El aborto y la mala argumentación

En la reciente discusión parlamentaria que terminó con la aprobación de la ley de despenalización del aborto por la Cámara de Diputados, hemos podido percatarnos del bajo nivel de la argumentación que han dado nuestros parlamentarios para una ley considerada como capital por todos los sectores. Si bien es cierto dicho problema es transversal al espectro político y no sólo patrimonio de un sector o de una de las posiciones en disputa, quisiera enfocarme en los argumentos recurrentes entre quienes han ganado esta batalla, argumentos que uno puede ver recurrentemente repetidos en las redes sociales.

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Me parece de toda justicia que, quienes están encargados de informar a la ciudadanía, sean ecuánimes a la hora de mostrar las dificultades en la argumentación de quienes llevan este debate a nivel legislativo.

El objeto de este enfoque (ejercicio similar podría haberse hecho con la posición contraria) se justifica porque el tratamiento de las argumentaciones no han sido ecuánimes por la prensa, y la posición “pro-vida” ha aparecido constantemente ridiculizada. Se hace necesario, entonces, hacer justicia a esta disparidad. Si bien estoy convencido del principio metodológico según el cual se debe hacer frente a la mejor versión del argumento contrario, esta no ha aparecido en la discusión, de modo tal que, desde esta misma perspectiva, se hace imperioso descartar, en una primera instancia, los pseudo-argumentos que, desde el punto de vista de la vigencia social de la discusión, han adquirido una preeminencia injustificada.

Argumentos como“El aborto está legalizado para el que puede pagar”, implica que existe una suerte de impunidad respecto de las posibilidades de hecho de abortar de ciertos grupos sociales, y por tanto el aborto sería necesario como una “medida de equidad” para que más grupos, menos desposeídos económica y culturalmente pueda acceder a él. Aún suponiendo –sujeto a evidencia que los defensores del aborto no aportan o al menos no en una medida relevante- ello no justifica su legitimación en aras de la equidad, porque implicaría que es ese grupo, a través de sus prácticas de hecho, el que va estableciendo ética, social y jurídicamente lo debido. Como este grupo social es el que tiene más recursos económicos, lo que deviene lógicamente es una plutocracia que determina lo correcto ética, jurídica y socialmente. Eso no es una medida de equidad sino solamente transferir el poder legislativo de la ética y el derecho a un determinado grupo social, el que pasaría a añadir la legislación y la definición de la corrección moral a sus privilegios. Los que defienden el aborto desde ese argumento, se pliegan con una visión plutocrática de la sociedad, antes que defender la equidad.

Un segundo aspecto del mismo pseudoargumento consiste en que no porque una determinada práctica, intrínsecamente reprobable, se haga relativamente usual, ya sea en ciertos grupos sociales o no, ésta es legítima. Esto es una actitud profundamente acrítica de la vida social, donde lo corriente se legitima sólo por ser corriente. Lo que es de hecho no necesariamente debe ser, y esto es profundamente grave si lo que se juega es (en un aspecto muy relevante de la discusión) la vida de una persona. Esto es una forma de la falacia ad populum: es verdad porque todos lo dicen o creen, o es correcto porque todos lo hacen.

“¿Con qué cara la derecha, la Iglesia, etc. defiende la vida?” Este argumento adquiere tintes falaces dado que supone que la defensa de la vida que está por nacer no es, ni puede ser una causa legítima distinguible de las fuerzas políticas o religiosas que –en este contexto– la defiendan y que tiene mérito por sí misma. Más allá de la imprecisión y ambigüedad explicativa del binomio izquierda/derecha, si acaso la derecha yerra o erró en defender la vida en otras circunstancias esto no significa que, por lo mismo, no deba tener razón en defender la vida que está por nacer. En último término sería un problema de coherencia política, pero no tiene que ver con la legítima protección que requiere el ser humano en gestación. Esta falacia se denomina como tu quoque o “tú también” que es una variante de la falacia ad hominem, la cual utiliza la “autoridad moral” como argumento a favor o en contra de la posición de una persona o grupo de personas.

Si entendemos que esta vida y su protección no es patrimonio de ninguna fuerza política o social, sino que tiene fuerza en sí misma, cualquiera podría defenderla. En efecto, puedo ser de izquierda al defender, por ejemplo, una mayor presencia del Estado en la economía, y defender la vida que está por nacer. Si acaso la vida no es defendida por la izquierda (o al menos no por un sector mayoritario) o la vida que está por nacer es defendida por la derecha, eso obedece a una determinada configuración política –histórica y contingente– que tiene sus motivos, pero podría no haber sido así en absoluto. Un ejemplo de que esta configuración no es necesaria es el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que conjuga la defensa de la vida en gestación con la lucha por los derechos económico-sociales.

Por lo tanto, es falaz atribuir la defensa de la vida a la derecha (o a cualquier fuerza política o social específica, como por ejemplo, la Iglesia), además si la derecha ha sido incoherente en su defensa de la vida, es falaz concluir por lo mismo que la vida que está por nacer no debe ser defendida, por motivos de coherencia moral y política de uno de sus defensores.

“No nos deben imponer sus convicciones a todos”. Este argumento es falaz en dos sentidos. El primero en cuanto se identifica “convicción” o “creencia” con “convicción o creencia religiosa”. En efecto, las creencias pueden ser de diversos tipos: religiosas, morales, científicas o de cualquier índole. El que, respecto de una determinada propuesta legislativa, no haya una creencia religiosa que favorezca o entorpezca la aprobación de la misma, no significa que no haya, en efecto, creencias operando. Puede haber, y de hecho siempre hay, una serie de creencias morales en juego. El que sean compatibles o incompatibles con una cierta idea de lo religioso o espiritual, es tema aparte. En este sentido, la defensa de la vida que está por nacer puede hacerse –y se hace– a través de argumentos en los cuales el factor religioso no está presente. Enfocar el tema -artificialmente- como un problema de creencia religiosa supone cometer la falacia de conclusión inatinente.

El segundo aspecto de la falacia está vinculado con el anterior: si “creencia” no necesariamente es equivalente a “creencia religiosa” entonces deberíamos abstenernos de “imponer creencias” en este debate. Sin embargo, dicha situación no es fácticamente posible, dado que siempre están operando creencias. Se podría decir que la limitación de creencias es relativa a aquéllas que no pueden ser adecuada y públicamente justificadas, aludiendo en general a que el tema debe estar ajeno a consideraciones de tipo moral. Esto implica, por definición, que el ámbito de la moral está privado de lo racional –esto es, de lo públicamente justificable–. Dicha afirmación supone una visión de la racionalidad limitada y en absoluto evidente. Tal presupuesto no puede ser concedido sin una adecuada justificación. Por su parte, la filosofía moral ha dado fecundas y profusas pruebas de lo contrario. Así, aun cuando se considere creencia o convicción como sinónimo de a) creencia religiosa, b) creencia moral, o c) creencia en el sentido más amplio posible, la afirmación como argumento en contra de la defensa de la vida que está por nacer es falaz.
Finalmente:

“¿Estás en contra del aborto? No abortes, nadie te obliga”. Es transversal la opinión de que existen conductas que deben ser limitadas u obligadas, ya sea por motivos de la convivencia social, o porque están en juego bienes de una entidad tal que interesa a toda la sociedad salvaguardarlos. Por ello existen una serie de conductas que el legislador no ha dudado en tipificarlas como delitos, y respecto de ellas la autonomía moral se ve absolutamente constreñida. Piénsese en cualquiera de las hipótesis de delito del código penal para ver que existen conductas que no pueden dejarse al arbitrio personal.

Por lo demás, existe en este pseudoargumento un dato de hecho que a quienes promueven el aborto han omitido: según el estudio del Dr. Elard Koch, más del 92% de las motivaciones para abortar son fruto de la coerción del entorno de la mujer, y por lo tanto, no son decisiones libres. En el caso de nuestro país, los datos demuestran que a las mujeres sí se les está obligando a abortar.

Las consideraciones anteriores son sólo un botón de muestra de las ostensibles dificultades de argumentación que han mostrado quienes apoyan la despenalización. Dichas dificultades, además, están muy presentes en la vigencia social de la discusión. Me parece de toda justicia que, quienes están encargados de informar a la ciudadanía, sean ecuánimes a la hora de mostrar las dificultades en la argumentación de quienes llevan este debate a nivel legislativo.