Durante esta semana hemos recibido, con mayor o menor alegría la noticia de que el sistema electoral binominal dejará de existir. En la nueva norma, deberíamos contar con un sistema que podría calificarse más o menos proporcional, el cual debería permitir mayor participación de sectores políticos excluidos, permitiendo socavar, en parte, la estructura duopólica que nos ha acompañado durando los últimos 24 años. Sin embargo, esta columna no busca referirse específicamente al cambio del sistema electoral en nuestro país, muy por el contrario, busca sólo usar este tema como puerta de entrada a una problemática de fondo, que es preocupante y que, me parece, nadie ha recordado. El tema es el siguiente: transcurridos más de 20 años desde la vuelta a la democracia, en nuestro país seguimos luchando por superar esa fase post dictadura llamada transición.
La transición se ha convertido en una amiga desagradable, que buscamos rebasar, pero que, al parecer, no nos dejará alejarnos de ella, por lo menos en unos años más. La transformación del sistema electoral es un primer paso, desde mi punto de vista, insuficiente, pero que no podemos dejar de reconocer que sí sirve como trampolín para lograr, en el corto o mediano plazo, una reforma mucho más sustantiva y rica que permita fortalecer nuestra democracia. Sin perjuicio de ello, existen variadas instituciones nacidas durante la dictadura de Pinochet que siguen con vida y mucho vigor.
el origen de todos los males en nuestro país es contar con una Constitución que conlleva un modelo social y económico que no se ajusta a las necesidades que hoy nuestra sociedad tiene. La realidad de la comunidad ha superado con creces a la función de la norma
Lo señalado precedentemente tiene como antecedente básico y fundamental la vigencia de la Constitución Política de la República de 1980. Si bien varios exgobernantes han buscado modificarla, su esencia se mantiene incólume: subsidiariedad, exacerbación del derecho de propiedad respecto de otros derechos fundamentales, alcance acotado y poco armónico con la normativa internacional de algunos derechos humanos reconocidos y garantizados por nuestro Estado, como la educación y la salud y, en otros casos, lisa y llanamente la ausencia absoluta del reconocimiento de ciertos derechos, como por ejemplo, el derecho a la vivienda digna o el derecho a huelga.
Como podemos apreciar, el origen de todos los males en nuestro país es contar con una Constitución que conlleva un modelo social y económico que no se ajusta a las necesidades que hoy nuestra sociedad tiene. La realidad de la comunidad ha superado con creces a la función de la norma. Dicho de otra forma, el ser avasalló al deber ser, sin embargo, las estructuras se mantienen, generando una pugna constante entre la institucionalidad y los deseos de la ciudadanía, muestra de ello está en los movimientos sociales que se han levantado en los últimos años.
No sólo los problemas están en nuestra norma fundante. Las normas legales creadas en dictadura y que aún se mantienen vigentes son variadas. Un ejemplo de ello se refiere a la Ley Antiterrorista, promulgada durante el año 1984 por la Junta de Gobierno militar y que el día de hoy ha tomado un protagonismo especial por su aplicación indiscriminada a comuneros mapuches en la región de la Araucanía.
Su contenido no se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, vulnerando alevosamente garantías y derechos del debido proceso. Tal situación ha sido declarada y denunciada no sólo a nivel nacional, sino que incluso el propio Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Terrorismo ha hecho ver tal situación. Actualmente una comisión de expertos redacta una nueva Ley que se ajuste a estos parámetros.
El sistema de AFP e ISAPRES, también creados en dictadura y fortalecidos en democracia, son otra muestra de la sobrevivencia de los principios y directrices de un gobierno de facto 24 años después de haber muerto (supuestamente). Estos sistemas, que privatizaron la previsión y la salud en Chile y que, en un primer momento parecieron ser modelos que aseguraban derechos fundamentales básicos, no han sido más que falsas expectativas y frustraciones para miles de chilenos que ven como sus jubilaciones sólo les aseguran pobreza y un sistema de salud privado que no asegura su objeto básico: la salud.
A su vez, son cientos de familias las que aún no tienen justicia por actos de tortura y los homicidios de que fueron víctima sus hijos, hermanos, maridos o esposas durante la dictadura. El Poder Judicial no ha estado a la altura de los sucesos vividos en nuestro país al momento de condenar a los uniformados hechores de miles de atrocidades ocurridas entre los años 1973 y 1989. A la fecha, cuestiones básicas de la justicia transicional, como el deber de reparación a las víctimas de tales agravios no se ha cumplido en la medida ni en la oportunidad correspondiente.
Creo que podría seguir escribiendo varios ejemplos sobre el tema tratado. Chile es un país que no ha podido superar la dictadura que lo gobernó por 17 años. La supuesta transición a la democracia defendida por muchos no se ha llevado adelante con la profundidad y esmero que se requiere. Lamentablemente, todo cambio se ha hecho «en la medida de lo posible» como dijo alguna vez un expresidente de nuestra nación. Nuestra democracia, recuperada con el esfuerzo y la sangre de tantos miles, no tiene sustancia. Pareciera que nos contentamos con que existan votaciones cada cierto tiempo y que tengamos 3 poderes estatales, separados e independientes. Bajo estos parámetros, ¿hasta cuándo viviremos esta eterna transición?
Los contenidos publicados en elquintopoder.cl son de exclusiva responsabilidad de sus respectivos autores.
Te invitamos a conocer nuestras Reglas de Comunidad
jose-luis-silva
El tema es que si alguien tiviera una constitución mejor que la actual que satisfaga a la mayoriaya la habria publicado para que sea conocida y aprobada por la ciudadania.
En lugar de eso buscan una aprobación de una asamblea para que haga una constitución, asi al aprobar la asamblea se dá por aprobada la constitución sin que los ciudadanos ni siquiera tengan que leerla.
Saludos
FeliPRO
Estimado Jose Luis,
Nada más lejano de la realidad.
Para vuestra información, una AC conllevaría tres plebiscitos. El primero para llamar a una AC, el segundo para elegir a los asambleistas y el tercero para aprobar la constitución redactada.
Saludos
Jose Luis Silva Larrain
¿Y entonces para que necesita tanta aprobación ciudadana para una asmblea ? ¿Porque pide a la gente que apruebe una asamblea sin saber que constitución redactarà la asmblea?. Respondame.
Haga todas las asambleas que quiera pero que la gente se pronuncie sobre una constitución despues de leerla, no venga con cuentos turbios.
El gobierno militar llamò a todos los sectores a hacer una nueva constitución y aunque la mayoria del los políticos no acudió al llamado se redactó y publicó la constitución PARA QUE LA GENTE LA LEA ANTES DE APROBAR O RECHAZAR.
Para que aprenda.
Saludos
Alfredo A. Repetto Saieg
A esta altura del partido y por la forma en que se manifiesta todo el tiempo la lucha por un país más justo y equilibrado, en favor del bienestar de la mayoría, la ingenuidad política acaba transformándose en complicidad con el régimen neoliberal y con esa derecha duopólica que le lleva el amén. Lo interesante es entender que con la Concertación nunca llegó la alegría, que jamás sobre nuestro cielo azul surgió ese arcoiris de múltiples colores, donde todos estábamos incluidos, para así conducir un proceso democrático que acabara con la herencia de la dictadura, con su más nefasto legado, a saber: el libertinaje del mercado, el individualismo metodológico, el consumismo patológico y esa falta de respeto por el otro. Sin embargo, también aparecen otros valores- que precisamente contradicen la cultura dominante- y que esta falaz «Nueva Mayoría» todavía no ha podido neutralizar con su «democracia» en la medida de lo posible. Me refiero al compromiso, a la ocupación y preocupación por nuestros semejantes. Es cierto que perdura el individualismo, el egoísmo y la indiferencia pero en estos últimos años, a partir de las batallas libradas por el movimiento estudiantil en primer lugar, paulatinamente pero sin pausas hemos ido tomando conciencia de lo que pasa, de que la Concertación es parte de la derecha, de que este régimen político no es viable y de que por lo mismo y necesariamente la transición a la democracia nunca ha existido. Este es el gran mérito de los trabajadores y estudiantes que desde la calle exigimos nuestras demandas. Nos falta sí organizarnos políticamente desde el movimiento social para de esa manera construir un gobierno popular, en beneficio de todos nosotros. Reivindicar el proceso de la Asamblea Constituyente Autoconvocada es una excelente opción en ese sentido.