Es hora ya de que en Chile la Iglesia deje de encubrir, obstaculizar e interferir en casos de abusos sexuales y abusos de poder como pretenden hacer Ezzati y Errázuriz. Ningún religioso debiera gozar de privilegios ni protección, cuando se trata de la pederastia. Además, no puede haber una inconsecuencia tan grave entre crear un proyecto de ley tan relevante como lo es la Ley de Garantías de la Infancia e invitar a que la Conferencia Episcopal de Chile forme parte de la mesa de trabajo de dicha ley.
Está claro que Ezzati y Errázuriz deben retirarse o ser destituidos de sus puestos porque mientras ellos estén, no habrá verdad ni justicia para las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia.
No se trata de meter a todos los religiosos en el mismo saco, pero es justamente Ezzati quien es parte de la obstaculización de la justicia y quien preside la Conferencia. Cualquier persona, sea este el Presidente de la Conferencia Episcopal como el Cardenal Ezzati, o el Monseñor Errázuriz quien -el 11 de septiembre en una nota de Publimetro al ser consultado sobre una posible querella por la filtración de sus correos con Ezzati- declaró que no acostumbran a tomar acciones legales porque “impacta el ejemplo de Jesucristo, quien no hizo nada para defenderse”.
Como madre lesbiana devota y luchadora por los derechos equitativos de los niños, niñas y adolescentes me da escalofríos leer que Ezzati y la Conferencia tengan influencia en una Ley de Garantías que habla de la protección de los derechos de quienes verdaderamente merecen ser resguardados, cuando a la vez trabajan para encubrir los abusos sexuales.
Confirma lo natural que se ha tornado el esconder delitos de pederastia para la iglesia y algunos ciudadanos cuando un lobista “amigo del gobierno”, como lo tildó el Ministro del Interior Jorge Burgos –Enrique Correa– al ser consultado por su participación en estas gestiones deshonestas se refiere a la confidencialidad de los correos personales de las personas y no el abuso de los religiosos.
Los correos son esclarecedores y afirman una conspiración que atenta contra un proceso como lo es el caso Karadima; también demuestran que ellos están desesperados y que tienen nulo respeto por los denunciantes del caso de Karadima y el resto de las víctimas que han tenido que aprender a vivir con el abuso sexual el resto de sus vidas.
Ahora, lo positivo e importante de esta filtración de correos obstaculizadores de la verdad, es que según Juan Pablo Hermosilla, el abogado de los denunciantes del caso Karadima, los correos se podrán usar en el juicio en su contra y además haría que ambos, Ezzati y Errázuriz, tendrían que ser interrogados por sus gestiones para impedir que Juan Carlos Cruz forme parte de la comisión.
En el fondo Ezzati y Errázuriz están tapando el sol con un dedo en su intento fallido de tapar la verdad, cuando de manera irrefutable la Iglesia Católica está al debe con los derechos del niño y la prevención de abusos sexuales por sus religiosos.
En una investigación se generó el Mapa de la Pederastia en 2014, donde existen datos desgarradores de casos de pederastia de la iglesia: 400 curas expulsados por el Papa Benedicto; más de 1.300 casos de abusos en EE.UU, con 300 curas culpables; miles de casos en Irlanda en una red de encubrimiento entre la Iglesia, la policía y la fiscalía; en Alemania casi 3 mil casos, le sigue Australia con 620 y Suiza con 60; en España, 12 sacerdotes condenados. Ante esta realidad, ¿de qué daño pretenden proteger a la Iglesia cuando innumerables niños han sido víctimas de pedófilos crueles e inescrupulosos? ¡Quieren preservar la reputación de la Iglesia! Todo en nombre de quién, ¿de Jesús?
Una de las declaraciones más consecuentes que he visto en las noticias por parte del gobierno es del Senador Alejandro Guiller, quien dijo que Ezzati debería retirarse por el bien de la Iglesia, y agregó que ha sido lo más nauseabundo que le ha tocado ver. Está claro que Ezzati y Errázuriz deben retirarse o ser destituidos de sus puestos porque mientras ellos estén, no habrá verdad ni justicia para las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia. Por ningún motivo deben ser parte del proceso legislativo del proyecto de Ley de Garantías de derechos de la infancia.
A nivel de gobierno local, el Concejal de la Comuna de Providencia Jaime Parada, nuevamente mantuvo su postura de cada año al rechazar públicamente la invitación al Te Deum con un tweet de la foto de la invitación a la ceremonia por ser presidida por Ezzati. Este año hizo lo mismo, pero esta vez despertó una campaña por Twitter con el hashtag #YoNoVoyAlTedeum, donde más personas también se pronunciaron en contra.
Estas son las señales consecuentes que toda la clase política, que está en contra de abusos hacia los niños y adolescentes, debiese tener y rechazar públicamente todo encubrimiento y complicidad en el bloqueo de la información para esclarecer los casos de la pederastia de la iglesia. Es hora ya que el gobierno deje de darle tanto la mano a Ezzati y Errázuriz.
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