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Discusión pública y democracia: contra el elitismo

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El discurso público constituye una gran herramienta para la democracia. Por medio de la discusión pública se puede descubrir los errores lógicos y fácticos de nuestros razonamientos, dado que estamos expuestos a terceros. Conocer posiciones que no conocíamos, argumentos no escuchados, amplía también las alternativas para la toma de decisiones.

Este domingo el Vicepresidente de HidroAysén  y atípico militante del PPD Daniel Fernández, dio una entrevista  a El Mercurio, después de conocer la resolución del Tribunal Supremo del PPD, la cual falla favorablemente respecto de un requerimiento presentado en su contra por militantes del PPD por problemas con su militancia y empresas. Esboza desde su tribuna un discurso de carácter pseudo-republicano, en el cual ensalza valores democráticos e indica que la sociedad va a un camino hacia la diversidad, apertura del debate en donde los derechos humanos y la libertad de conciencia se encuentran en un eje fundamental. Pero luego, al ser consultado respecto de las políticas energéticas, Fernández demuestra su conservadurismo al decir que: “el sistema político no está haciendo su pega, el debate se está llevando en la calle y en tribunales. Y  las políticas públicas no se pueden discutir en las calles y en tribunales. La calle tendrá su rol, pero el sistema político debe construir acuerdos plausibles. Debe existir un liderazgo proactivo y creo que ahí tenemos una carencia bien grande como país.”

Su afirmación contiene fuertes implicancias, tanto para la legislatura como para la sociedad y la compresión de democracia que ella conlleva. Así, es necesario analizar la conexión entre discusión pública y democracia, el concepto de Fernández de discusión pública, las consecuencias de adoptar dicho modelo  y si esto es adecuado para una democracia inclusiva.

El discurso público  constituye una gran herramienta para la democracia. Por medio de la discusión pública se puede descubrir los errores lógicos y fácticos de nuestros razonamientos, dado que estamos expuestos a terceros. Conocer posiciones que no conocíamos, argumentos no escuchados, amplía también las alternativas para la toma de decisiones. En este sentido, contribuye a la educación de la sociedad, ya que promueve el intercambio de ideas. La discusión pública permite que las diferentes posiciones sean expresadas, conocidas y finalmente discutidas.

Para Fernández, sin embargo, la discusión pública (que no parece ser tan pública), aquella que versa sobre temas de interés nacional, no debe hacerse en la calle. En otras palabras, no todas las personas deben participar del proceso de discusión de las decisiones; solo unos cuantos privilegiados o capacitados pueden hacerlo. Sería interesante que dicha afirmación fuese seguida de razones por las cuales Fernández piensa que ciertas personas deben quedar al margen de proceso de discusión, pero ello no ocurre. Dicha noción, una discusión elitista propia de un pensamiento conservador, fue defendida por  los padres fundadores de Norteamérica, y en la actualidad autores como Joseph Schumpeter son defensores de esta concepción. Según ellos y Fernández, la ciudadanía está incapacitada para discutir sobre sus derechos y políticas (pero misteriosamente sí puede votar “la calle tendrá su rol”).

Lo que Fernández ignora es que dicha concepción conlleva a consecuencias perversas para la democracia. Al concentrar la discusión en unos pocos elegidos el sistema de toma de decisiones tiende a sesgarse, en cuanto tales decisiones estarán más cercanas respecto a quien las toman, y más lejanas de aquellos que quedan excluidos. Ello provocará lo que actualmente conocemos como una crisis de representación política, puesto que subyace la idea que solo unos pocos pueden discutir los temas relevantes. Su efecto lo podemos ver hoy en la falta de legitimidad moral que tienen los actuales partidos políticos y el fracaso del voto voluntario.

Si nos tomamos en serio la palabra de democracia, la cual tiene en su génisis una idea de igualdad e imparcialidad, la función de discurso público es distinta. Si apoyamos el ideal de discusión pública inclusivo este hará justicia a una concepción de igualdad básica, en la que niega que ninguna persona ni grupo tenga privilegio respecto de otro, ni acceso privilegiado a la verdad. Por otro lado, permite evaluar todas las opiniones de los eventualmente afectados en la decisión. Pero, para que ello ocurra, es necesario que ninguna voz sea excluida a priori. La idea de que todas las voces sean escuchadas se constituye en una razón necesaria para el fortalecimiento de la democracia. El discurso público inclusivo tiene la misión de robustecer la democracia a través de la participación colectiva.

En las discusiones públicas debe y es necesario que la calle participe, que el ciudadano común, desde el obrero hasta el profesional, expresen su opinión, puesto que la democracia no se acaba con el voto, es un proceso continuo y colectivo, en cual todos debemos participar. Por ello, es importante decirle al señor Fernández y a su elite que la calle sí debe participar, porque también forma parte de nuestra democracia.

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Benjamin A. Gajardo

05 de diciembre

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