Hay una decidora correlación entre los países que castigan penalmente el consumo de drogas, los que persiguen penalmente las opciones afectivas y sexuales no heterosexuales, los que restringen los derechos civiles de las mujeres y tienen regímenes políticos autoritarios.
El gobierno, por intermedio de SENDA, convocó a una conjunto de organizaciones no gubernamentales y expertos que trabajan con usuarios de drogas, defienden sus derechos y promueven políticas de drogas fundadas en los derechos humanos y la evidencia científica, para constituirse en una mesa de salud pública para la revisión de la ley 20.000 de drogas, donde hacer recomendaciones en temas tales como: discernir objetivamente entre el porte de drogas para “el uso personal exclusivo y próximo en el tiempo” del porte indiciario de microtráfico; cambiar la cannabis de la lista uno a la lista dos y autorizar su uso médico; así como cambiar la jurisdicción de las faltas por drogas de la justicia penal a la justicia de policía local.
En tanto la mayoría de la mesa recomendó medidas tendientes a discernir objetivamente las cantidades de drogas permitidas de portar y tener, sin que eso constituya una falta o delito, así regular el uso de la cannabis con fines terapéuticos y científicos, tal cual lo establece la norma internacional y nacional, para lo que es necesario cambiar la cannabis de la lista uno que prohíbe expresamente su uso médico.
Esa convocatoria del gobierno causó una intempestiva reacción de un sector del Colegio Médico y algunas sociedades científicas de marcada orientación neurológica, que han supuesto tendenciosamente que la opinión mayoritaria de la mesa es una invitación a los jóvenes para hacer uso de esa sustancia psicoactiva y otras. Frente a esa y la actual declaración de esas organizaciones, los miembros de la mayoría de la mesa dijimos:
“Somos enfáticos en afirmar que ninguna de las instituciones y organizaciones que representamos ha propuesto en ningún caso el libre acceso de los menores de edad al uso de ningún tipo de drogas; muy por el contrario, suscribimos el actual marco jurídico que define como ilegal la provisión o acceso a ellas por parte de menores (incluidos psicofármacos, alcohol y tabaco). Lo anterior se fundamenta, precisamente, en el hecho que el uso precoz, frecuente e intensivo de cualquiera de estas sustancias, tiene el potencial de afectar el normal desarrollo biológico y mental de los menores. Pero dicho eso, suponer que las actuales prohibiciones están protegiendo a las y los jóvenes de los impactos sanitarios, sociales y criminales que pueden causar es políticamente erróneo, éticamente irresponsable y sanitariamente anticientífico”. (Debate para regular las drogas. Fundación Daya, Fundación Paréntesis, Grupo IGIA Latinoamérica, Movimiental, Red Chilena de Reducción de Daños, Revista Cáñamo. The Clinic N°559, 28 agosto 2004).
Tal cual lo ha reconocido la OEA, los ex presidentes de las Américas asociados en la Comisión Global de Drogas, el gobierno de los Estados Unidos y ahora el gobierno Británico, el que en su informe – que analiza la eficacia de las políticas de drogas de otros países – concluye que las penas severas para los usuarios de drogas no tienen ningún efecto sobre los niveles de consumo de drogas” (The Independent, 30 de octubre 2014). No resulta racional entonces que en Chile mientras de detienen 85.000 personas por infracciones a la ley de drogas, el 55% de todos los detenidos por delitos, 70.000 deben pasar por los tribunales de justicia, donde cerca de 60.000 son sancionados por porte y consumo de drogas, mientras que el consumo de esta sustancia se mantienen estable en su tendencia creciente, pero entre los escolares ha aumentado en un 60% en los últimos dos años.
Dado que aquellas sociedades científicas y gremiales reconocen que:
“Ahora bien, considerando los resultados clínicos positivos a la fecha, nos parece prudente facilitar la investigación clínica con derivados de la planta cannabis en nuestro país y permanecer atentos a los resultados que entreguen estos nuevos estudios. Podemos informar que actualmente existen estudios internacionales en curso bien diseñados y cuyos resultados debieran conocerse pronto. Esta nueva información aportará antecedentes relevantes para el proceso de evaluación científica del uso terapéutico de los derivados de Cannabis” (Declaración Conjunta sobre Cannabis. Sociedades Médicas de Chile, Academia de Medicina, Asociación de Facultades de Medicina, Colegio Médico. 29 octubre 2014).
Por lo tanto, resulta complejo comprender ello y la determinación del doctor Paris, presidente del Colegio Médico, en oponerse al cambio de lista del cannabis, pero a la vez prescribir el Sativex que tiene como principio activo el tetrahidocannabidol extraído de esa planta, cuya medicación mensual cuesta unos 500.000 pesos chilenos. El cambio de lista de la cannabis no es legalizarla ni liberalizar su consumo recreativo, la lista dos contiene las sustancias psicoactivas que puede ser usadas sólo por prescripción y bajo supervisión médica, tal cual acontece en 24 Estados de la Unión Americana, en todos los países de la Unión Europea, en casi todos los países desarrollados. Hay una decidora correlación entre los países que castigan penalmente el consumo de drogas, los que persiguen penalmente las opciones afectivas y sexuales no heterosexuales, los que restringen los derechos civiles de las mujeres y tienen regímenes políticos autoritarios.
El argumento político recurrente para no cambiar las políticas y normas sobre drogas afirma que la mayoría de la población se opone a cualquier medida que sea permisiva con el uso médico o recreativo de la cannabis, no obstante, según SENDA (2012) el 68,4% de la población se manifiesta partidaria de permitir el uso de marihuana con fines terapéuticos, según CEP el 40% quiere legalizarla, según Adimark UC el 45% considera nada y algo grave fumarse un pito de marihuana de vez en cuando; finalmente, según Plaza Pública (2014) el 78% es partidario del uso terapéutico y el 55% del uso recreativo de la cannabis.
La cultura es esencialmente la buena gestión del placer, en tanto que el poder es sustancialmente la gestión del dolor, por eso le entregamos el monopolio del poder penal y el poder militar al Estado. La sabiduría de la profesión médica está en evitar el dolor y procurar el placer, eso lo dejó establecido el mítico fundador de la orden, juramento hipocrático, no se debe olvidar que de esta confusión ha nacido la guerra de las drogas que tanta muerte y dolor ha causado, sin prevenir ni controlar para nada el uso indebido de ellas ni su consumo abusivo.
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