De los Pingüinos del 2006 al Proceso Constituyente del 2020

De acuerdo con esta interpretación, situamos en la revolución pingüina de 2006 el modo distinto en que la sociedad venía articulándose en el espacio público. Es la primera gran señal de la fractura que hoy vivimos entre el así llamado “mundo” político y “mundo” social. No es sin embargo el único episodio.

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Al alero de las redes sociales, la sociedad se constituye como sujeto protagónico de su realidad, gana en relacionamiento e instantaneidad mediante la utilización de dispositivos digitales inalámbricos de efecto inmediato

Desde el punto de vista del discurso, el movimiento de los secundarios que se inició en 2006, reaparece más tarde en 2011, conecta con demandas de otros sectores sociales, entre los que se cuenta a importantes sectores medios, impacta la agenda pública del gobierno de la época, es decir, Piñera I, y desde ahí en adelante atraviesa procesos de colusión empresarial, corrupción de las Instituciones y la propia  política y el consiguiente deterioro acelerado de las Instituciones, hasta desembocar finalmente en el estallido social de 2019.

La singularidad del periodo  2006 -20011, radica en que  la telefonía digital inteligente, que conectaban, organizaban y coordinaban a los pingüinos en la virtualidad, ya había alcanzado importantes niveles de penetración en todas las capas de  la sociedad chilena. El resto, es historia conocida.

A diferencia del pasado, Internet y su parrilla amplia de servicios, muy en especial los comunicacionales, digamos el lado amable de la globalización, han venido modificando progresivamente la intermediación clásica y convencional que existió en el país entre  la trilogía sociedad-política representativa-Estado.

Si durante años, la política institucional, (entendiendo por tal gobierno, parlamento, partidos políticos y los municipios), se relacionaban e interactuaban con la sociedad a través de medios físicos tales como reuniones y asambleas presenciales, boletines, folletos, periódicos y ocasionalmente mensajes insertos en radios y televisión, y desde inicios de los 90 a través de audiencias públicas en distintos estamentos del Estado, instrumentos relativamente funcionales a cada época, en el marco de la era digital, lo esporádico se vuelve cotidiano, lo lineal y vertical  empieza a ceder a lo matrilineal y horizontal y el discurso único se mezcla como uno más en medio del relato más diverso y plural de muchos.

De este modo, y al alero de las redes sociales, la sociedad se constituye como sujeto protagónico de su realidad, gana en relacionamiento e instantaneidad mediante la utilización de dispositivos digitales inalámbricos de efecto inmediato. Así, mientras la sociedad civil venía  ganando en protagonismo e incidencia en los asuntos públicos, la institucionalidad, se volvía cada vez más lenta y lejana.

Ello, porque como es archisabido, en la era digital, la información y el conocimiento, están distribuidos en la sociedad vía Internet. Esa información y conocimiento distribuido han permitido que cualquier persona con acceso a Internet y a las redes sociales, pueda formarse una opinión o afirmar la que ya tiene y quedar conectada con cientos y miles de otras.

Y es que la información y el conocimiento distribuido modifican, además, la forma de abordar los asuntos públicos, entre otros. Lo público, en el más amplio sentido de la palabra, está objetivamente afectado por el desarrollo de la tecnología digital que ocurre en tiempo real, retratando y documentando la realidad física como nunca antes en la historia de la humanidad. Naturalmente, ello no es lo único. Una mirada  en el ámbito laboral, ver aquí.

Pero además,  Internet acortó las distancias entre la toma de decisión y el impacto que dichas decisiones tienen sobre las personas y la sociedad. Bástenos mencionar como evidencia a ese respecto, por el lado positivo, las increíbles audiencias por medios digitales  que tuvieron las discusiones parlamentarias en ocasión del retiro  del 10% de los fondos de pensiones. Por su lado negativo y vergonzoso a estas alturas del siglo XXI, para un país como el nuestro con un negro historial en materia de violencia estatal, son  los registros de la violencia policial en las movilizaciones ciudadanas durante el estallido social.

El reto para la política, en términos de avance en  calidad y fortalecimiento democrático, es incorporar a nivel Institucional formas de participación ciudadana en la solución de sus propios asuntos, que recoja y exprese política y jurídicamente esta nueva realidad.

La ciudadanía ya es un factor incidente en el espacio público. Si analizamos su desarrollo como proceso y no como meros hechos aislados e inconexos, podemos ver que el proceso de participación ciudadana viene ganando en profundidad desde la revolución pingüina en adelante.

Ilustrativos son a ese respecto dos hechos. El primero, la participación ciudadana que pudimos conocer a propósito del proceso de cambio constitucional promovido por el gobierno Bachelet II, boicoteado ácidamente por la derecha y el gran empresariado. El segundo, los cabildos abiertos, implementados por las municipalidades como forma de canalizar demandas ciudadanas en el marco del estallido social de octubre de 2019 y las miles de reuniones y encuentros que le sucedieron.

Si alguien piensa que falta contenido para avanzar en un mayor esfuerzo unitario entre el “mundo” social y el “mundo” político, queda invitado a revisar todo el contenido que se ha producido en todo este último  periodo.

Actualmente, en el proceso constituyente en ciernes, se encuentra sin embargo, la oportunidad de avanzar en dirección a un Estado Social de Derecho, entre cuyos pilares destaque, además de un régimen de protección social,  el rol de la  ciudadanía como factor incidente en los asuntos públicos, a través de plebiscitos vinculantes, referéndums, y otras formas modernas de participación.

El nudo de la cuestión, sin embargo, se define en pocas semanas más. Porque lo de fondo, hoy, sigue estando en el esfuerzo por reducir la brecha y profunda desconfianza  entre el “mundo” así llamado social y el  político.

En resumen, lo que falta son acciones acordes de las fuerzas políticas comprometidas de verdad con la superación democrática y constructiva del neoliberalismo, en el sentido de concordar,  en muy poco tiempo, una estrategia de cambio constitucional común con las fuerzas sociales que lo hicieron posible.