«Lo que está en disputa tras el sistema tributario no es simplemente el financiamiento de más o menos actividades del Estado, sino la forma que adoptan las instituciones que hacen posible nuestras relaciones sociales».
Advertencia: al terminar de leer esta lectura, las palabras se las pudo haber llevado el viento. La política cada día está más vertiginosa.
A fines del pasado mes de abril, el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció la Reforma Educacional y Tributaria a través de cadena nacional de radio y televisión. Una promesa hecha desde hace unos meses a petición de los estudiantes chilenos, pero dirigida hacia todos los sectores de la economía.
Revisando la prensa nacional al día siguiente, para mi sorpresa, me encontraba con que el anuncio presidencial traía aplausos y vituperios de los diversos sectores políticos y estudiantiles. ¿Acaso no era lo que Chile necesitaba para avanzar más rápido hacia el desarrollo? ¿Qué tenía de malo la reforma? ¿De dónde salieron tantos expertos economistas?
Vamos primero al monto total: entre 700 y mil millones de dólares anuales adicionales de recaudación. Suena bastante, pero es poco. En suma, aumenta la carga tributaria total de Chile desde aproximadamente el 20.0% al 20.3% del PIB. Como referencia, la carga tributaria total de Uruguay es 23%, la de USA es 27%, Canadá 32%, etcétera.
La última vez que en Chile se hizo una reforma tributaria fue en el año 91’, bajo el Gobierno de don Patricio Aylwin. Una reforma en grandes líneas, continuativa del modelo económico de mercado, instaurado bajo el gobierno o dictadura (concedo palabra a gusto del lector) por 30 años de Augusto Pinochet. De ahí en adelante, durante los siguientes 20 años, la dirección económica de Chile estaría bajo gobiernos de centroizquierda o Concertación. Estos gobiernos no modificaron ninguna coma del modelo económico neoliberal instaurado en Chile, lo expandieron a todas las aristas posibles: educación, salud, transporte, y un largo etcétera.
Ajustemos el reloj. En la campaña presidencial de Sebastián Piñera del año 2009 no figuraba dentro de sus promesas de campaña una modificación (ni menos una revisión) al sistema administrativo de recaudación impositivo chileno ni a la educación. ¿Por qué? Porque toda subida de impuestos es impopular y todavía no había estudiantes en las calles protestando a favor de una educación universitaria gratuita de buena calidad.
Chile tiene un nivel de participación en la educación superior similar al de países como Austria, Francia, Hong Kong, Reino Unido, y Suiza. La diferencia reside en que el PIB por habitante de Chile es de alrededor de 13 mil dólares por año mientras aquel de los países de comparación supera los 35 mil. En otras palabras: Chile tiene una cobertura educativa de país rico con los medios de un país en vías de desarrollo.
Resultado: para financiar las carreras, una gran cantidad de estudiantes universitarios tiene que endeudarse con créditos importantes para pagar los altos aranceles que exige la gran mayoría de universidades chilenas, ya sean planteles estatales o privados.
El discurso eterno ha sido que inyectar mayores recursos económicos solucionará el problema de la educación chilena. Aun no logro entender si el beneficio propuesto por el Gobierno consiste en un gasto adicional o en un crédito, conceptos distintos en materia tributaria.
En términos simples, los líderes estudiantiles plantean que inyectar más y más recursos a la educación no solucionará nada. Independientemente de que se castigue a un sector determinado, en este caso las empresas, para destinar esos recursos a la educación. Lo que buscan es un cambio sustancial, de naturaleza y de esencia en nuestro modelo educacional. Ya no como simples piezas de un engranaje llamado libre mercado, sino como ciudadanos críticos y que cada chileno tenga las mismas oportunidades para salir adelante en la vida, sin estar determinados por el sector socio económico de donde provenga. El simple incremento de fondos a disposición del gobierno no responde a ninguna de estas inquietudes.
Concluyo entonces que la política tributaria y educativa deben tener un alcance que va más allá de la mera recaudación. Y, contra lo que mayoritariamente se ha sostenido, lo que está en disputa tras el sistema tributario no es simplemente el financiamiento de más o menos actividades del Estado, sino la forma que adoptan las instituciones que hacen posible nuestras relaciones sociales. En otras palabras, lo que deberíamos preguntarnos es si nos queremos entender como ciudadanos o como agentes de mercado en un modelo neoliberal, y no creer que la única pregunta relevante para solucionar los grandes conflictos sociales y económicos nacionales, sea cómo aumentar la caja del fisco.
Con esta reforma, el gobierno de Presidente Piñera no soluciona el tema educacional.
Comentarios
22 de mayo
Interesante la relación entre PIB y participación en educación superior. Pareciera que en Chile, cuyo PIB es 2,5 veces inferior al de los países con que se le compara, el desafío sería crecer para sostener una cobertura del ritmo de esos países. Sabemos que esto es imposible en el corto-mediano plazo. Por ello, el cambio sustancial del modelo educacional que plantea el movimiento estudiantil, se hace necesario e indispensable para romper el paradigma.
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