Como era previsible, esta semana se ha intensificado la campaña por el plebiscito del 4 de septiembre. Pese a que vivimos álgidos problemas en el ámbito económico, con un dólar que superó la barrera psicológica de los mil pesos. Con una inflación que no cede, impulsada por el precio de los alimentos y las alzas del combustible. Para buena parte del espectro político, pareciera que sólo el plebiscito debe preocuparnos.
Hace muy bien el ministro Marcel, explicando en palabras simples, las medidas que el gobierno está tomando para ayudar a las familias, sin provocar nuevos impactos inflacionarios. A este propósito debieran contribuir todas las fuerzas políticas. Pese a que seguirá siendo el plebiscito, el tema de discusión de las cúpulas políticas, se cierne sobre nuestras cabezas, una amenaza cada vez más cercana. La recesión. Ese fantasma que aterroriza por igual, aunque por distintas razones, a empresarios y a banqueros. Tanto trabajadores como empleadores, se ven afectados por igual. La recesión se produce cuando la actividad económica de un país, decrece, es decir, cuando se produce una variación negativa del PIB, durante dos trimestres consecutivos. Según proyecta el ministro de Hacienda, la productividad de Chile cae a partir del segundo trimestre, y se avizora un escenario recesivo para todo el año 2023. Produciéndose una leve recuperación el 2024. El ajuste al gasto público efectuado por la administración anterior, para el presupuesto del 2022, y que la actual administración ha respetado, es el ajuste más drástico del gasto público en los últimos 20 años. Un recorte superior a 22%, con el propósito de reducir los factores inflacionarios. Sin embargo, la inflación persiste, principalmente por factores externos, sobre los que las medidas del Banco Central de Chile no producen efecto alguno.Chile está evolucionando, debemos asumirlo con esperanza, con buena voluntad. Desechemos el discurso estridente, que denigra al adversario, optemos por la conversación franca, en el transporte público, en la feria, en la peluquería.
En vísperas de la decisión política más importante de este siglo, el escenario económico es inquietante. Las familias se han visto afectadas fuertemente, por un fenómeno económico sobre el que la actual administración, poco tuvo que ver. La alta inflación es impactada hoy por factores externos como la guerra de Ucrania, que ha producido alza de los combustibles, los fletes navieros, y los alimentos.
Por otra parte, el fortalecimiento del dólar a nivel mundial, deja al peso como una de las monedas más devaluadas. No es fácil enfrentar este cúmulo de dificultades sin inquietarse. Por eso se agradece la mesura, y la solvencia técnica del ministro Marcel. Que es hoy por hoy, por lejos el ministro mejor evaluado del gabinete. Se ha tomado el tiempo necesario para explicar en qué consistirá el bono de apoyo a las familias, que se ha resuelto para ayudar a compensar las alzas de precios. Un bono focalizado en quienes más lo necesitan. Y que no involucrará romper el compromiso de ajuste del gasto fiscal, porque su financiamiento se ha obtenido, producto de holguras de la caja fiscal. Pese a que la presión por disponer ayudas universales es muy fuerte, la responsabilidad fiscal es una máxima que el propio Presidente Boric, se ha comprometido a respetar. En el pasado quedan los bonos universales de la administración anterior, que tuvo un record de gasto público, nunca antes igualado, superando el 30% del PIB. Cuenta que estamos pagando este año, y que continuará en los próximos, en que se mantendrá la restricción del gasto fiscal.
No obstante que se encuentra debidamente financiado, y se trata de un bono focalizado. Igual se han alzado voces en la oposición, criticando la oportunidad. En un ejercicio de pirotecnia política, pretenden vincular el pago de esta ayuda, que las familias vulnerables necesitan con desesperación, con la votación del 4 de septiembre. Un total y completo despropósito, que refleja un alto nivel de desconexión con la realidad. Y hay que decirlo con mucha claridad. Las condiciones sociales y económicas que vivían las familias chilenas el año 2019, cuando se produjo el estallido social, son exactamente las mismas, o peores, en el momento actual. Entre medio se sucedieron eventos electorales, en que el progresismo obtuvo el respaldo mayoritario y contundente de la ciudadanía. Las condiciones materiales de vida, de los vecinos y vecinas comunes y silvestres, que habitan desde Puerto Williams a Colchane, no han mejorado en lo sustancial. Por tanto, es dudoso, que, en menos de tres meses, hayan cambiado de opinión, como para inclinarse hoy, por mantener el estatus quo, por mantener las cosas tal como están.
El momento actual, es particularmente delicado. Y así hubiese sido, cualquiera presidente hubiese sido electo en Chile. Pero le ha correspondido al Presidente Boric, el político más joven que calza esas botas en 200 años. Y hoy su gobierno tiene el deber de garantizar, un proceso eleccionario, normal, pacífico, respetando la institucionalidad.
A mi juicio, así lo ha hecho, respetando los draconianos dictámenes de Contraloría, coincidentemente más activa, en los gobiernos progresistas, que en los del sector conservador. Esta semana, el Presidente ha hecho una importante declaración con miras al resultado del plebiscito. Como es sabido, le corresponderá a este gobierno la implementación de la nueva estructura del Estado de Chile, y la incorporación a la legislación, del conjunto de nuevos derechos sociales. Se estima, en este caso, que serán unas 133 leyes que deberán tramitarse en el Congreso Nacional. Pero, qué pasa si gana el Rechazo. En este caso, ha señalado el Presidente, “Chile votó de manera clara en un plebiscito que quiere una nueva Constitución, pero no votó sólo eso, votó que quiere una nueva Constitución escrita por un organismo especialmente electo para ese fin. Por lo tanto, de ganar la alternativa ‘Rechazo’, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por un año y medio más, en donde va a tener que discutirse todo de nuevo a partir de cero”. Esta declaración ha producido inmenso revuelo, ya que algunos políticos del Rechazo, animan la esperanza de que sea una comisión de expertos o el Congreso el que modifique la Constitución de 1980. Otros políticos del mismo sector, manifiestan que la constitución de 1980 se quedaría tal como está, ya que eso es lo que implica la opción rechazo. Un connotado analista y académico, el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, ha respaldado la tesis presidencial por una razón de índole jurídica. El rector Peña opina que la decisión de la ciudadanía en el plebiscito de entrada, constituye “un mandato de la ciudadanía, que decidió contar un una nueva Constitución”. Este mandato sería una verdadera obligación político-constitucional, “Que no queda sin efecto porque el texto de la Convención se rechace”. En este orden de ideas, el triunfo de la opción rechazo, dejaría vigente la constitución de 1980, y en esta “Seguiría existiendo la obligación de producir una nueva carta fundamental. La forma de cumplir esta obligación, la establece el inciso final del artículo 142 de la actual constitución, que es una regla permanente, se tendría que repetir el proceso”.
Más allá de cual sea la interpretación correcta de esta disposición constitucional, lo cierto es, que nos encontramos en tránsito a una decisión trascendental. Cualquiera sea la decisión mayoritaria, el país habrá cambiado. Esperemos que sea para bien de esa inmensa masa de personas, que anhela una vida mejor, que anhela vivir y trabajar en paz, para llevar el pan a su mesa. Chile está evolucionando, debemos asumirlo con esperanza, con buena voluntad. Desechemos el discurso estridente, que denigra al adversario, optemos por la conversación franca, en el transporte público, en la feria, en la peluquería. Demos a nuestros hijos y nietos ese ejemplo, de la lección aprendida. Que nunca más nos dividan con violencia, que nunca más miremos al otro como un enemigo a derrotar, sino como un amigo, un vecino a comprender.
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