Es curioso que políticos avezados tengan la «fe del carbonero» en un texto jurídico como una nueva Constitución. No está de más recordarles que varios países democráticos no tienen Constitución. Así sucede con Canadá, el Reino Unido, Nueva Zelandia e Israel. Tampoco Arabia Saudí la tiene, aunque por especiales razones. Otros países la tienen por largo tiempo (siglos) sin que se les ocurre tener una nueva. Tales son, por ejemplo, Estados Unidos cuya Constitución data del 15 de junio de 1780, Holanda de 1815, Noruega de 1814, Tonga de 1875, Australia de enero del 1901, Suiza de 1833. Por contraste, la República de Cuba ha tenido 5 constituciones. La última del 2018.
En los países sin constitución, existe la supremacía parlamentaria y el imperio de la ley. Es decir, las leyes son la principal fuente del Derecho. Todas las personas son iguales ante la ley y nadie está por sobre ella, incluyendo a los que están en el poder. Ninguna persona puede ser sancionada si no ha violado una ley.Se ha argumentado que una nueva constitución es necesaria para combatir la desigualdad. Un propósito loable y un instrumento equivocado. Las desigualdades tienen su sede en la estructura social, no en las normas legales.
Se ha argumentado que una nueva Constitución es necesaria para combatir la desigualdad. Un propósito loable y un instrumento equivocado. Las desigualdades tienen su sede en la estructura social, no en las normas legales.
Por ello, decir que una nueva Constitución es un punto de inicio, como lo piensan muchos políticos, es escribir en la arena al borde del Océano Pacífico, que de tal solo tiene el nombre. Sin embargo, si en la situación actual del país ello ayuda a aminorar las tensiones, estoy de acuerdo que todo el proceso de discusión de una nueva Constitución puede ser útil. Aunque no es menos cierto que la coincidencia de nuevo gobierno y nueva constitución podría tener un cierto rasgo de insensatez.
Si ambas situaciones son muy bien manejadas puede ser un instrumento útil en la contingencia, sin que ello signifique que un texto constitucional, una nueva Carta Magna, vaya a resolver nuestros problemas por su solo imperio. Es más, si en septiembre el electorado rechaza el texto constitucional que la comisión que ha estado trabajando durante meses, compuesta por numerosos constitucionalistas, se creará una difícil situación política. Y esa situación habrá de resolverla el gobierno del joven presidente Gabriel Boric.
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