Por cada mes de 2011, el gobierno ha sobrellevado una crisis política. A comienzos de año, la crisis del gas en Magallanes, que llevó a un cambio de gabinete; en febrero, la dilatada renuncia de la ex Intendenta del Biobío con una fuerte pelea dentro de la propia coalición de gobierno; en marzo y abril, la crisis del caso Kodama que resultó en la renuncia de la ministra Matte (con epifanía incluida); en mayo, la aprobación de la central hidroeléctrica en Aysén y sus efectos sociales y políticos que están en pleno desarrollo.
Todos estos episodios, pese a la benevolencia con que los medios -principalmente la prensa escrita- han informado de ello, se han salido de cauce para el ejecutivo. Varias son las razones.
Exceso de candidatos. Dos de las crisis han tenido como protagonista principal a Laurence Golborne, aspirante presidencial y ministro de Energía y casi todas a Rodrigo Hinzpeter, aspirante presidencial y ministro del Interior. Mostrando que a veces el exceso de candidatos en un gabinete puede ser perjudicial, la competencia interna también. Ahora, si es Golborne y el tema es energía, esto es explosivo.
Se dilatan las decisiones. En todos los casos se ha dilatado la decisión final. A veces como producto del empate de fuerzas al interior del gobierno, en otras a la espera que el centro de decisiones de La Moneda, instalado en la propia presidencia, zanje el dilema. Dilatar muchas veces se puede confundir con negligencia, así parece percibirlo la ciudadanía.
El flanco ambiental. En dos de los casos, tres, si sumamos Barrancones en 2010, la crisis ha tenido relación con la energía, demostrando la vital importancia de agenda que tiene y tendrá este tema en la actualidad y en el futuro. Como consecuencia de lo mismo, el movimiento ambientalista ha adquirido inusual fuerza y vitalidad. En este ámbito el gobierno tiene contraparte activa.
Lo que extraña es que el gobierno sabía esto pero cada vez aparece como improvisando. Se suponía que el ministro Golborne era para generar estrategias de anticipación y contención, no para salir con declaraciones que minimizaran la protesta ciudadana o acusaran a la ciudadanía de estar mal informada. Mal mensaje. Aumento y expansión de la crisis.
En cualquier caso, el modo de decidir sobre Barrancones abrió expectativas que eran imposibles de cumplir y fue la llave maestra para dar mayor visibilidad y legitimidad al movimiento ambiental. Consecuencia positiva para el país, pero no buscada por la administración Piñera.
Confundiendo el timing. En el caso Kodama, por ejemplo, el gobierno ha actuado entregando razones y argumentos que buscan blindarlo de los escenarios judiciales. Aquí se ha confundido la crisis judicial con la crisis pública y política. Ambas son distintas en sus tiempos de duración, actores y mensajes. A destiempo.
Una oposición fragmentada. En la mayoría estos casos, la Concertación ha actuado de manera reactiva o se ha sumado tardíamente y con tropiezos, como en la decisión de abrir comisiones investigadoras. Esto no hace más que agravar el diagnóstico para el gobierno.
El senador Navarro, la Asamblea Ciudadana de Magallanes, Acción Ecológica y los jóvenes han puesto en jaque al equipo político, como antes lo hizo Bielsa, indirectamente, en la crisis del fútbol. A medida que se acerque el nuevo ciclo electoral la oposición puede tender a unificarse. Más nubes en el horizonte.
Generando malestar. En todos los casos, ha habido declaraciones fuera de lugar de integrantes del gabinete, sino abiertos desacuerdos entre ellos, que han agravado y amplificado la sensación de crisis y, aunque no es generalizado, los corcoveos parlamentarios han puesto otro tanto.
Hay un problema de gestión política evidente. Que no haya oposición no justifica que el gobierno no tenga política hacia la oposición. Las declaraciones sobre obstruccionismo solo hacen crispar el ambiente más de lo que está. El gobierno necesita urgente generar acuerdos y ceder en algunas de sus políticas. Hay una crisis de vocería. Hay una crisis de conducción.
HidroAysén, un punto de inflexión. Treinta mil personas en las calles en Santiago, protestas en la mayoría de las regiones, repercusión internacional, el que no haya acuerdo entre los expertos sobre la real necesidad de Hidroaysén, entre otras razones, debieran hacer reflexionar al ejecutivo para que busque un derrotero distinto en la búsqueda de una mejor energía para el país.
En cualquier caso, lo que necesita el gobierno es un nuevo estilo de gestión política y mejorar su desempeño en el manejo de las crisis que lo afectan y que para cualquier gobierno son el pan de cada día. Ninguna de las dos cosas parece estar en el horizonte, el individualismo campea. La solución no está en los pendrives.
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