En algunas ocasiones hemos hecho referencia a este concepto de democracia solidaria. Hemos señalado algunas de sus características que implican renovar el sistema.
La democracia, más que un modelo determinado, es un conjunto de principios, con mayor permanencia en el tiempo, que debiesen generar un modelo acorde con sus postulados. En nuestro país existe, desde esta perspectiva, una doble crisis: por un lado, en el agotamiento de algunos planteamientos o de principios más o menos permanentes, que hoy se entienden de otra manera. Temas como la igualdad, la diversidad, los derechos ciudadanos y otros planteamientos teóricos, hacen que estos principios se revalúen y se proyecten históricamente en forma diferente. Podríamos decir que el ser humano comienza a pensarse de otra manera, a entenderse científica y experimentalmente desde otras perspectivas, lo cual lo lleva a exigir no sólo precisión de principios sino también creación de políticas coherentes con estas nuevas realidades.
El modelo chileno está superado, como modelo auténticamente democrático, por lo tanto es incapaz de asumir nuevas percepciones de la libertad, de la dignidad y de las expresiones de la soberanía popular. La democracia, en lo más puro de su esencia, debe hacer realidad el derecho a la autodeterminación de las personas en todas las expresiones de su vida. Pero la sociedad, en sus estructuras, siempre presenta distorsiones que hacen que este principio de la autodeterminación se encuentre, muchas veces, limitado.
En el caso chileno, la autodeterminación es francamente irrisoria. Nuestro modelo se encuentra dominado por la dictadura de un economicismo que condiciona absolutamente las expresiones libertarias de la ciudadanía, de las organizaciones ciudadanas y de las expresiones individuales o personales. Nuestra sociedad no está organizada solidariamente.
El concepto de libre competencia capitalista, en el modelo chileno, hace imposible aplicar un modelo de organización solidaria, encabezada por el Estado, que permita corregir las distorsiones aberrantes del modelo. Podemos decir, sin exagerar, que el modelo chileno es unaexpresión de la limitación a la satisfacción de los derechos humanos básicos. Estos no son sólo la defensa contra la violencia o la inclusión. Son algo más profundo: es lo que permite al ser humano vivir como sujeto de derechos y deberes, debidamente protegidos en solidaridad.
Una democracia solidaria debe coordinar el interés social con el individual y en la ciudadanía. La empresa y la actividad económica no pueden estar por fuera de esta obligada solidaridad. Se trata de resolver el problema de una regulación fundamentada, que permita la libre expresión y el ejercicio de los derechos sociales, frente a las distorsiones que provoca la forma de operar de la libre empresa. La democracia solidaria necesita de la preocupación preferente del Estado en la coordinación de políticas que satisfagan los derechos y cautelen el cumplimiento de los deberes. La democracia solidaria supone, además, que ningún bien de una nación o recurso básico del cual dependa la existencia del desarrollo mismo de esa nación, pueda estar en manos de intereses privados. Más aún de privados extranjeros.
Estos principios, para los que profesan el pensamiento social cristiano, están en todas las enseñanzas de la doctrina social, pre y post Concilio Vaticano II. Es posible concebir una auténtica economía social que debe estar asociada a la satisfacción de los derechos fundamentales de la persona. En este sentido, aparece una obligación que a los liberales nunca les gustó: que la propiedad tiene una función social y que el Estado debe regular y vigilar el cumplimiento de esa función.
Sin solidaridad estructural la democracia será siempre lejana, como sucede en nuestro país. La democracia solidaria y el rol del Estado son una llave imprescindible para la igualdad democrática. No existe posibilidad de soberanía popular en un gobierno democrático insolidario, donde todas las libertades y expresiones de las diversidades están constreñidos por un sistema económico. Es él el que impone la ética, impone el deber ser de la sociedad y la hace absolutamente injusta. En ella, se pretende maquillar las aberrantes injusticias y contradicciones con políticas asistenciales para mantener la seguridad y la ganancia máxima de las empresas a costa de la satisfacción mínima y en algunos casos miserable de las personas.
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Foto: elibertaria / Licenica CC
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