Okey, quizá peco de exagerado con el título. Pero la verdad veía venir esta situación, quizá no en la fecha, pero sí en las distancias de tiempo.
En la columna de ayer “Aprovechar para corregir el rumbo”, hacía un llamado para que se cambiase el plebiscito a mediados de año, o bien, para el mes de octubre, siempre y cuando las elecciones de convencionales quedaran estipuladas para marzo. Esto, producto de la situación contingente que nos afecta, y de la cual necesitamos hacernos cargo con toda la fuerza posible, por muchos sacrificios que se requieran, sin dejar por ello el ojo crítico que hemos construido como sociedad. Del mismo modo, acusaba que era necesario revisar el artículo 142, debido a la forma en que está planteado.
El día de ayer, unas horas después de la columna, se planteó el proyecto de reforma constitucional en que se modifica la fecha para el 13 de diciembre de 2020, y se fija una disposición transitoria para facultar al presidente a tomar la medida de aplazar el proceso hasta el 6 de septiembre de este año, una vez se cumplan 3 días de la vigencia del artículo. Del mismo modo, la jefa de la bancada de la UDI, María José Hoffmann, planteó que el próximo Congreso, es quien a estas alturas debiese arrogarse el poder constituyente para si.
Como siempre, decepcionan.
La razón de por qué es necesario que exista una diferencia sustancial de tiempo entre la fecha del plebiscito, y la fecha de la elección de convencionales, es debido -siempre y cuando gane la opción Apruebo- a la necesidad de que la gente que quiera plantear sus candidaturas a la Convención, tenga el tiempo necesario para hacerlo.
Una campaña política no es algo fácil, sino que toma tiempo, esfuerzo, y en muchos casos, dinero, cosa de la que carecen muchas personas que probablemente deseen postular. Recordemos que cada voto es dinero para los candidatos, y muchos bancos son reacios a entregar préstamos a cualquier persona que establezca una candidatura, pues necesitan un buen humo de que ese efectivo va a volver a sus arcas. Necesitan tener certeza de que, aunque el candidato pierda, sacará una gran cantidad de votos que servirán para la devolución del préstamo.
Y eso desgraciadamente en la actualidad solo pueden hacerlo los partidos políticos, pues ellos tienen las capacidades y los humos para poder solventarse de mejor manera que un independiente. El independiente depende más de su mentalidad, de ideas frescas y de tiempo para poder darse a conocer y llegar a aquellas personas que lo necesitan. En cambio, el que va por un partido, no necesita tanto de eso, pues hay un manifiesto político detrás que lo respalda, una historia general que le da base, y obviamente mayor chance de obtención de recursos.
La razón de por qué es necesario que exista una diferencia sustancial de tiempo entre la fecha del plebiscito, y la fecha de la elección de convencionales, es debido a la necesidad de que la gente que quiera plantear sus candidaturas a la Convención, tenga el tiempo necesario para hacerlo.
Creo que ya van entendiendo para donde va mi idea. Reducir la cantidad de tiempo que se tiene entre el plebiscito y la elección de convencionales, sin duda es una acción orientada al perjuicio de quienes quieren correr como independientes, y en directo beneficio para quienes vayan con el soporte de una plataforma partidista.
Del mismo modo, la idea de Hoffmann no tiene respaldo alguno. Primero porque existe un acuerdo pactado por los partidos, que es necesario respetar como base para intentar armar un pacto social -aunque en mi columna anterior dejo de manifiesto mis severas reservas al respecto atendiendo lo que hemos visto en la contingencia-, segundo porque el espíritu del acuerdo es brindar una chance a la sociedad para que diseñe un proyecto de Constitución, el que puede resultar el más democrático jamás hecho en esta república, y tercero porque es una decisión fomentada en lo monetario. Creo que estuvimos mucho tiempo discutiendo como para no entender que el desequilibrio continuo en la terna entre lo social y lo económico fue lo que nos tuvo como estuvimos hace unos meses.
Sin embargo, y por muy impopular que suene, no creo descabellado que el siguiente Congreso pueda ser quien redacte una nueva Constitución. Ahora, siempre y cuando no sea considerado como primera alternativa, sino como la última, cuando toda vía se haya agotado respecto de la Convención Constituyente, tal como dejé de manifiesto ayer respecto de la falencia del artículo 142 en el caso de un rechazo al anteproyecto producido. Aunque quisiera añadir aprovechando la instancia de que, respecto del caso en que salga electa una Convención Mixta, preferiría una comisión establecida entre Ejecutivo y la Convención, debido a que ya habría participación de los parlamentarios en la segunda institución, y no tendría sentido volver a remitirse a ellos.
Insisto con mi planteamiento de que la clase política hoy tiene deberes de los cuales hacerse responsable. La ciudadanía ya no es como antes. Hoy fiscaliza y está atenta. Es hora de que lo entiendan, porque de lo contrario, espacio para un nuevo pacto social no va a haber.
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