El conflicto que presenta el desarrollo de nuestra democracia, en todos los frentes, es el predominio no solo de un modelo político económico como el neoliberalismo actual, sino la ausencia de conceptos básicos para caminar con pasos más decididos hacia una democracia social, política y económica que sea compatible con la solidaridad, como concepto fundamental, en la organización social y política, en consonancia con un modelo económico, inspirados en los mismos principios.
El debate profundo que hay en nuestro país en torno a la democracia deberá, necesariamente, conducir a hacer realidad el derecho a la autodeterminación de las personas, en todos los ámbitos de la vida. La organización solidaria, conceptual y filosóficamente, deben aparecer como una respuesta para corregir la distorsión provocada por la libre competencia. En síntesis se trata de coordinar la igualdad de derechos con la igualdad real de oportunidades.Una reforma educacional como a la que se aspira, debe incluir desde sus inicios las instituciones que, sin lucro y acreditadas permanentemente, han demostrado que los proyectos educacionales solidarios y democráticos han sido posibles aún en medio de las profundas contradicciones sociales y políticos de los últimos 25 años.
En este sentido, la educación es uno de los desafíos mayores para encaminarnos hacia una satisfacción del interés social en armonía con los intereses individuales. En otras palabras, el proyecto país y de sociedad, deben armonizar, bajo el principio de la solidaridad, el bien de todos y de cada uno. Para esto el derecho a la educación para todos, es un deber moral de la democracia, porque en ella se genera la posibilidad de que los ciudadanos efectivamente puedan serlo; porque tienen los instrumentos básicos para asumir responsablemente derechos y deberes, que son los fundamentos de la democracia.
De acuerdo a lo anterior, quiero mencionar el valor del proyecto de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Fundada por el Cardenal Raúl Silva Henríquez ha sido por muchos años, reconocida nacional e internacionalmente, un enclave para la defensa de los derechos humanos en los duros tiempos de la dictadura y en nuestra difícil transición a la democracia. Universidad que fue punto referencial para países y académicos solidarios con Chile en ese duro período, pero al mismo tiempo, un enclave de una filosofía educacional, política y ciudadana fundamentada en los derechos humanos y la preocupación de los sectores más débiles o con más dificultades de nuestra sociedad.
Ciertamente, hay otras instituciones que comparten esta preocupación en nuestro entorno. Pensamos que una democracia realmente liberadora debe tener un proyecto educacional que implique la solidaridad como función clave de responsabilidad libre y en función de la creación y oportunidades para los demás.
De acuerdo a lo anterior, en este punto hemos visto debilidades en el proyecto que con gran esfuerzo se está implementando para la educación chilena. El concepto de educación para todos pareció ser un proyecto, en algún momento, solo para las universidades del CRUCH, lo que evidentemente no es consecuente con el concepto de solidaridad, ya que no hace justicia a nuestra Universidad ni a otras que se han comprometido desde hace mucho con el fortalecimiento de proyectos educacionales verdaderamente democráticos.
Las autoridades de nuestra Universidad, encabezada por nuestro Rector, han concebido un proyecto de Universidad para los sectores menos favorecidos, en una dimensión liberadora de las enajenaciones propias del sistema, que implica la solidaridad en democracia como función clave para una responsabilidad libre en la búsqueda de oportunidades para aquellos con más dificultades.
La democracia siempre será fundamentada en principios conocidos y que son orientadores de un sistema político y social. El problema real es compatibilizar los modelos de los proyectos ofrecidos, para que de una manera eficaz, sean compatibles la solidaridad y la organización político social, que permita que efectivamente los sectores menos favorecidos sean primeramente atendidos, lo que debe significar la igualdad real de oportunidades.
Como hemos dicho, la democracia debe coordinar el interés social con los intereses individuales, y en este concepto básico, debe estar la fuerza que instituciones como la nuestra busquen resolver de la mejor manera posible. Una reforma educacional como a la que se aspira, debe incluir desde sus inicios las instituciones que, sin lucro y acreditadas permanentemente, han demostrado que los proyectos educacionales solidarios y democráticos han sido posibles aún en medio de las profundas contradicciones sociales y políticos de los últimos 25 años.
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