Muy presente está el concepto de legitimidad y vale la pena destacar sus dos variantes. La primera, la legitimidad de origen, se refiere a cómo se ha adquirido el poder, de qué modo o mecanismo se ha accedido a ese poder y permite discernir si un gobierno fue electo o no en elecciones libres y justas. Una segunda variante, la legitimidad de ejercicio, hace mención a la forma en que un gobierno toma las decisiones, de qué manera se vincula con la sociedad y si lo hace o no en el marco de un estado democrático de derecho.
Para revisar el actual estado de legitimidad del sistema político hay que remontarse hacia la época fundacional, aquel período comprendido entre el 5 de octubre de 1988 (Plebiscito Nacional) y el 11 de marzo de 1990 (inicio del período presidencial de Patricio Aylwin).
Tras el triunfo del No del año 1988, la Concertación y el Régimen Militar acordaron realizar una reforma constitucional con el objetivo de lograr un "transición consensual a la democracia" y darle “legitimidad de origen” a la Constitución Política de 1980. Ambos bandos llamaron a aprobar esta negociada reforma en el plebiscito constitucional del 30 de julio de 1989 y el resultado fue un 91,25% de aprobación, lo cual sirvió para reforzar y darle continuidad al proyecto político iniciado en el Régimen Militar.
Con este resultado, la Constitución de 1980 adquirió una supuesta legitimidad de origen, y señalo supuesta porque las preocupaciones del ciudadano común estaban enfocadas en el inminente término de la dictadura y regreso a la democracia, sin mayor información referente a que significaba este plebiscito más que la idea general de otorgarle apoyo a la iniciativa de establecer las “bases para la transición”, en un ambiente de consenso y bajo un espíritu de unidad nacional.
El contenido de esta reforma a estas alturas es conocido: la aceptación constitucional del Sistema Binominal, la generación de las Leyes Orgánicas Constitucionales que requieren de 4/7 de los votos en el congreso, y las reformas constitucionales que necesitan 3/5 (o 2/3) de votos en el congreso. Un ejemplo es la famosa LOCE, publicada en el Diario Oficial el 10 de marzo de 1990 (último día del régimen militar), que entre sus contenidos estaba el reconocimiento oficial del Estado a establecimientos educacionales. De facto, al revisar las fechas de envío de los estatutos fundacionales para aprobación de las instituciones de educación superior, resulta que 24 de las 35 universidades privadas actuales fueron reconocidas oficialmente en el período comprendido entre el año 1988 y el mes de Marzo de 1990 (previo al cambio de mando).
Otro resultado de esta reforma, fue la renuncia a la convocatoria de plebiscitos constitucionales de origen presidencial. En otras palabras, se renunció al mismo mecanismo que le otorgaba legitimidad de origen a la Constitución de 1980 y al Plebiscito de 1989. Es decir, esto significaba considerar como no válidas ambas acciones, pese a que a través de ellas Chile recuperó la democracia y la propia Concertación accedió al gobierno. Podría señalarse que la Constitución de 1980 era “más democrática” antes de las reformas del año 1989. A la vista de estos, antecedentes resulta políticamente dificultoso (por decir lo menos) y discursivamente poco creíble plantear una nueva constitución desde el parlamento actual.
El país se encuentra en una grave crisis de representatividad reflejada en el bajo apoyo de la clase política y en las masivas manifestaciones ciudadanas. De esta forma el actual sistema constitucional que ya presentaba dudas en su legitimidad de origen, a la luz de los años ha demostrado carecer también de legitimidad de ejercicio, lo que en términos más simples se puede interpretar como un fracaso del modelo.
A veinte años de la recuperación de nuestra democracia, Chile paga hoy los costos de terminar una dictadura de manera pacífica con un lápiz y un papel, hecho que tanto orgullo nos causó en su momento. Por otro lado, paradójicamente es el mismo grupo político arquitecto del sistema actual el que hoy ve mermada la posibilidad de gobernar con éxito su primer periodo presidencial post dictadura. Los costos tardan pero llegan y se presentan ante su originador.
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