En relación con el proyecto social de un buen vivir y derechos de la Naturaleza, la Constitución de Ecuador de 2008, y la legislación e interpretaciones que más tarde se desprenden de ella muestran ya una historia. Ésta puede comprenderse como un camino en la construcción de una alternativa de mundo y organización social, que se pone como uno de sus objetivos encontrar una opción de vida en una relación alternativa con la Naturaleza. Ella se alimenta de concepciones indígenas precolombinas aun persistentes dentro del tipo de sociedades modernas que conforman los mundos latinoamericanos.
Según Alberto Acosta, académico y activista ecuatoriano, el reconocimiento en la Constitución de lo que se denominan “derechos de la Naturaleza” y su consecuencia normativa de “sujeto de derecho”, significan la experiencia de un hecho que por su novedad en el panorama de las constituciones de este tiempo se puede concebir como histórico. Ello se complementa con la incorporación constitucional de la palabra indígena para Naturaleza, la Pachamama, que representa el reconocimiento concreto de un Estado plurinacional, al mismo tiempo que apunta hacia la compleja experiencia de la traducción de lenguas y concepciones de mundo.Con estos nuevos derechos de la Naturaleza se daría otro paso dentro de los conflictos hasta ahora reconocidos como ambientales de las culturas modernas
Los debates relacionados con estos temas al interior de la Asamblea Constituyente del Ecuador fueron arduos, y en su momento conocieron el rechazo categórico de parte de quienes defendían una larga tradición de pensamiento del derecho. Se consignó que un derecho de la Naturaleza requeriría siempre de una representación humana que hablase por ella y por esos derechos, lo cual implica también una definición humana del elemento de la Naturaleza de que se tratase -puesto que la “Naturaleza”, es decir como un todo, no tiene sentido como sujeto de una representación-, y estas dos cuestiones chocarían con la posibilidad de estos nuevos derechos. Del otro lado, estuvieron quienes los defendieron entendiendo que con ellos se promovía una transformación constitucional adecuada a las características de los Estados latinoamericanos democráticos y de orientación ambientalista en el siglo XXI.
Una cuestión de las más relevantes de esta lucha por la ampliación de los derechos a la Naturaleza, resulta la consideración de que se trata de un esfuerzo político por el desplazamiento de algunos conceptos tradicionales del derecho. Se continuaría así el movimiento de expansión de los titulares de derecho que se observa dentro de esa misma tradición -como lo fue, en su momento histórico, la expansión a los humanos sin propiedad privada, a los esclavos, a las mujeres-, aunque deberíamos notar que siempre se trata de ampliaciones dentro de la categoría de los seres humanos. Se pone entonces énfasis en que con estos reconocimientos de derechos ha ocurrido la transformación de una lógica anteriormente impensable. Además, las nuevas condiciones históricas están instalando las cuestiones de protección de la Naturaleza, tradicionalmente centradas en el ambientalismo, como uno de los elementos centrales de las agendas políticas globales, que ahora incluyen las respuestas a las amenazas de continuidad de la vida humana misma.
Con estos nuevos derechos de la Naturaleza se daría otro paso dentro de los conflictos hasta ahora reconocidos como ambientales de las culturas modernas. Se estaría reconociendo que aquello que entendemos por sustentabilidad debe tratar también de la preservación de la misma condición humana en la Naturaleza, y con ello movilizarse hacia un nuevo tipo de reconocimiento de la pertenencia de los humanos a ella. En este sentido, las experiencias indígenas parecen ofrecernos a los latinoamericanos modernos un modo alternativo de concebir esa pertenencia.
Como probablemente hubiera dicho Aldo Leopold ya en los años 50 del siglo XX, aquí se indicaría simplemente hacia la transformación horizontal del lugar de los humanos en la Naturaleza, que pasaríamos de ser concebidos como dominadores jerárquicamente superiores en el orden natural a unos miembros más de éste -con nuestras propias y específicas características-. En este sentido, las mismas ciencias occidentales, que representan una característica de la racionalidad moderna de los humanos, habrían cooperado a un descentramiento de lo humano en el Universo natural (véase a Copérnico, Darwin, Nietzsche, Freud, la física de un Einstein).
Los derechos de la Naturaleza/Pachamama lograron pues una mayoría en la Asamblea Constituyente de 2007-8. Las luchas políticas no se detuvieron entonces, y en diversos ámbitos cambiaron las correlaciones de fuerzas. Esto es notorio en alguna legalidad que se ha votado conforme con la aplicación de los principios, derechos y fundamentos de la Constitución. Ella muestra normas jurídicas aprobadas que desconocen lo resuelto constitucionalmente, y resultan hasta contradictorias con esos principios y derechos. Los intereses de grupos por mantener los privilegios humanos de explotación de la Naturaleza -grupos que incluyen los poderes económicos nacionales y los de la institucionalidad transnacional-, significan posiciones poderosas que han sido capaces de retrotraer muchas cosas hacia las formas de la dominación tradicional.
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