De la represión pública a la privada

Con las imágenes mostradas en el programa “En La Mira” de Chilevisión, pudimos observar unas de las aristas del conflicto estudiantil poco tratadas dentro de la discusión pública.

Este programa ha mostrado, desde la perspectiva de los manifestantes, la represión policial, mostrando las violaciones a los derechos constitucionales, para reunirse y manifestarse libremente. También se ha mostrado cómo los estudiantes han generado diversos mecanismos de dialogo, así como de organización, a fin de poder dar menos excusas a la acción policial, que sin embargo había tendido a ser agresiva en el control de los manifestantes e ineficiente en el control de los desmanes, poniendo un velo de desconfianza en la acción policial.

Esta acción policial, si bien ha sido callada por los medios oficiales, ha sido ampliamente difundida por las redes sociales con casos como el lanzamiento de lacrimógenas desde Helicópteros, hastaniñas desalojadas desde el Colegio San José de Puente alto, detenidas y obligadas posteriormente a desnudarse en la comisaría.

Es así como se instaló en el inconsciente colectivo la idea de un quehacer policíaco que tenía un objetivo político de represión de las manifestaciones y criminalización de las mismas. En este contexto, en Valparaíso es resguardado por la guardia del Congreso un policía, “mimetizado” según el intendente Ubilla, que, paradójicamente, es fotografiado dentro de las marchas con el rostro cubierto, con lo que se fundamenta más la sospecha de que encapuchados pudieran ser carabineros encubiertos.

Bajo la difusión de los medios de comunicación oficiales de los hechos de violencia que incluyen la quema de un vehículo en Bulnes a casi cuatro cuadras de una manifestación que congregó a más de 160 mil personas, se vuelve a poner en duda la veracidad de los acontecimientos, a través de medio virtuales.

Sin embargo, y dada la fuerte acción de los mismos manifestantes contra de los encapuchados, la acción, extrañamente, se ha movido a la ocurrencia de incendios (3 simultáneos) de colegios en tomas, siendo ampliamente difundidos, por el a estas alturas vocero mediático del Gobierno, el alcalde Pablo Zalaquett, quien no duda en culpar a los estudiantes, en los medios de comunicación y sin derecho a réplica, además de interponer acciones legales contra ellos. Haciendo caso omiso a las denuncias de los mismos estudiantes, sobre la responsabilidad de personas ajenas al establecimiento que habrían generado los desmanes e incendios.

Por su parte en Ñuñoa, el domingo 21 de agosto, ante el intento de“re toma” del Liceo 7 “José Toribio Medina”, los estudiantes y sus apoderados se encuentran con personas ajenas al establecimiento educacional en su interior, haciendo resistencia al ingreso de los estudiantes, ante la presencia pasiva de carabineros.

Por suerte los estudiantes tuvieron los resguardos de grabar estos acontecimientos, con lo cual dejan de manifiesto que los sujetos al interior se encontrarían armados, habrían hecho desmanes, y serían pagados por una funcionaria, Perla Seguel Torres (jefa del departamento de organizaciones comunitarias de Ñuñoa), a 15 mil pesos la noche, por orden directa del alcalde Pedro Sabat, que reconocería horas después la contratación de “guardias privados” para la “protección” de los establecimientos.

Con aquello se abre otra etapa de la estrategia de criminalización del movimiento social, esta vez, con la aparición de personas “mimetizadas” en una escala represiva a los manifestantes, que puede ser grave.

Esperemos que esto no se agrave, y que quienes están mandatados a dirigir, lo hagan dentro del marco legal.

* Publicado en http://lenin-zert.blogspot.com/

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Victor Acuña

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