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Derechos infanto-juveniles: Al debe con pueblos autóctonos y migrantes

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El principal argumento de las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, todos interesados en la defensa, resguardo y promoción de los derechos infanto-juveniles es la urgencia de tener una ley que recoja los acuerdos de la Convención de Derechos del Niño (CDN) de la Asamblea General de las Naciones Unidas realizada el 20 de Noviembre de 1989, suscritos por Chile mediante decreto 830 del Presidente Aylwin publicado el 27.09.90.


En mi opinión, lo que debería hacerse antes de legislar, es el diagnóstico de la realidad que viven los niños, niñas y jóvenes sin exclusiones de ningún tipo y en la voz de sus protagonistas.

Sin duda es garantía de un buen marco de consideraciones positivas para nuestros niños y niñas homologar los acuerdos internacionales en esta materia y para eso se está discutiendo el proyecto de ley boletín 10315, iniciativa de la Presidenta Bachelet. Se encuentra en su primer trámite constitucional, en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados.

En otras palabras la CDN actúa como base para la futura ley de derechos infanto-juveniles.

En mi opinión, lo que debería hacerse antes de legislar, es el diagnóstico de la realidad que viven los niños, niñas y jóvenes sin exclusiones de ningún tipo y en la voz de sus protagonistas. Un levantamiento de información que alimente el proyecto de ley desde sus cimientos. Es tarea del gobierno idear la forma de hacerlo representativo y expedito, probablemente coordinación con organizaciones que ya trabajan el tema. También hay municipalidades que han realizado parlamentos juveniles, con los colegios.

La pregunta interesante entonces viene sola: ¿Por qué el gobierno prefiere adecuarse a la CDN y no realizar su propio análisis del problema?

Dejando de lado los costos que seguramente sería la primera respuesta, es probable que con esto se evite un cuestionamiento del sistema político económico vigente, porque los niños y jóvenes son la voz que muchas veces complica al mundo adulto, incluso mucho más allá de esas materias.

Una vez hecho el diagnóstico, podría haberse armonizado con lo que establece la CDN y desde ahí armar el mejor proyecto de ley, que por supuesto en su proceso dentro del Parlamento se iría perfeccionando de acuerdo a la opinión de lo que podríamos entender como la opinión del “mundo adulto”, en la voz de los representantes del “pueblo adulto”.

El espacio para aportar sabemos que aún está en la Comisión de Familia y las que vendrán en la tramitación. No solamente los parlamentarios y el gobierno, sino también la sociedad civil. Aunque es cierto que el proyecto ya está armado, algunos detalles se pueden modificar con las indicaciones que surgen a raíz de esa participación.

El proyecto puntualiza que la ley será aplicable a todos los niños y niñas que habitan en Chile, sin especificar las circunstancias particulares y eso los incluye a todos y todas. (Niños para efectos de la ley, lo definen hasta los 18 años de edad).

Sin embargo la discusión se queda corta y al debe, para dos mundos de niños especialmente expuestos: 1) Pueblos originarios y 2) Migrantes.

Quizás las autoridades no se esmeran en considerar estos aspectos en particular, ya que ni siquiera está reconocida en la Constitución vigente la existencia de los pueblos mapuche, aymara, rapa nui, etc. Ni tampoco entiende a Chile como un país multicultural, que debiese ser la forma de verlo a la luz de la emergencia creciente de estos dos mundos. Sin duda esta materia deberá ser abordada en la futura nueva Constitución.

En concreto, al evitarse esta suerte de diagnóstico participativo que en mi visión debió realizarse antes de legislar en esta materia y aunque el proyecto viene con una buena dosis de derechos que de todas maneras apuntan al bienestar de niños y adolescentes, hay un texto estándar que no establece necesariamente mecanismos para abordar problemáticas especiales ni garantiza su éxito en la práctica, toda vez que están ausentes en el debate público donde se toman las decisiones o desde la prensa masiva, casi totalmente invisibilizadas. ¿Dónde estarán las pruebas para demostrar las necesidades especiales?

Si se observan todas las sesiones de la Comisión de Familia desde el 21.10.15 hasta la fecha 05.10.16, no se registran hasta ahora las intervenciones de organizaciones que representen genuinamente los intereses e inquietudes del mundo migrante ni de comunidades mapuche u otra etnia que acudan a exponer la realidad de sus niños, niñas y jóvenes.

Todavía estamos a tiempo de escuchar a esos y muchos otros representantes en las comisiones de trabajo, para aunque sea en el proceso que el mundo adulto legisla para evitar los atropellos al mundo infantil y adolescente, se escuchen todas las voces.

 

TAGS: #DerechosHumanos Derechos del Niño

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