El gobierno no ha entendido que la respuesta ante el desastre del #27F debe tener un foco en las personas, siendo capaces de que ella sea adecuada a sus necesidades e intereses, oportuna, efectiva y capaz de rendir cuentas, ante los usuarios/beneficiarios de la misma, así como al resto de la sociedad civil.
Previo a la conmemoración de los tres años del terremoto del #27F, Chile está intranquilo. Una sensación de nervio transversal. La red de monitoreo sismológico de la Universidad de Chile se encuentra operando con 11 estaciones menos que la fatídica madrugada del 2010.Tal cual. Los expertos han demandado respuesta. La opinión pública también. En resumen, “accountability”.
Los tomadores de decisión parecen no acusar recibo, bastando, a sus ojos, los anuncios, como si esto fuera ganar por oferta. Lo cierto es que se esperan decisiones, más aún cuando la protección civil queda en entredicho, que en fase de preparación para la respuesta hoy retrocede desde el último evento sísmico de proporciones. Dentro de las decisiones que deben emanar del sistema de gobernanza de gestión del riesgo está la política deliberada de rendición de cuentas. Aquello es prioritario para la credibilidad de la institucionalidad, sobre todo del futuro sistema y la Agencia Nacional de Protección Civil.
En lo objetivo, si el “accountability” es rendición de cuentas, como “parte esencial del proceso de democratización, del proceso de crear frenos y contrapesos que aseguren que el menos privilegiado y con menos poder puede retar y reconfigurar las dinámicas del poder social” (de acuerdo a David Bonbright), lo que nos queda es remitirnos a los compromisos que duelen a nuestras autoridades. Me explico. Chile ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a inicios del 2010, siendo el segundo país latinoamericano en hacerlo. Pues bien, dicho ingreso compromete políticas, programas y acciones en una serie de materias, dentro de las cuales se cuenta la gestión y reducción de riesgos ante desastres.
En noviembre pasado, por medio del Public Governance and Management (PUMA), la OCDE publicó el Marco Metodológico en la Evaluación de Riesgo de Desastres y la Financiación del Riesgo, en donde se dedican algunas líneas que en materia de Gestión y Reducción de Riesgos ante Desastres son de nuestro interés. En efecto, si no existen datos fiables, comparables y metodologías claras respecto al financiamiento ante una catástrofe, así como para los planes preparativos de la respuesta, de seguro la ciudadanía seguirá manteniendo incertidumbre respecto a la toma de decisiones, puesto que no hay garantía de que la autoridad haya aprendido las lecciones que el #27F nos dejó. Este tema no se arregla con la creación de una nueva institucionalidad. Esto es más profundo.
La última Encuesta CEP (Nov-Dic 2012) aporta interesantes y provocadores datos respecto a la evaluación ciudadana del trabajo que el actual gobierno ha desempeñado en materia de reconstrucción:
– Evaluación General: 34% “Muy mal + mal” v/s 24% “Muy bien + bien”
– Evaluación por Género (“Muy bien + bien”): 26% hombres v/s 22% mujeres.
– Evaluación por Estrato Socioeconómico (“Muy bien+ bien”): 32% Alto v/s 24% Medio v/s 22% Bajo.
La simple inferencia indica que la evaluación es negativa, siendo las mujeres las más críticas, lo mismo los pobres. Resultado predecible en virtud de la realidad, cuanto son las mujeres y los pobres los que más recienten los efectos de un desastre natural.
El gobierno no ha entendido que la respuesta ante el desastre del #27F debe tener un foco en las personas, siendo capaces de que ella sea adecuada a sus necesidades e intereses, oportuna, efectiva y capaz de rendir cuentas, ante los usuarios/beneficiarios de la misma, así como al resto de la sociedad civil.
Somos un país que gusta mucho de mirar a Estados Unidos como referente. No obstante, en esta materia, parecemos tener una deficiencia ocular. Estados Unidos, tras el huracán Katrina logró aprender algunas lecciones. Una de ellas tiene relación con el organismo rector en materia de protección civil. La Agencia Federal de Emergencias (FEMA) supo adecuarse al contexto, responder de mejor forma y tener una buena evaluación ciudadana tras el paso del huracán Sandy el 2012. Si las últimas noticias respecto de la capacidad de monitoreo de la red sismológica nos alertan, cabe preguntarse lo que Ignacio Cienfuegos bien indica: “Mirando entonces lo ocurrido en nuestro país a partir de la gran catástrofe natural del #27F… ¿tenemos un acabado diagnóstico de qué falló ese día en nuestra institucionalidad pública? Y lo más importante, ¿hemos hecho lo necesario para fortalecer a las agencias encargadas?, es decir, ¿hemos aprendido la lección?”
Para finalizar, cabe tener presente que de capacidades institucionales en materia de recuperación post-desastre hablamos muy poco, sólo de evaluaciones ciudadanas mediante encuestas, lo que nos ha aportado una fotografía no menor, particularmente para relevar la importancia que tienen las fases de pre-desastre, hoy más prioritario que nunca, puesto que más vale invertir hoy, reducir daños y disminuir los efectos de una catástrofe en los más pobres.
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