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Claudio Orrego, su candidatura presidencial y el nuevo contrato político social

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El sábado pasado Claudio Orrego manifestó su voluntad de participar en la primaria presidencial de la Concertación. Se trata de una buena noticia pues puede ayudar a romper la inercia que existe en esa coalición y contribuye a ofrecer nuevas caras a una ciudadanía que espera debatir propuestas de fondo para superar la crisis del modelo económico, político y social surgido luego de la derrota de la dictadura.

Permite además iniciar un debate al interior de la oposición y con el gobierno que supere el inmovilismo que han impuesto quienes apuestan al regreso inevitable de la ex presidenta Bachelet. Es sin duda pecar de excesivo optimismo y de falta de comprensión del momento que vive el país,  pensar que se podrá liderar la reconstrucción de un proyecto progresista sin participar en la deliberación ciudadana en marcha en torno a las múltiples movilizaciones sociales con que la ciudadanía expresa sus demandas.

Orrego pone el dedo en la llaga cuando alude con “el estilo pendrive” a las dificultades de la actual administración para entender que la conducción política del país es la principal tarea del Presidente de la República. También es importante el reconocimiento de Orrego, a contrapelo del establishment concertacionista, que lo que ha entrado en crisis es el contrato político/ social que encabezó la Concertación. En tal sentido, lo que la ciudadanía está demandando es la renegociación de dicho contrato.

Hasta aquí llega sin embargo la lucidez de Orrego. Parece no poder sacar las consecuencias de su análisis. Después de las movilizaciones estudiantiles, medioambientales y regionales no es posible seguir con un análisis “soft” de los problemas por los cuales atraviesa el país. La cara luminosa del país “libertad para actuar y pensar distinto gozar del consumo y de la confianza en las capacidades propias” no sólo es disfrutado por grupos que concentran como nunca el acceso al ingreso y al consumo de lujo sino que aparece como la contrapartida directa del abuso cotidiano a que está sometido el consumidor por parte de la banca y el retail; el alto consumo es también la otra cara de la baja tributación de los grupos de altos ingresos. La cara oscura que “opaca la prometida igualdad ante la ley” y que testimonia las tremendas desigualdades son, a su vez, resultados de la fuerte asimetría a que están sujetas las relaciones laborales, de la transformación del derecho a una educación igualitaria en un negocio más y de una carga tributaria que como proporción del PIB es apenas la mitad del promedio de los países desarrollados, que han alcanzado niveles de igualdad significativos.

En este contexto, resultan francamente insuficientes declaraciones como la que hace Claudio Orrego: “porque el presente y, sobre todo el futuro, demanda nuevas ideas, nuevos estilos y también nuevas formas de gobernar y relacionarse con los ciudadanos” o cuando señala: “Tres son los componentes que debiera abordar el nuevo contrato: combatir frontalmente los distintos tipos de desigualdad (social, económica, urbana, regional y política), compatibilizar el crecimiento económico con las nuevas exigencias ambientales y de respeto por los derechos de los trabajadores y consumidores, y la nueva concepción del Estado. Un Estado que tenga las atribuciones y los recursos necesarios para responder a esta nueva etapa de desarrollo e inclusión social (en este plano una reforma tributaria integral es tan necesaria como impostergable)… Un Estado ágil, profesional, transparente, efectivamente "descentralizado" y con nuevos y mejores canales de participación ciudadana”. Si bien es cierto que la preocupación de Claudio Orrego por la desigualdad y el medioambiente seguro escandalizarán a Büchi y otros ex – ministros de Pinochet y a Luis Larraín director de Libertad y Desarrollo, es también claro que lo señalado por Orrego podría ser plenamente compartido por el actual Presidente de la República y su ministro Pablo Longueira.

La renegociación del contrato social y político que necesita el país requiere en lo regional la elección del intendente y demás autoridades, generar sistema de incentivos que al menos equilibren las condiciones de vivir y trabajar en la capital y en las regiones, en particular las extremas y avanzar sustancialmente en una efectiva descentralización fiscal. Sólo así se podrán generar los grupos capaces de transformar cada región en un polo de desarrollo vinculando su suerte con las regiones. En lo económico, es necesario abordar al menos dos áreas de problemas. Primero, es necesario comprometer al Estado en el desarrollo y financiamiento de la investigación científica y tecnológica, en particular la universitaria. Su rol no se puede limitar a la eliminación de los “lomos de toro”; debe asumir un rol protagónico, también en la defensa decidida del medioambiente. Segundo, es necesario que los agentes económicos distintos al gran empresariado vean revalorado su lugar en la actividad económica. Esto implica mecanismos eficaces de negociación colectiva, facilitar y fortalecer la organización sindical (ayudando desde el Estado a la PYME para que pueda solventar los mayores gastos que ello implica) y el apoyo público a la organización de los consumidores. La desigualdad en la distribución primaria del ingreso es demasiado abismal para intentar reducirla sólo por la vía del gasto social. Se requiere que en la producción de bienes y servicios se modifiquen las reglas de distribución primaria del ingreso para incrementar significativamente los ingresos de las clases medias y de los más pobres. Pero esto tampoco es suficiente, es necesario que el 5% más rico de la población pague los impuestos necesarios para financiar una educación y salud igualitaria y de calidad para toda la población. Sólo así se terminará con una percepción que si para España y la OCDE es pertinente, mucho más lo es para nuestro país:

“La existencia de esos privilegios explica que buena parte de la ciudadanía tenga la percepción, a mi juicio certera, de que el sistema no funciona igual para todos; que hay grupos que tienen un poder económico y político desmesurado y que influyen demasiado en decisiones colectivas que acaban orientándose a los intereses particulares y no a los generales. Se trata de una coalición de intereses, formada por las grandes corporaciones, los bancos y las grandes fortunas, que recibe un trato de favor frente al ciudadano común. Es esta coalición la que se ha aprovechado mayormente de las oportunidades de la globalización económica y financiera".

Esto nos lleva a la necesidad de mejorar nuestro sistema democrático fortaleciendo simultáneamente las estructuras de la democracia representativa y los mecanismos de participación y deliberación ciudadana. Implica, entre otras cosas, reconocer a las regiones y a la población con deseos de participar, voz en los temas difíciles como el manejo de los recursos naturales y las decisiones ambientales. Una nueva constitución es indispensable. Su generación y aprobación democrática es condición de un sistema legítimo.

Proposiciones de esta naturaleza permiten reformular la coalición de centroizquierda que necesita el país. Pero además, son urgentes y responden al interés general del país. Como ha señalado Bauman los técnicos saben que la estabilidad de infraestructuras e instalaciones depende de la capacidad de aguante de sus partes más débiles. Sirve de poco afirmar que "en conjunto la cosa aguanta", sin prevenir la posibilidad de que la extrema fragilidad de una parte acabe arrastrando al sistema al colapso.

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Foto: Municipalidad de Peñalolén / Licencia CC

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