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Comuneros mapuche: No son terroristas

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El tribunal de Cañete absolvió a la totalidad de los imputados mapuches del delito de asociación ilícita terrorista. Con ello se confirma lo que muchos hemos sostenido en el debate iniciado a raíz de la huelga hambre que los procesados mapuches sostuvieron por cerca de cien días el año 2010: no hay fundamentos para aplicar la ley antiterrorista a los miembros de la Coordinadora Arauco Malleco o a miembros de otras organizaciones mapuche.
 
No los hay ahora ni los hubo antes. Un grave error de apreciación y conducción política llevó a los gobiernos pasados a aplicar la ley antiterrorista. El Ministerio Público por su parte, amparado por este descriterio y aportando lo propio, utilizó hasta el hastío los viciados procedimientos que contempla la ley antiterrorista: testigos secretos pagados por la fiscalía,  presunción de culpabilidad para los imputados, solicitud de penas desproporcionadas, montajes publicitarios –recuérdese por ejemplo, los “testigos” colombianos- y acusaciones al voleo con amplia resonancia en el prensa derechista.
 
Sin embargo, a pesar de la resolución anterior, el tribunal de Cañete declaró culpables del delito de homicidio frustrado en contra del fiscal Mario Elgueta a Héctor Lleitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical. La defensa, los familiares y los amigos de los acusados sostienen que la resolución del tribunal debe anularse ya que su fundamento se encuentra en declaraciones de testigos secretos, las que sólo pueden tener validez procesal cuando existe el delito de asociación terrorista. 
 
Si no hay delito terrorista, parece lógico esperar que Lleitul y los otros imputados sean juzgado conforme a la ley penal común, con las garantías propias de un debido proceso, con imparcialidad y objetividad. Pero todos sabemos que la resolución del tribunal contra Lleitul y sus compañeros no es eso. Se les juzgó de acuerdo a la ley antiterrorista, sin garantías de ningún tipo, lo que a la luz de la resolución del propio tribunal en el sentido que en estos casos no aplica la ley antiterrorista, se convierte en un vicio procesal gigantesco.
 
Los imputados mapuche han pedido reiteradamente ser juzgados de acuerdo a la ley común, que se presuma su inocencia y se presenten pruebas concretas que avalen las acusaciones de la fiscalía. ¿Es mucho pedir en una democracia?
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23 de febrero

Tiendo a pensar que un «error» es siempre una equivocación de buena fe, en este caso está lejos de serlo. Con otros nombres y caras, este «error» se ha mantenido por siglos en este país, lo que me lleva a pensar que forma parte de una costumbre, de un modo de mantener una supremacía, de imponer un modelo político, un Estado, que no ha sido fruto de la soberanía popular sino todo lo contrario, el engendro de un grupo bien delimitado, pequeño por lo demás, que se sirve a sus anchas de las riquezas de este país.
¿Error? Método… Terror.

23 de febrero

Rodrigo, soy de los que piensan que el Pacto de Nueva Imperial, la ley indígena de 1993, la ley del espacio marino costero de los pueblos indígenas y el Convenio 169, conforman un cuerpo que implica una cierta ruptura con el paradigma «civilización o barbarie» que ha estado presente en Chile desde la Independencia. Por cierto que faltaría un Reconocimiento Constitucional que incluya reconocimiento a la costumbre y derechos políticos para completar esa evolución positiva de la sociedad chilena en relación a los pueblos indígenas. Por eso hablo de «error político», es decir decisiones que se inspiraron en el temor y en la incapacidad de dialogo con una nueva generación de dirigentes indígenas.

23 de febrero

Un amigo comenta respecto a esta entrada: «Finalmente, la justicia sentenció que los mapuche no son terroristas (lo que muchos hemos sostenido). Hay una pregunta que en esta columna de elquintopoder.cl no se hacen cargo: ¿quién pide las disculpas y repara el daño causado?.» Yo le respondo lo siguiente:
Es una pregunta demasiado embarazosa. Aunque su autor incluye a los anteriores gobiernos como responsables (que benignamente llama «grave error de apreciación y conducción política»), significa un mea culpa no solo de este «error», sino de la concepción de mundo (a si se prefiere, de sociedad, de sistema) que la Concertación defendió a ultranza (aunque desde una perspectiva liberal). Y entre sus altos dirigentes (aunque quizás no tanto entre sus adherentes de base) ni por asomo pretenden cuestionar dicha visión de mundo. Dicha visión incluye (y hasta requiere) de la criminalización de aquel que rompe la «moderna» idea de sociedad que se propusieron, que a su vez llevaba implícito un pacto político pero también ideológico (o cultural, en sus aspectos liberales) con la derecha. Hoy es muy difícil para la Concertación renunciar al viejo pero siempre vigente paradigma de «civilización o barbarie».

23 de febrero

Ricardo, Estoy de acuerdo en que alguien debe pedir las disculpas y reparar el daño causado. De hecho, no creo que sea posible una nueva política indígena que restablezca la confianza sin una reparación de los dolores provocados por el conflicto en los últimos años. Pero, también pienso que el Pacto de Nueva Imperial, la ley indígena de 1993, la ley del espacio marino costero de los pueblos indígenas y el Convenio 169, conforman un cuerpo que implica una cierta ruptura con el paradigma «civilización o barbarie» que ha estado presente en Chile desde la Independencia. Por cierto que faltaría un Reconocimiento Constitucional que termine con la lógica de dominación, que incluya reconocimiento a la costumbre y derechos políticos para completar esa evolución positiva de la sociedad chilena en relación a los pueblos indígenas. Por eso hablo de «error político», es decir decisiones que se inspiraron en el temor y en la incapacidad de dialogo con una nueva generación de dirigentes indígenas.

24 de febrero

Me parece insólito, por decir lo menos, que este señor critique la ley que ellos mismos invocaron mientras fueron gobierno. Descaro es lo menos que podría decir, por si le falla la memoria: el Decreto 124 que emanó de sus manos, intentó burdamente limitar y mutilar el Convenio 169, el mismo día que el Convenio entraba en vigencia. Si los 17 mapuche estaban presos fue exclusivamente por que ustedes mientras fueron gobierno decidieron criminalizar la protesta indígena. Me indigna esta columna.

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