Don Arturo Aylwin fue funcionario de la Contraloría General de la República por muchos años, culminando su carrera como titular de la misma; y cuando entregó el cargo a su sucesor, Gustavo Sciolla, también funcionario de carrera, dijo “nuestro organismo no puede ser un simple observador en el proceso de reforma administrativa y limitarse exclusivamente a formular reparos, hacer sumarios y cumplir sus demás funciones tradicionales. La sociedad chilena requiere que la Contraloría tenga un papel activo, que sea ejemplo en el proceso de transformación y mejoramiento de la Administración del Estado, cumpliendo siempre su papel en el resguardo de la legalidad, del patrimonio público y de la probidad, en armonía con esa dinámica de innovación».
Ramiro Mendoza, segundo contralor que venía del sector privado, el primero fue Sergio Fernández puesto ahí por mandato de Pinochet, tal como lo manda la ley, estuvo 8 años al mando del ente fiscalizador y recientemente el gobierno, en la persona de Jorge Burgos, Ministro del Interior, ha elegido al abogado Enrique Rajevic para que asuma ese importante cargo; ello en la medida de que en los próximos días, 22 senadores de la República aprueben su nombramiento. Sabemos que hay oposición por parte de algunos a esa designación porque, entre otros motivos, no se llegó oportunamente a un grado de consenso en la elección del nombre.Al interior de la Contraloría hay otros tantos abogados que cumplen a cabalidad los requisitos para dirigirla, y en el Palacio de La Moneda tienen todos sus antecedentes.
Hemos tomado conocimiento de que el profesional Rajevic se vio afectado por una demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) porque tuvo un “olvido” que se transformó en problema por una beca que le sirvió para estudiar en una de las tantas universidades que hay en España y que, según el diario La Tercera, en la actualidad tiene contratos de asesorías con distintas dependencias del gobierno, lo cual podría configurar un conflicto de interés. El asunto del CDE fue resuelto por prescripción y porque el ex becario, fuera de plazo, cumplió con la exigencia contenida en la regulación de la misma.
Somos acérrimos partidarios de que el cargo de Contralor sea asumido por un abogado independiente del mismo servicio, sin tachas de ninguna especie y comprometido 100% con la probidad y transparencia, para que así la Contraloría haciendo valer su autonomía pueda ejercer una correcta fiscalización a los distintos servicios de la Administración del Estado. Así se recuperará la sana doctrina republicana de respetarse la carrera funcionaria.
Rajevic es afín a la DC, lo cual no es criticable, pero es un hombre del actual gobierno que se desempeña como asesor del Minvu. Estimamos que el nuevo Contralor debe provenir necesariamente de la propia Contraloría General de la República, ello en razón a que en estos tumultuosos tiempos de tanta corrupción su próximo titular no debe tener relaciones de ninguna especie con el aparato público.
La manera más efectiva para que la Contraloría ejerza sin ataduras su función fiscalizadora es respetándose la carrera funcionaria y en tal sentido las 2 actuales máximas autoridades, Patricia Arriagada y Osvaldo Vargas, titular interina y Jefe de Infraestructura y Regulación, respectivamente, son competentes abogados que están en condiciones de asumir la titularidad del cargo de Contralor. Al interior de la Contraloría hay otros tantos abogados que cumplen a cabalidad los requisitos para dirigirla, y en el Palacio de La Moneda tienen todos sus antecedentes. En un Estado Democrático de Derecho, bajo ninguna circunstancia puede ser de confianza del gobierno de turno.
La transparencia, de la que tanto se habla, exige que sean inspeccionadas regularmente todas las dependencias públicas y para que los resultados sean eficaces, el fiscalizador no puede ser dependiente del fiscalizado. En tal sentido, sería necesario que el Consejo Asesor Presidencial contra la corrupción, tráficos de influencia y otras tantas malas prácticas, que presidió el economista Eduardo Engel, emitiera un juicio al respecto.
Chile pertenece a la conspicua OCDE y se vanagloria de ello y en esta línea señalamos que la Contraloría debe mantener su separación absoluta del gobierno, pues así se podrá garantizar que ejercerá sin ataduras su rol para que siempre las cosas se hagan de acuerdo al derecho. El nuevo contralor y todos los siguientes tienen que ser refractarios a escuchar rogativas y/o peticiones de quienes ejercen, desde las altas esferas, el poder político.
Finalmente si el gobierno, por algún motivo, insiste en no nombrar como titular de la Contraloría a alguno de sus abogados, existe una abundante oferta de excelentes abogados independientes en la plaza, y como el escogido Rajevic difícilmente será contralor, se justifica plenamente el título asignado a esta columna de opinión.
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