instituciones de la política. Este distanciamiento ha debilitado una de las principales instituciones de la democracia: los partidos políticos. En efecto, ellos se encuentran en un acelerado “proceso de deterioro”. Las consecuencias de este debilitamiento se expresan, a su vez, en una crisis de participación y representación que debe ser superada. Las propuestas del documento tienen ese horizonte.
En el documento hay tres propuestas de reforma política; a) cambio del régimen político, b) des-centralización y c) cambio del sistema electoral. En conjunto, las tres medidas apuntan a superar la crisis de gobernabilidad, participación y representación que invade a la sociedad chilena de hoy.
a). El régimen político. El “exacerbado presidencialismo” es una de las causa de la coyuntura actual de crisis. Por ello, el documento plantea que “Chile necesita de más y mejor democracia y eso se traduce en un nuevo régimen político de carácter semi-presidencial… que separe la institución de la Presidencia (Jefe de Estado) de la de Jefe de Gobierno (Primer Ministro)”. No voy a entrar en el detalle de los cambios institucionales que dicho cambio implica; sin embargo, esta mecánica de gobierno genera mayor influencia de los partidos y del parlamento. Es, por tanto, una medida que busca debilitar la institución del Presidente y fortalecer otras. Para ello, hay que –según los convocantes- impulsar algunas reformas como: “a) transparencia y rol de los partidos, b) financiamiento público de estos, c) prohibición de las reelecciones indefinidas en todos los cargos de elección popular, d) primarias simultáneas y vinculantes y e) la obligación de que los partidos sean plenamente democráticos en su práctica interna”.
b). La des-centralización y la “democratización del poder”. Profundizar la democracia implica también des-centralizar el poder. En esa dirección, el documento plantea “a) Elección directa del Presidente del Gobierno Regional, b) Elección directa de los consejeros regionales, c) Fortalecer las facultades de los Gobiernos Regionales e incrementar sus recursos, d) La creación de los Gobiernos Metropolitanos (donde las ciudades ya han adquirido ese carácter), d) Fortalecer el rol fiscalizador de los concejales en los Municipios y e) Implementar una norma de responsabilidad fiscal”.
c). Cambio del sistema electoral. Aquí, se encuentra, sin duda, lo sustancial y relevante del documento. Al mismo tiempo su aspecto más controvertido. Esta reforma no sólo debería contribuir a solucionar la crisis de participación, sino también –y sobre todo- la de representatividad. Para ambas colectividades –como para otros actores del sistema político chileno- se trata de un cambio ineludible e inevitable a mediano y largo plazo. Por ahora, hay que buscar consensos. Y del mismo modo, el contenido de esos acuerdos; es decir, el sistema electoral que va reemplazar el actual mayoritario binominal. Las divergencias comienzan, por tanto, desde el diagnóstico. De hecho, los convocantes del documento afirman “que el actual sistema electoral… ha significado, para algunos, un aporte a la gobernabilidad y se ha comportado de una manera razonablemente proporcional mientras que, para otros, no ha permitido representar democráticamente la voluntad ciudadana”. Es decir, mientras para unos el sistema funciona bien cumpliendo sus objetivos fundacionales, para otros genera exclusión y subsidio político-electoral.
Los firmantes del documento plantean la tesis de avanzar hacia un “sistema electoral corregido”. Termina el documento afirmando que “el país requiere de estos cambios (y que) ahora es el momento adecuado para ello… la demora sólo acentuará el diagnóstico y sus peligros”.
En términos de contenido, el aporte es muy escaso. Su valor político tiene que ver con otros aspectos. En relación al cambio del régimen político hay que apuntar que el debate encuentra raíces en los ochenta. Es más: entre las propuestas políticas de la candidatura de Marco Enríquez-Ominami se encontraba este planteamiento. Por tanto, nada nuevo. En relación a la descentralización y democratización del poder también se trata de propuestas que han circulado y circulan en el debate.
En el tema electoral, las cosas son más complejas. Ya vimos que el problema comienza con las distintas valoraciones que se le otorgan al binominal. Y siguen, con las fórmulas y los tiempos para hacer el cambio. Con los tiempos se ha planteado desde distintos sectores que lo ideal sería tenerlo implementado en las parlamentarias del 2013. En el tipo de sistema de electoral a diseñar hay distintas visiones, que van desde el mayoritario uninominal -tesis Longueira- y el proporcional corregido –que es la opción del documento de la discordia y de la Concertación- pasando por un “binominal corregido”.
Lo relevante del documento es, por tanto, a) el acercamiento político DC-RN que tiene todo un futuro por recorrer, b) la convicción de que Chile necesita reformas políticas profundas, c) que existe una voluntad política amplia y transversal de impulsarlas, d) que la reforma al binominal no será fácil de materializar y e) que la UDI juega e intimida con la “política del rehén”.
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