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Este 11 de septiembre nos sorprende enfrentándonos a una pandemia, la que nos cambió prácticamente todos los ámbitos de la vida. También nos sorprende frente a una decisión crucial de cara a los próximos 50 años: Si se aprueba o rechaza la idea de redactar una nueva Constitución política de la República.
La sociedad civil chilena se encuentra dividida, pero no en partes iguales. La división se observa en parte de la comunidad política, específicamente en su ala derecha del espectro político. Como ha sido durante lo últimos 30 años, son los grupos más reaccionarios al desarrollo de la ciudadanía, los que clásicamente se han opuesto a todas las demandas de avance e inclusión social, vetando durante años, décadas inclusive, aquellos acuerdos que implicaban una ampliación del ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales, y defendiendo a ultranza la reducción del Estado a nivel de ser impotente frente al abuso de la riqueza y el poder.
El pasado cuatro de septiembre se celebraron 50 años de la “limpia victoria alcanzada” por la Unidad Popular, que permitió el ascenso a la primera magistratura de la República chilena de un mandatario socialista y que se fundamentó en el marxismo revolucionario de la forma como prescribe una democracia liberal: por vía del voto universal, libre y secreto. “Una persona, un voto”. Dolorosamente sabemos cómo acabó todo tres años más tarde, un 11 de septiembre de 1973.
Luego de la imposición de una Constitución política redactada por miembros electos a dedo por la Junta de Gobierno de facto, y del intento de “democratización” de la carta fundamental en 2005 (y que en la derecha de la opción “rechazo” presentan como argumentación frente al reclamo de legitimidad de origen de la actual Carta Magna), la ciudadanía de forma transversal se convoca libre y soberanamente para plantearse la oportunidad de que, luego de 210 años de instaurada la República, por primera vez se llama a debatir por miembros electos por la misma ciudadanía la redacción de una Constitución política de forma democrática, libre, soberana y republicana, como siempre debió ocurrir.
Históricamente la ley fundamental de la República ha presentado un origen oscuro, de poca o nada legitimidad y; en más de una ocasión, sin las garantías mínimas para un proceso constituyente serio y rigurosamente democrático. Pueden levantarse argumentos infinitos del porqué todas las constituciones han emergido de contextos autoritarios o de excepción (excepto la de 1828, a mi juicio es el primer y único caso de una Constitución política con verdadera vocación democrática liberal), pero todas han sido cuestionadas en su origen por algún motivo.
Hoy se presenta la oportunidad histórica de construir una norma fundamental que rompa con la herencia autoritaria, y que de una vez por todas la vocación democrática de la mayoría prevalezca sobre la voluntad de unos pocos privilegiados por la mano ajena que hace casi 50 años atrás destruyó la esperanza de un país de verdad, más justo, que cuida de sus ciudadanos y los considera parte del debate político activo. Por tanto, no es solo un acto civil y político trascendental para las próximas décadas y generaciones, sino también un acto de expiación moral respecto a la tradición autoritaria en la que fueron inauguradas todas las normas fundamentales históricas de nuestra República.
Hoy se presenta la oportunidad histórica de construir una norma fundamental que rompa con la herencia autoritaria, y que de una vez por todas la vocación democrática de la mayoría prevalezca sobre la voluntad de unos pocos privilegiados por la mano ajena
Por lo mismo, se deben comenzar a tender los puentes para comunicar nuestras diferencias y acordar nuestros puntos en común como comunidad organizada, pero principalmente propositiva. Ya es por todos conocidos el plan de la derecha en común: Defender la propiedad privada, el mercado y el Estado subsidiario. Estos tres conceptos se encuentran en lo más profundo de su ideario o filosofía política, básicamente porque considera natural y aceptable la desigualdad social, que el Estado no interfiera en la voluntad de los individuos, y estos tienen valor para el Estado y la sociedad porque el mercado se lo otorga (Von Hayek, 1944).
En el caso de la izquierda, alianzas aisladas y débiles buscan articular las demandas del estallido social, que no se traduce en una construcción sólida de comunicación con la ciudadanía, sino que de forma aislada y “focalizadamente” buscando representar diversidades tan específicas que la voluntad del partido se diluye en asambleas. Se encuentra muy atomizada la oposición y con contacto limitado o débil entre los componentes de este lado del espectro político.
El debate que debe resolverse de forma amplia en la izquierda es qué proyecto va a levantar en común, porque los dueños del país no restituirán nada sin pelear cada reforma, cada demanda, cada histórica reivindicación ciudadana y popular.
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fernando-rosas-carrasco
Hola don Claudio.
En efecto, uno de los principales desafíos de la sociedad civil contemporánea es el encauzamiento de las fuerzas vivas de la comunidad hacia la solidaridad, el bien común y la sostenibilidad de la productividad. Considero esta labor clave para el cambio de paradigma político y productivo, donde sea el bienestar general e individual dos conceptos inclusivos y no necesariamente excluyentes como son hoy bajo este modelo de desarrollo depredante y enajenante.
Muchas gracias por su comentario.
Saludos.
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Claudio Munoz
Totalmente de acuerdo. Ojalá volvamos a vivir el espíritu social vigente el 73 y sepamos encauzarlo hacia un país más justo y solidario