Fue una de las propuestas que presentamos como Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén ante la Comisión Asesora Presidencial sobre Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción. Aunque nos fue imposible concurrir a la audiencia por realizarse en Temuco la correspondiente a la zona sur-austral, cumplimos enviando nuestros planteamientos vía electrónica.
Como organización planteamos varias ideas. Pero una de ellas es la que cobra más sentido hoy por hoy. “Establecer la residencia efectiva por un período determinado en la comuna, provincia, distrito o circunscripción para quienes postulen a un cargo de representación popular” fue la figura. La idea, que los representantes populares tengan un vínculo real y comprobable con los representados.Está claro que los factores relativos a un movimiento regionalista son mucho más amplios que querer que los candidatos a un cargo de votación popular vivan o no en determinado territorio. Sin embargo, el concepto que hay detrás de una medida como esta da cuenta de la profunda reflexión sobre la calidad de nuestra democracia que es necesario realizar.
Esta propuesta adscribe a un principio de legitimidad democrática y no a una noción chovinista de la política, como alguien podría caricaturizar. Y también a entender que la representatividad no solo tiene relación con escuchar a alguien y vocerear su demanda. Se vincula con experimentar los efectos del corto, mediano o largo plazo de las decisiones que uno adopta, que no es el caso de quienes no viven efectivamente (ni tienen intención de hacerlo en el futuro) en los territorios que representan y que van mudando de lugar en lugar como quien va de pesca por ríos y lagunas. Algo legítimo quizás para un comerciante, pero no para quien está llamado a incidir en el ámbito de lo público.
Es lo que ocurre con muchos ejecutivos de salmoneras, termoeléctricas o iniciativas de alto impacto ambiental y social. No estoy tan claro de que si ellos, sus familias y sus hijos, sufrieran los efectos de las decisiones que toman harían las cosas tal como las hacen hoy.
¿Cuántos candidatos e incluso representantes populares dejaron el vínculo con el lugar que representaron o quisieron representar una vez que el puesto ya no estuvo a su alcance? En la región de Aysén conocimos varios.
Por eso nos llamó la atención que tal propuesta no tuviera cabida en el informe final. Ejemplo de su necesidad fue la vacante que dejó el ex diputado Jorge Insunza, cuyo cupo en el distrito 9 (región de Coquimbo) fue ofrecido por su partido (el PPD) al ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo. Como quien regala una entrada a un concierto. Como quien sirve plato de pollo con arroz.
El ex secretario de Estado rechazó la propuesta señalando que este cupo debía ser definido democráticamente por la propia ciudadanía del territorio. La ex ministra de Salud Helia Molina, en cambio, se mostró disponible a asumir el desafío siempre y cuando la decisión final fuera adoptada democráticamente. En ambos casos la discusión se centró en el procedimiento mas no en la legitimidad de buscar reemplazante entre quienes no tendrían vínculos con el lugar a representar.
Por cierto que alguien podrá decir que da lo mismo de donde sea el candidato si al final la gente es la que decide. Eso lo hemos escuchado siempre. Bajo tal premisa, cualquiera de las restricciones vigentes para postular sería oficiosa.
¿Un ciudadano no tiene 35 años para ser candidato a Presidente? Eliminemos tal requisito, total si el elector quiere tener un joven de 18 (e incluso menos) en La Moneda es cosa suya. ¿El postulante no es chileno? Si los ciudadanos quieren un diputado de otra nacionalidad es cosa suya. ¿Un Congreso solo con hombres? Las personas han querido que así se conforme el Parlamento.
Uso estos ejemplos extremos para demostrar que la democracia es, en realidad, una serie de procedimientos que dan legitimidad a la toma de decisiones. Y eso implica ciertas reglas específicas que es necesario discutir.
Si hoy la Cámara de Diputados y el Senado –en esta última institución en forma grosera- están integrados esencialmente por congresistas que viven efectivamente en Santiago, la mirada que se imprime en las decisiones colectivas en tal espacio, por muchas visitas distritales que realicen, será siempre capitalina.
Esto no es un tema de falta de capacidad en regiones, como dijo un senador hace un par de días en un medio nacional. Un senador, valga señalarlo, netamente santiaguino pero que ocupa su escaño gracias a miles de provincianos. Es porque el entramado cultural e institucional que se ha ido conformando permite tal posibilidad.
Por cierto que los ciudadanos también somos responsables. Pero lamentablemente si los que definen qué se hará para hacer un cambio cultural profundo son los mismos que no quieren que éste se genere, tenemos un problema. Desde estas líneas solo podemos aportar a la reflexión y llamar a la responsabilidad cívica.
Las próximas elecciones parlamentarias serán, además de una oportunidad para “preferir lo nuestro”, la prueba de fuego para la probidad y el sentido de residencia. Con el cambio de distritos y circunscripciones muchos congresistas en ejercicio deberán ser candidatos por territorios que no están dentro de su rango de acción legislativa actual. De seguro harán lo mismo que hacen muchos cuando buscan ser electos por otros distritos o circunscripciones. Hacer campaña con las asignaciones parlamentarias que les entrega el Parlamento para realizar su labor de representación.
¿Esperaremos a que ello ocurra para caer en la cuenta que la residencia efectiva es un elemento más de la democracia a la que muchos aspiramos?
Es probable que al actual Congreso (pensado como institución, más allá de notables excepciones) le sea difícil avanzar en una medida de este tipo, considerando que le afecta directamente. Es lo que técnicamente se llama ser incumbentes.
Está claro que los factores relativos a un movimiento regionalista son mucho más amplios que querer que los candidatos a un cargo de votación popular vivan o no en determinado territorio. Sin embargo, el concepto que hay detrás de una medida como esta da cuenta de la profunda reflexión sobre la calidad de nuestra democracia que es necesario realizar.
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