La Conferencia Episcopal en 2010, a través del entonces arzobispo de Santiago, monseñor Errázuriz, le planteó al gobierno la posibilidad de aplicar un indulto amplio para el bicentenario. El Presidente Piñera rechazó de plano la posibilidad e insistió que los indultos se estudiarían caso a caso. La posición del gobierno obedecía a convicciones profundas. El Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, no dudó en manifestarse “absolutamente contrario a los indultos” y agregó que"siento que a veces la Iglesia hace planteamientos en campos que no son los estrictamente propios de la confesión religiosa" (15.07.2010). Previo a ello, el Ministro del Interior había viajado a Nueva York donde sostuvo un encuentro con Rudolph Giulianni, ex alcalde de esa ciudad, para conocer detalles de su política sobre “tolerancia cero” (17.06.2010). Las señales eran claras: el gobierno había prometido en campaña más mano dura frente al delito y no se movería de esa línea.
La Moneda buscó mostrar que la Concertación había sido ineficaz contra la delincuencia, y también negligente al ignorar señales aún más preocupantes. Entre ellas hay que recordar que los “terroristas” mapuche, según La Moneda y el senador Espina, tenían estrechas relaciones con las FARC; apareció un ciudadano pakistaní que podía ser un fundamentalista islámico; y los bombazos anarquistas se resolverían en corto tiempo. A pocos meses de estos “graves hallazgos” el gobierno manifestó que "nunca" consideró a los mapuche como terroristas (después de la huelga de hambre de los afectados); la justicia recientemente dictaminó que no considera que exista un vínculo entre éstos y las FARC; el pakistaní salió libre de todo cargo; y los anarquistas han ampliado sus blancos poniendo bombas en los jardines de casas particulares. El fracaso del gobierno en todos estos casos no ha dado para decir ni “pío”.
El incendio de la cárcel de San Miguel desnudó (una vez más) la precaria situación y el hacinamiento que afecta al sistema penitenciario del país. El gobierno reaccionó en forma reactiva y desorientada. El primer impulso fue endilgarle a la Concertación el desastre argumentando que no se habían construido todas las cárceles prometidas. Se trataba entonces de un problema heredado, cuya solución pasaba por construir cárceles. Este discurso era absolutamente discordante con la Corte Suprema que insistía en que la tasa de reclusión en Chile es la más elevada de América Latina. Por primera vez, algunos medios de prensa y comunicación se atrevieron a sostener que la crisis de seguridad había sido levantada artificialmente en los últimos años.
Como consecuencia del desastre de San Miguel, el Ministro de Justicia, Felipe Bulnes, acaba de anunciar que abrirá la discusión para implementar un indulto que descongestione las cárceles. Dentro de sus argumentos señala que hay personas que no deberían estar recluidas y que no deben ser expuestas a delincuentes peligrosos que los pueden inducir a cometer “verdaderos delitos”. Al margen que resulta incomprensible que existan delitos verdaderos y otros no, sobre todo si hay condenas de por medio, la medida es sensata aunque insuficiente.
Uno de los puntos más débiles se refiere al fondo de la política de seguridad pública del gobierno. Un indulto para descongestionar las cárceles es una medida parcial, que se revertirá en poco tiempo si el sistema judicial sigue aplicando condenas en forma más o menos indiscriminada. El problema de la seguridad pública no puede enfrentarse en forma desagregada e incluso contradictoria: el discurso de la tolerancia cero no es compatible con el perdón o la disminución de penas. La sola discusión del indulto debe ser un trago más que amargo para el gobierno y su coalición. Cabe preguntar: ¿Acompañarán en el empeño del indulto los partidos de derecha? ¿El indulto incluirá a violadores de Derechos Humanos, como parece indicar la propuesta? ¿Resistirá el gobierno este debate sin nuevos costos en la adhesión ciudadana? ¿Puede inmolarse políticamente el Ministro Bulnes con esta inciativa y abrir una crisis de gabinete?
(*) Te invitamos a leer también a Erika Silva en "Cárceles versus derechos humanos".
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Foto: The Clinic
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