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Consulta Indígena de Piñera, volver al DL Nº2568 de la dictadura

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A solo días que el Gobierno de Sebastián Piñera, a través del Ministerio de Desarrollo Social, de inicio a una Consulta Indígena de carácter nacional para modificar la ley 19.253 o ley indígena, la falta de información es lo más que resalta del proceso. Solo el ministro Moreno y su equipo saben en términos ciertos del contenido de Consulta Indígena y no los pueblos indígenas que son los destinatarios de la misma, lo que hace aumentar la intranquilidad y desconfianza de las comunidades indígenas del país con el Estado.

De entrevistas al ministro de Desarrollo Social, insertos en el Diario Austral de Valdivia y Osorno del Subsecretario de Servicios Sociales del Ministerio y la reciente entrevista al Director (S) de CONADI, se puede vislumbrar algunos alcances de esta modificación legal quedando meridianamente claro que el gobierno de Piñera, a través de la Consulta Indígena y posterior modificación a la ley 19.253, lo que busca es derechamente terminar con la propiedad colectiva indígena, desproteger las tierras indígenas para que estas entren el mercado y  por ley, cambiar la concepción indígena de la propiedad colectiva de la tierra a una concepción liberal de la misma para que estas tierras, con títulos individuales, entren al mercado y se transen sin restricciones, situación que hasta hoy no es posible legalmente por existir normas que reconocen y protegen la propiedad colectiva de la tierras tanto en el orden nacional como internacional.


Solo el ministro Moreno y su equipo saben en términos ciertos del contenido de Consulta Indígena y no los pueblos indígenas que son los destinatarios de la misma

El ejecutivo, a partir de sus concepciones económicas neoliberal, ha visto que la propiedad colectiva y la cosmovisión indígena frena y pone obstáculo a la inversión capitalista y la extracción descontrolada de los recursos naturales. De ahí su afán por querer modificar la ley 19. 253 a objeto de que los derechos colectivos indígenas cedan frente al mercado.

Lo anterior no es más que una expresión de la discriminación de la elite de creer que la única concepción valida de la propiedad de la tierra es la propiedad individual, viendo como “un problema” la propiedad colectiva indígena, hechos que se aleja completamente de los avances en esta materia del sistema internacional y de la jurisprudencia internacional.

Una modificación a la ley indígena en esa dirección, es retroceder mas de 25 años en materia indígena, periodo que se inició con el retorno a la democracia de este país que a través de la ley indígena establece una protección a la propiedad indígena de ser materia de usurpaciones, compras fraudulentas o arriendos a 99 años, como lo permitía la normativa anterior. Modificar la ley indígena en esta materia es situar los derechos de los pueblos indígenas a los años negros de la dictadura militar de Pinochet cuando en el año 1979, dictó el decreto ley 2568 que buscaba liquidar, dividir y subdividir las comunidades indígenas para de esta formar dejar “de considerarse tierras indígenas e indígenas a sus dueños o adjudicatarios” como rezaba el artículo 1º inciso tercero del nefasto D.L .

El decreto ley de Pinochet en sus considerando señalaba que era necesario “terminar con la discriminación que han sido objeto los indígenas”, que “la propiedad indígenas a sido fuente de numerosos problema lo que han constituido serias barreras para el progreso de la población indígena”, “la aspiración evidente de los indígenas de llegar a ser propietarios individuales de la tierra” y, “la imposibilidad de sus poseedores de obtener créditos y asistencia técnica” (Considerandos:

Curiosamente los argumentos que esgrimen las autoridades del Ministro y el Subsecretario de Servicios Sociales, para justificar la Consulta Indígena y posterior modificación legal, resultan paradojalmente similares. Las autoridades de gobierno del Presidente Piñera han dicho que; hay que “actualizar la ley indígena” dado que los indígenas “no pueden administrar libremente sus tierras como lo hace cualquier otro ciudadano” (hay que terminar con la discriminación que los afecta) “no se sienten dueño de ellas porque no poseen títulos individuales de dominio”, “no pueden postular a proyectos de desarrollo en sus propios terrenos”, “no pueden firmar contratos o arrendarlos” en definitiva –dicen- “se sienten entrampados y sin alas para poder desarrollarse” y en razón de ello, hay que terminar con la propiedad colectiva que es el causante de lo anterior, sin que ningun pueblo haya pedido tal modificación legal y por consiguiente el desarrollo de una Consulta Indígena.

Los argumentos del gobierno son acompañados por el Instituto Libertad y Desarrollo, quien en una reciente encuesta en que supuestamente “entrevista” a un total de 384 personas mapuche de la región de Araucanía, llegan a engañosa conclusión de que el 84% de los mapuche, prefiere títulos individuales que comunitarios, sin señalar que ese total de entrevistados representa el 0,11% del total de población mapuche de la región”, como lo señala el ex director de CONADI, Domingo Namuncura.

Se emplean los mismos argumentos, para conseguir un mismo fin; terminar con la propiedad colectiva indígena y que el modelo de mercado opere sin restricciones, misma intención que movió a Pinochet para dictar el DL que liquidaba y dividía a las comunidades indígenas.

Para los pueblos indígenas la tierra, los territorios, los recursos naturales existentes, no son mero asuntos de producción. En la tierra, en el territorio, los pueblos indígenas encuentran su identidad cultural, sus lenguas, su cosmivisión, su religiosidad, esta vinculada a esos espacios, además de ser necesarios para la existencia física y cultural de los pueblos. Así lo ha entendido el sistema internacional que le ha dado reconocimiento y protección a las tierras indígena y su concepción comunitaria de la propiedad y que en Chile. Lo que busca el Gobierno de Piñera través de la Consulta Indígena es establecer un mecanismo que permita despojar a los indígenas de sus tierras y territorios a través de la propiedad individual y la autonomía de la voluntad de sus propietarios.

En el pasado, los intentos de Pinochet por terminar con la propiedad colectiva indígena le mereció una fuerte resistencia indígena, principalmente del Pueblo Mapuche, quien tempranamente inicio actos de protesta y procesos de recuperación de tierras usurpadas reafirmando el derecho sobre las tierras y el territorio y a vivir colectivamente.

Es de esperar que este intento de Sebastián Piñera de terminar con la propiedad colectiva indígena, sea el inicio de los pueblos de reafirmar el derecho a las tierras a sus territorios ancestrales y un control efectivo de sus recursos naturales, es decir, la totalidad del hábitat que ocupan o han ocupado tradicionalmente para la existencia física y cultural de los Pueblos Indígenas en base a sus cosmovisión y de protección a la madre tierra.

TAGS: #ConflictoMapuche #ConsultaIndígena Tierras

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